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ALOJAMIENTO SOLIDARIO
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1.323 alicantinos firman más de 15 contratos en un año
C. SIRVENT
Los precios de alquiler para universitarios van desde 40 a 710 €
Habitación con baño individual por 384 euros al mes con manutención (desayuno, comida y cine) y limpieza incluida (con lavado de sábanas). Es una opción para universitarios que vivan en Alicante, pero hay más. Es posible alojarse desde los 120 euros en una habitación en un piso a compartir o vivir en pensión completa por 710 euros en un colegio mayor, eso sí, prácticamente dentro del campus.
También cerca de la Universidad hay varios colegios mayores a partir de 500 euros y habitaciones a partir de 195 euros con frigorífico, microondas e Internet. En Mutxamel hay otro que cuesta 445 euros con pensión completa y limpieza diaria, y en La Florida está el albergue de la Generalitat que sale por 384 euros al mes, antes citado.
El programa Alojamiento Solidario prevé un intercambio entre personas mayores que ofrecen un espacio en sus hogares para estudiantes universitarios que se encargan de ayudarles en las tareas cotidianas.
Otro tipo de alojamiento solidario es dedicar cuatro horas semanales para participar en programas que contribuyan al desarrollo comunitario del barrio de Juan XXIII a cambio de pagar sólo 40 euros por un piso compartido (gastos no incluidos).
La Oficina de Ayuda al Alumnado de la Universidad de Alicante (965 90 34 56) ofrece una nutrida información de la oferta de alojamiento para los estudiantes.
El PGOU de ALICANTE permite la venta de subsuelo público para negocios privados
El Ayuntamiento venderá subsuelo de zonas públicas para negocios privados
MANUEL DOPAZO Las calles, zonas verdes y parques de la ciudad son públicas y titularidad municipal. Sin embargo, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante introduce un cambio fundamental en este patrimonio público al permitir al Ayuntamiento la venta y privatización del subsuelo para negocios y actividades privadas. Así, debajo de zonas públicas se podrán construir aparcamientos, hoteles, zonas comerciales, oficinas y hasta equipamientos privados. La medida supondrá una nueva fuente de ingresos para las arcas municipales.
No es una novedad insólita, ya que la nueva Ley Urbanística Valenciana contempla esta posibilidad y algún Ayuntamiento ya lo permite, pero sí es una iniciativa totalmente novedosa con respecto a la ciudad de Alicante, en donde las zonas públicas incluyen superficie y subsuelo. Además, esta medida de la revisión del PGOU supone también un cambio sustancial en cuanto a la actividad de sótanos y construcciones subterráneas, ya que hasta ahora sólo se permite los aparcamientos, garajes y almacenes, y cuanto entre el vigor el nuevo Plan se autorizará todo tipo de actividades.
La nueva regulación del subsuelo de las zonas públicas se recoge en el título 4, artículo 4.1 de las normas urbanísticas del nuevo PGOU, en el que se indica que las zonas públicas destinadas a la red viaria y a zonas verdes se limitarán a la superficie y al vuelo, pudiendo la Administración Local destinar el subsuelo a aparcamiento, hostelería, zona comercial, oficinas, área cultural o deportiva y equipamientos privados, estos últimos hasta un máximo de 2.500 metros cuadrados. Por tanto cabría de todo en la planta sótano, desde un hotel hasta un establecimiento comercial.
En el nuevo PGOU se indica que en los suelos urbanos y urbanizables que estén pendientes de su ordenación pormenorizada, el Ayuntamiento determinará el régimen aplicable al subsuelo de las zonas públicas, de forma que podrá restringir algunos de los usos ya señalados.
El procedimiento de privatización del subsuelo de las zonas públicas deberá desarrollarlo el propio Ayuntamiento, añade el próximo Plan General, estableciendo al respecto dos fórmulas viables. Una de ellas sería la enajenación o venta, pura y simple, mediante el precio que fije la Administración Local. La otra fórmula será mediante un régimen de explotación del subsuelo durante un determinado plazo, que siempre sería de los años suficientes para amortizar la inversión y generar beneficios. Información 09-10-2008
El soterramiento, el retranqueo de la estación y la falta del AVE
CLARA R. FORNER Los ingresos que se obtengan por la venta del suelo que se libere con el soterramiento de las vías del tren a su entrada en Alicante rondarán los 200 millones de euros, una cifra claramente insuficiente para financiar las obras, que costarán más de 600 millones de euros según los últimos cálculos dados a conocer.
