ELCOLEGIO DE ABOGADOS DE ALICANTE ASESORARÁ Y ABRIRÁ UN TURNO DE OFICIO PARA LA DEPENDENCIA
El Colegio de Abogados abrirá un turno de oficio para asuntos de dependencia
Los afectados consideran “inconcebible” que todavía queden personas dependientes que esperan su valoración desde el pasado año
ÁFRICA PRADO El Colegio de Abogados de Alicante abrirá a partir de enero un turno de oficio específico para reclamaciones relacionadas con la Ley de Dependencia, según manifestó ayer en el Club INFORMACION su presidente, Mariano Caballero, en el debate-coloquio celebrado el lunes sobre la aplicación de esta norma en la Comunidad Valenciana por parte de la Generalitat, que fue duramente criticada por afectados, trabajadores sociales y miembros de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, que organizó el acto.
La coordinadora del turno de oficio del Colegio de Abogados de Alicante, Lydia García, explicó que el 15 de diciembre se iniciará un curso de formación sobre la Ley de Dependencia para los abogados interesados en atender este asunto y a principios de año se podrá empezar a ofrecer un servicio de asesoramiento jurídico y de atención a las reclamaciones previas que se presentan ante la Conselleria de Bienestar Social, antes de iniciar un proceso contencioso-administrativo. El servicio, que se prestará uno o dos días a la semana en la oficina que el colegio tiene en el Palacio de Justicia de Benalúa, será gratuito para aquellos dependientes que no dispongan de recursos económicos suficientes.
La creación de un turno de oficio para las reclamaciones de dependientes -como ya lo hay para menores, extranjería o violencia de género- fue solicitada por la Plataforma al Colegio de Abogados, dada la complejidad de aplicación de la nueva norma, y que el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados negocia en la actualidad con la Conselleria de Justicia para su financiación. Independientemente de que con posterioridad Justicia subvencione dicho programa, el colegio de Alicante lo financiará con fondos propios inicialmente, a través de los abogados que voluntariamente quieran impartir dicho servicio en la fase previa a la demanda judicial, ya que el contencioso-administrativo ya tiene un turno específico. No obstante, se prevé que los abogados que ofrezcan el asesoramiento previo se encarguen también de los recursos contenciosos sobre estos temas.
Durante el acto también expusieron sus casos personales la madre de un niño con parálisis cerebral, Elvira Antón, y Emilio Guillén Romo, afectado por una enfermedad neuromuscular. El portavoz de la Plataforma, Miguel Martorell, consideró “inconcebible” que casi dos años después de aprobarse la ley, “aún haya grandes dependientes pendientes de su valoración desde 2007, eso no tiene excusas”. La Plataforma continuará con sus movilizaciones -el próximo 13 de diciembre habrá concentraciones comarcales en el segundo aniversario de aprobación de la ley- y ya son ocho las plataformas creadas o a punto de crearse en diversos puntos de la provincia para aunar esfuerzos y reclamar la aplicación de la ley en la Comunidad, que consideraron una de las más retrasadas del país. Martorell repasó las actuaciones realizadas en Alicante desde su creación a principios de año, como manifestaciones, recogida de firmas y la presentación de quejas al Síndic -más de 1.500 ya- y Llanos Rodríguez, miembro de la Plataforma, desgranó la ley ante la desinformación que aún existe.
El “maltrato” de Bienestar Social
Usar la vía judicial ante la pasividad del Consell para resolver la situación de los dependientes fue una medida propuesta por la trabajadora social del Ayuntamiento de Novelda Virgina Tovar, que consideró que Bienestar Social “maltrata” a los dependientes con el proceso administrativo y exigió la dimisión del conseller Juan Cotino “por su incompetencia” tras indicar que “en mis años de trabajo no he visto un atropello igual”. Tovar expuso numerosos ejemplos de la descoordinación y el caos con el que a diario se enfrentan los trabajadores sociales y los afectados al tramitar su solicitud a Bienestar Social. “No es sólo un problema de retraso: hay gente intubada a la que no la valoran como gran dependiente, grandes dependientes aún no valorados, otros valorados hasta cinco veces y otros a los que van a valorar ya fallecidos; documentación que mandas dos y tres veces o la ausencia real de un catálogo de prestaciones”. En Novelda, de 400 solicitantes, ninguno recibe prestación; en Mutxamel han fallecido 44 de los 654 solicitantes y tampoco hay ayudas concedidas.
garganta doblada”, como explica su cuñado, Jesús Cervera, que es quien se ocupa del discapacitado, que tiene la edad mental de un niño de seis años y necesita ayuda prácticamente para todo.
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