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155.986 ESCOLARES Y SÓLO 47.378 PLAZAS DE COMEDOR,
Hay en la provincia de Alicante 155.986 escolares y sólo 47.378 plazas de comedor
- Padres y sindicatos exigen a la Conselleria que amplíe el servicio con más plazas.
- En algunos colegios tienen que hacer tres turnos para comer.
- La falta de plazas en los comedores de los colegios de la provincia de Alicante ha provocado que muchos niños se queden fuera. Los últimos datos de la Conselleria de Educación cifran en 47.378 los escolares que acuden a los 287 comedores disponibles (hay 155.986 alumnos).«Los comedores están saturados y hay centros en los que hay hasta tres turnos para gestionar la demanda», comenta Paco García, del sindicato CC OO. Joaquín García, de la federación de madres y padres de alumnos FAPA Gabriel Miró, dice que el comedor escolar «es imprescindible y necesario por la nueva situación de las parejas».Y reivindica que todos los centros tengan, ya que hay «cientos de familias que no pueden matricular a sus hijos porque no hay comedores», como ocurre en Crevillent. «Hay un compromiso para Nuestra Señora de la Paz, Biar lo tiene solicitado…», argumenta García. Su compañera Mari Paz Garrigós indicó ayer que los colegios con excedente de matrícula son donde más falta hacen las plazas, como el Azorín, Florida, Enric Valor… Como ejemplo, el colegio Azorín «amplía el horario» de comedor para atender a estudiantes del Instituto Jaime II.
¿Por qué no hay comedor?
«A mi hija la quería meter en el colegio San José de Carolinas pero no hay comedor. Mi mujer y yo tenemos los turnos muy malos a la hora de la comida, así que necesitamos tener a nuestra pequeña en uno que tenga comedor. No entiendo cómo puede haber colegios sin comedor. Creo que debería haber una inspección para que en los colegios que no haya comedor se alquilen solares», dice Eloy Cabrera, un padre de alumna.
Los juzgados dan ya cita para octubre, Comunidad del PP
Los juzgados contra los malos tratos dan ya cita para octubre en Alicante
La situación de colapso que registran los juzgados de malos tratos de Alicante debido a la escasez de medios está obligando a citar a las víctimas hasta con ocho meses de retraso.
La falta de abogados en los turnos de oficio impide en muchas ocasiones tomar declaración a agresor y víctima en el mismo día, y para amabas la ley prevé que tengan que estar asistidos por abogado. La saturación que tienen los letrados de asistencia jurídica gratuita impide que puedan estar puntualmente en el juzgado, lo que repercute en el resto de los señalamientos, por lo que hay pruebas que se deben ir posponiendo. «En ocasiones a una víctima se le tiene que dar cita para otro día después de haberla tenido esperando en el pasillo durante toda la mañana», explicaron fuentes de uno de los juzgados. Lo mismo ocurre con las pruebas que requieren un análisis de los médicos forenses. Fuentes judiciales explicaron que las exploraciones que entran durante la guardia se hacen de manera inmediata. Sin embargo, todas aquellas que no son de la guardia se están realizando también con meses de retraso, a pesar del riesgo de que cuando se realice la exploración ya no quede ningún indicio de las lesiones.
Asimismo, los procedimientos civiles se encuentran totalmente paralizados por culpa de la tramitación de las órdenes de alejamiento y de protección.
ENFERMOS DEPENDIENTES DENUNCIAN ANTE EL SINDIC QUE LA GENERALITAT VALENCIANA NO APLICA LA LEY DE DEPENDENCIA
EL GOBIERNO VALENCIANO OBSTRUYE LA LEY DE DEPENDENCIA Y DEJA INDEFENSOS A MILES DE VALENCIANOS, SEGÚN EL INFORME DE LA SINTICATURA DE GREUGES.
La demora de Bienestar Social en declarar los grados de minusvalía bloquea ayudas a los discapacitados. La Síndica realiza una crítica “feroz” del tratamiento a enfermos mentales
J. L. G./E. P., Valencia
La vertiente asistencial y sanitaria de la gestión de la Generalitat Valenciana es una de las que peor paradas salen del informe de la Sindicatura de Greuges correspondiente a 2006. La responsable de la institución se muestra crítica por la reiteración, “año tras año”, de las quejas en relación a la tardanza de Bienestar Social en resolver la calificación y establecer el grado de minusvalía de las personas discapacitadas. Se trata de quejas tramitadas en 2006, pero de plena vigencia, en relación con el bloqueo que sufre la ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana.
Especialmente gráfica resulta la reflexión de la Síndica, Emilia Caballero, en una queja de oficio: “¿De qué sirven todas las políticas legislativas, organizativas, presupuestarias y de todo tipo a favor de los discapacitados, si la puerta de entrada a ellas está cerrada y tarda más de un año en abrirse desde que se llama?”.
Además, el informe se refiere a quejas de ciudadanos hacia otras administraciones “en las que en realidad la Conselleria de Bienestar Social es la responsable del problema”.
A modo de ejemplo, la Síndica explica que un ayuntamiento no creaba la plaza de aparcamiento que un ciudadano discapacitado le reclamaba: el consistorio alegaba que “todavía no se había dictaminado sobre la minusvalía”.
En definitiva, se constata “no ya una falta de eficacia sino el incumplimiento del plazo máximo para resolver”.
Ante esta situación, la Síndica pide a la Administración en su Informe de 2006 que resuelva la tramitación de los expedientes de calificación del grado de minusvalía “en el menor tiempo posible y, en todo caso, dentro del máximo reglamentario establecido”.
Falta rehabilitación e integración
Además, la Síndica se refiere también a la “ausencia de centros para discapacitados en la Comunitat” y en este sentido, recuerda a la Conselleria de Bienestar Social que la Constitución “encomienda a los poderes públicos la realización de políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos”.
Por otro lado, en el apartado de Atención Socio-Sanitaria recoge quejas relacionadas con la atención a personas convalecientes y terminales, y a aquellas personas que padecen enfermedades mentales, apartado este último en el que realiza una crítica “feroz” a la “carencia” en el ámbito sanitario de programas de tratamiento asertivo, y reconoce que la situación en el caso de los centros residenciales es mejor, aunque “dista mucho de ser óptima”, matiza.
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