Esta cifra de 200 millones figura en el informe que la empresa Segipsa -Sociedad Estatal de Gestión del Patrimonio S. A.- ha elaborado por encargo del Administrador de Infraestructuras del Ministerio de Fomento para poder cuadrar un presupuesto más fiable del proyecto del soterramiento.
El documento ha sido remitido al Administrador de Infraestructuras -ADIF- del Ministerio de Fomento, que deberá darle el visto bueno antes de darlo a conocer al consejo de administración de la Sociedad Avant, que gestiona el soterramiento de las vías del tren a su entrada en Alicante.
El director general de Avant, Miguel Garulo, aseguró ayer que esta cifra de doscientos millones coincide con los cálculos que había realizado la entidad que él dirige. Segipsa ha realizado esta valoración sobre una edificabilidad de 235.000 metros cuadrados, una cifra ligeramente superior a la que recoge el documento del Plan General, que asciende a 220.000 metros cuadrados, lo que equivale a unas 2.200 viviendas. El responsable de Avant señala que esta sociedad había previsto ingresar entre 157 y 180 millones de euros, pero con una edificabilidad menor.
El Ayuntamiento de Alicante, en cambio, era más optimista en cuanto a los ingresos que se iban a obtener gracias a las plusvalías que se generarían con la venta del suelo, pues en la reuniones celebradas había expresado que, según sus cálculos, se podrían ingresar unos 300 millones de euros. Avant no compartía esta estimación, sobre todo teniendo en cuenta la bajada del precio de las viviendas durante este año.
Cabe recordar que, en el convenio inicial firmado por las tres administraciones que forman la sociedad Avant, el Gobierno central aportaba unos 70 millones de euros y la Generalitat cerca de 50, mientras que el Ayuntamiento colaboraba aportando las plusvalías que se iban a generar con la liberalización de esos terrenos para construir pisos.
El director general de Avant explica que el informe realizado por la sociedad Segipsa, dependiente de la Dirección General de Patrimonio del Estado, permite «tener un indicio más fiable sobre el valor del suelo» y ajustar los presupuestos basándose en unas expectativas más reales de ingresos respecto a las plusvalías que se vayan a generar.
El estudio obliga a replantear la financiación o la obra
El cálculo económico elaborado por la empresa estatal Segipsa obliga a replantear la financiación de las obras, ya que el proyecto de soterramiento de las vías del tren y la adaptación para la llegada del Ave está presupuestado en más de 600 millones. Entre el Estado y la Generalitat debían aportar 120 millones de euros que, sumados a los 200 que se obtendrían de la venta del suelo, sólo cubren la mitad del presupuesto aproximadamente.
El director general de la Sociedad Avant explica que este déficit se puede paliar mediante un incremento de la aportación prevista por los socios de Avant, que son las tres Administraciones citadas. Otra posibilidad consistiría en «aumentar la edificabilidad hasta los 300.000 metros cuadrados que planteaba Adif».
Una tercera alternativa consistiría en modificar el proyecto, «pues hay formas de bajar los coste», como reduciendo el tamaño de la estación. En cuanto a la posibilidad de que se retranquee, como han pedido algunos colectivos últimamente, Garulo apunta que es cierto que la obra «sería así más barata» y que por tanto, «se está estudiando» esta alternativa por parte del Ministerio de Fomento.
En cuanto a otras posibilidades como extraer la línea de Alicante a Elche de este proyecto, que en su día planteó el Ayuntamiento, Garulo apunta que «sería dejar a Alicante sin línea de cercanías y sin comunicación con Murcia». Información_04-11-2008
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Roque Moreno considera que la alcaldesa Sonia Castedo no tiene, por tanto, «que pedir el dinero a Fomento» ya que ésta «ha sido la única Administración que ha puesto ya 70 millones de euros» para las obras del Ave, que incluyen la construcción de la estación intermodal. A juicio del portavoz socialista, la primera edil debería reclamar en primer lugar a la administración valenciana.
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