Un alicantino con un tumor gigante lleva su caso al Síndic

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El alicantino con un posible tumor gigante lleva su caso ante el Síndic

Información 12-11-2008

Las quejas van contra Bienestar Social y Sanidad por permitir su situación actual

Daniel y su hijo narran su situación en el salón de su casa del barrio alicantino del Pla PILAR CORTÉS

SYLVIA ESCRIBANO Daniel E. Morales, el alicantino de 46 años con un posible tumor gigante sin diagnosticar desde hace tres años, ha decidido llevar su caso ante el Síndic de Greuges y presentar dos quejas contra las consellerias de Sanidad y de Bienestar Social por su dejadez al permitir que haya llegado a la situación en la que se encuentra. Los médicos aún no han estudiado a fondo esa protuberancia y aluden a la falta de un TAC adaptado a su peso y dimensiones para poder hacerlo. Mientras, el afectado exige una solución y muestra su indignación ante la oposición del Consell de darle una pensión por la incapacidad que le reconoce un juez en una sentencia.
Fue su hijo, Antonio Morales, quien puso ayer las reclamaciones, pues el afectado apenas puede levantarse del sofá de su casa, de la que desde julio de 2007 sólo ha salido para ir al médico. La protuberancia que comenzó a formársele en el abdomen en 2006 ya le llega por debajo de las rodillas y las curas diarias de las enfermeras de su centro de salud apenas le alivian. «Necesito una solución urgente y que me digan qué tengo, ya llevo tres años de consulta en consulta y no puedo más», se lamenta este vecino del barrio del Pla.
Su peregrinaje por las consultas le llevó en mayo de 2008 a la unidad de obesidad mórbida del Hospital General de Alicante y de ahí fue derivado a su hospital, el de San Juan, para que estudiaran de qué se trata y la posibilidad de operarle. Para ello hace falta un TAC, pero en el centro no hay ninguno adecuado al tamaño y los más de 200 kilos de Daniel. «Estamos buscando un aparato adecuado en otros centros de la Comunidad Valenciana y con la tecnología puntera de la que disponemos no tendremos muchos problemas. Lo estamos gestionando», argumentan desde Sanidad. Sin embargo, el afectado ya lleva meses esperando a que así sea y su paciencia «se ha agotado».
El problema sanitario se une al social, pues la «masa tumoral», como lo denomina un forense, le impide trabajar y dejó su empleo de camarero en 2005. Ahora vive de una ayuda municipal de 170 euros mensuales durante 6 meses al año y de lo que aporta su hijo, en paro y pagando una hipoteca. Un juez le reconoce en una sentencia la incapacidad necesaria para cobrar una pensión, pero Bienestar Social ha anunciado que la va a recurrir. «Es vergonzoso, sólo hay que verme», afirma Daniel.

CHILE PAGARÁ A LA FAMILIA DEL SACERDOTE ALICANTINO DESAPARECIDO EN LA DICTADURA DE PINOCHET

Chile pagará 128.000 euros a la familia Llidó por la desaparición del cura en 1974

El juez condena a cuatro militares a siete años de prisión por el secuestro del sacerdote de Xàbia

Fotografia del cura alicantino de Xávia

ALFONS GARCIA / EFE Ha costado décadas y el paso por varios tribunales, pero la desaparición del sacerdote de Xàbia, Antoni Llidó, en 1974 durante el régimen dictatorial chileno de Augusto Pinochet no quedará en el pozo del olvido. El juez especial Jorge Zepeda ha condenado a cuatro militares retirados a siete años de prisión cada uno por el secuestro calificado (desaparición) del clérigo. Además, el magistrado ordena al Estado chileno a pagar una indemnización de 100 millones de pesos (casi 128.000 euros) a Josefa Llidó, la hermana de la víctima y responsable de la querella.
Entre los militares considerados autores del delito está el general Manuel Contreras, el ex jefe de los servicios secretos de Pinochet (la temida DINA, Dirección de Inteligencia Nacional), quien ya se encuentra encerrado por otras violaciones de los derechos humanos.
El resto de culpables son Marcelo Moren Brito y Miguel Ktasnoff Marchenko, ambos de la cúpula de la DINA, y el ex suboficial Basclay Zapata, acusado como torturador.
El juez ha absuelto a otros tres oficiales procesados (Francisco Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana y Orlando Manzo Duránal) al no haberse logrado acreditar su participación en los hechos.
La familia Llidó había logrado el desafuero del dictador Pinochet para que también fuera incluido en la causa, pero la muerte del general en diciembre de 2006 cerró esta puerta.
La condena de prisión es baja (siete años) debido a que no se ha podido aplicar el delito de homicidio, ya que el cuerpo del sacerdote nunca ha aparecido.
Las distintas partes tienen cinco días ahora para recurrir. Josefa Llidó aún no ha tomado una decisión, pero no cree que lo haga, pues duda de que se pueda alcanzar una condena mayor. «Creo que hemos llegado al máximo donde podíamos alcanzar judicialmente», afirmó ayer a INFORMACION. La hermana del sacerdote se da así por satisfecha con el reconocimiento de que Antoni fue secuestrado por los militares, que hicieron luego desaparecer su cuerpo. «Son muchos años», comentó.
Lo que sucedió con los restos es una incógnita que posiblemente quede sin resolver. «Los responsables de estos crímenes fueron muy eficientes para tratar de no dejar rastros», dijo el abogado, Héctor Salazar.