Consellería de Medio Ambiente ignora cuántos subcontratados hay en sus oficinas

Medio Ambiente ignora cuántos subcontratados hay en sus oficinas

El País/08/MARZO, 2008

La consejería dice a la inspección laboral que carece de los datos

J. FERRANDIS – Valencia – 08/03/2008

La Consejería de Medio Ambiente desconoce cuántos trabajadores subcontratados tiene en sus oficinas centrales de Valencia. Aunque es el personal subcontratado el que redacta la mayoría de los procedimientos sancionadores y los informes de impacto ambiental del departamento que dirige José Ramón García Antón.

Así se desprende de la respuesta ofrecida por Medio Ambiente a la inspección de Trabajo, que, tras visitar los servicios centrales de la consejería, detectó un elevado número de empleados de la firma Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA (Vaersa), en sus dependencias y reclamó una relación de todo el personal externo.

La junta de personal de los servicios centrales de la Generalitat, en la que están representados los distintos sindicatos, aseguró ayer que, «de ser cierta esta falta de control sobre el acceso de personas a las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente, estaríamos hablando de una grave irresponsabilidad en materia de seguridad para las personas, los bienes y la documentación custodiada en el edificio». Para los sindicatos, la respuesta de la consejería «tiene como finalidad entorpecer la tarea de control de la inspección de Trabajo».

La inspección de Trabajo se personó a finales del pasado mes de febrero en los servicios centrales de la Consejería de Medio Ambiente tras recibir una denuncia sobre el elevado número de empleados de Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos y del Instituto Valenciano de la Vivienda, SA (Ivvsa) -también de carácter público-, que trabajan diariamente en las instalaciones de la Generalitat.

 

De hecho, tan solo hay un funcionario capacitado para instruir los procedimientos sancionadores relacionados con infracciones ambientales, de agua y urbanismo. Otros cuatro técnicos cedidos por Vaersa e Ivvsa son los que instruyen la mayoría de expedientes. Una proporción similar se da en el departamento que tramita las resoluciones de impacto ambiental, que dispone de cinco funcionarios y cerca de 20 empleados de Vaersa para expedir estos documentos que necesitan las empresas potencialmente contaminantes para ejercer su actividad.

La junta de personal de la Generalitat tiene contabilizadas en los servicios centrales de la Consejería de Medio Ambiente «alrededor de 150 personas cedidas por Vaersa, Ivvsa y diversas empresas privadas que realizan tareas reservadas por ley a los funcionarios». Los sindicatos han transmitido también a la Sindicatura de Greuges su preocupación por la situación, ya que tanto Vaersa como Ivvsa son empresas de la Generalitat que ofrecen sus servicios al sector privado.

La Consejería de Medio Ambiente considera que tanto Vaersa como Ivvsa «son empresas instrumentales de la Administración que asisten a los funcionarios y todo está dentro de la legalidad».

Sin embargo, en algunos departamentos como la Dirección General del Cambio Climático poco más del 40% del centenar de empleados que desempeñan sus funciones son funcionarios. En esa dirección general se instruyen procedimientos sobre cuestiones estratégicas como los planes de control de residuos, vigilancia del aire y otros criterios destinados a reducir los efectos del cambio climático.

La oposición parlamentaria, tanto el PSPV como Esquerra Unida, consideran que la situación es especialmente grave ya que se ha creado un aparato paralelo al de la Administración de la Generalitat que «está sometido a los intereses del PP». Así, según el diputado socialista Francesc Signes, los expedientes más «delicados» son tramitados por personal de Vaersa e Ivvsa.

Los sindicatos, que también mantienen protestas en Vaersa, se quejan también de que los trabajadores subcontratados cobran menos por hacer el mismo trabajo que los funcionarios aunque a la consejería le sale más caro.

2º NOTICIA DEL DÍA

La Iglesia recibe 900.000 euros por la atención religiosa en los hospitales

La Generalitat acaba de destinar 900.000 euros a la Iglesia católica para costear la atención religiosa en los hospitales. Los fondos se destinan a sufragar los salarios de los sacerdotes que trabajan en la red pública sanitaria, así como los «gastos de funcionamiento», que suelen limitarse a las formas y a la compra de libros.

La financiación de la atención en los centros hospitalarios (extremaunción, celebración de cultos, asesoramiento «en cuestiones religiosas y morales») se enmarca en la orden aprobada por el Gobierno en diciembre de 1985, que desarrolló el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos de enero 1979. La normativa estatal fue trasladada a la autonómica el 9 de octubre de 1992, en la etapa del socialista Joan Lerma, con la publicación de un convenio firmado por el entonces consejero de Sanidad, Joaquín Colomer, y los obispos de Valencia, Orihuela-Alicante, Segorbe-Castellón y Tortosa.

La distribución de los capellanes en los 27 hospitales de la red pública (sin contar los dos de gestión privada) se efectúa en función del tamaño del centro: hasta 100 camas, un cura a tiempo parcial; de 101 a 250 camas, uno a tiempo completo y otro a tiempo parcial, hasta alcanzar los cinco capellanes (algo que solo ocurre en La Fe) que trabajan en los hospitales de más de 1.800 camas. El número aproximado de sacerdotes hospitalarios ronda los 80. El sueldo es bajo. La mayoría de los capellanes, incluidos los que llevan años desempeñando la misma función, cobra menos de 1.000 euros. Las características del trabajo exige que hagan guardias por las que no reciben complementos salariales, según fuentes eclesiásticas. Al igual que ocurre con los profesores de religión de los centros públicos, aunque en ese caso no se trate de religiosos, su nombramiento y despido está reservado a los obispos.