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Briatore gana 7 millones de euros gracias a las transmisiones de F1
La firma que comparte con Agag posee los derechos televisivos
Levante-EMV, Valencia
El director del equipo Renault F1, Flavio Briatore, se embolsará este año 11 millones de dólares, es decir, unos siete millones de euros, como ingresos por la venta de los derechos de televisión de la Fórmula 1 en España, un negocio que controla a través de la empresa Stacourt Limited, en la que es socio también Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar, y propietario del equipo Campos Grand Prix en las GP2 Series.
Según el diario británico The Daily Telegraph, el italiano también se ha embolsado hace poco 11 millones de dólares gracias a que controla los derechos de emisión del deporte en España y que actualmente retransmite Telecinco. Los beneficios de su empresa Stacourt, con sede en Gran Bretaña, son 2 millones de dólares más que el año pasado, según el periódico. Briatore obtuvo los derechos de su amigo, socio y director ejecutivo de la F1 Bernie Ecclestone en 2002. Desde entonces, el éxito de su protegido Fernando Alonso en Renault ha llevado a un boom de la popularidad de la Fórmula 1 en España. Cuando empezó a ganar carreras en Renault, Briatore también comenzó a incrementar sus ingresos de forma explosiva. En 2007 ganó nada más y nada menos de 23 millones de dólares (algo más de quince millones de euros) sólo en derechos televisivos, comprados desde 2004 por la cadena Telecinco.
La Sexta ha conseguido los derechos del Campeonato de Fórmula 1 para los próximos cinco años, de 2009 a 2013, tras ganar el concurso al que había presentado su mejor oferta para hacerse con el campeonato automovilístico por excelencia, que se va de Telecinco.
Stacourt Limited se creó en 2002, en el condado de Kent, y además de los derechos de televisión del gran circo en España, posee los concursos vía SMS que se hacen durante las carreras y maneja la Segunda División de la Fórmula 1 (la GP2) en todo el planeta.
También en el fútbol
Flavio Briatore y Alejandro Agag comparten además otro negocio con Bernie Ecclestone. Los tres compraron el pasado año el histórico club inglés del Queen’s Park Rangers. El equipo londinense milita actualmente en la Football League Championship, el equivalente a la Segunda División española.
Y, MIENTRAS, LOS ENFERMOS QUE HAN COTIZADO A LA SEGURIDAD SOCIAL TODA LA VIDA, SE AMONTONAN EN LOS PASILLOS EN LOS HOSPITALES PUBLICOS PÒR FALTA DE INVERSIONES Y PROFESIONALES.
Las reclamaciones por la dependencia duplican en seis meses las quejas al Síndic de Greuges
Discriminación de las personas discapacitadas
Discriminación de las personas discapacitadas
A partir de hoy, cualquier vulneración de las normas de accesibilidad o igualdad de oportunidades podrá acarrear multas de hasta un millón de euros
“Cualquier discriminación que afecte o tenga como víctima a una persona con discapacidad puede y debe ser denunciada”. Así de rotundo se muestra el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en un informe elaborado por el departamento de Asesoría Jurídica. La consigna trata de defender los derechos de los 3,5 millones de personas con alguna discapacidad física, sensorial o psíquica que viven en España. A partir de hoy, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la sociedad cuenta con un nuevo instrumento para alcanzar la igualdad real y efectiva: la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
- Autor: Por AZUCENA GARCÍA
- Fecha de publicación: 27 de marzo de 2008
Contenido de la norma
El actual ordenamiento legal cuenta con varias normas para garantizar la igualdad de las personas discapacitadas. La Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) y la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) son las más destacadas. Sin embargo, a partir de hoy se une a ellas un nuevo instrumento: la Ley que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Su entrada en vigor es acogida con tanta esperanza como cautela, tras varias denuncias de incumplimiento de la normativa existente. “Es un avance que haya una ley de sanciones, pero pedimos que se cumpla y, sobre todo, que se aplique”, subraya el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA), Javier Font.
(Imagen: Daniel Lobo)
El objetivo de la nueva norma es, como su nombre indica, establecer un régimen sancionador “eficaz” ante las infracciones que vulneren la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Se considera que estos principios se incumplen cuando se producen acosos, vulneración de las exigencias de accesibilidad, falta de respeto a las medidas de acción positiva y discriminaciones directas o indirectas, esto es: cuando en una situación análoga o comparable una persona con discapacidad es tratada de manera menos favorable que otra que no lo es o cuando una disposición legal, una decisión unilateral o un criterio colocan en desventaja a una persona discapacitada.
Las personas discapacitadas buscan terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”
La elaboración de la norma contó con la participación del Cermi estatal como transmisor de las peticiones de las personas discapacitadas, interesadas en terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”, según recuerda el Cermi. De acuerdo a este principio, la Ley reconoce la posibilidad de denunciar la actitud tanto de personas físicas como jurídicas. Incluso, si los responsables de la infracción son varios y resulta difícil determinar el grado de participación de cada uno de ellos, la normativa ve posible imputar a todos una responsabilidad solidaria.
Régimen de infracciones y sanciones
Las sanciones muy graves podrán ascender a un millón de euros o acarrear la suspensión total de ayudas oficiales
El texto de la Ley establece que las infracciones pueden hacer referencia a los ámbitos de las telecomunicaciones y sociedad de la información, espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, transportes; bienes y servicios a disposición del público, y relaciones con las administraciones públicas. Quedan excluidas las consultas en el ámbito del empleo y la ocupación. En cuanto a los denunciantes, reconoce que pueden ser personas con discapacidad, sus familias y representantes legales, así como las organizaciones representativas y asociaciones en las que se integran. Por último, según la importancia de la infracción, ésta se considerará leve, grave y muy grave.
- Las infracciones leves serán aquéllas que incumplan los principios de la LIONDAU y supondrán multas desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de 30.000 euros.
- Se considerarán infracciones graves los actos discriminatorios, el incumplimiento de un requerimiento administrativo o de las exigencias de accesibilidad y cualquier forma de presión que se ejerza sobre aquella persona -con discapacidad, física o jurídica- que haya entablado o pretenda entablar una acción legal. Estas infracciones se penalizarán con sanciones de hasta 90.000 euros.
- Las infracciones serán muy graves cuando se dé una conducta de acoso, el incumplimiento reiterado de los requerimientos administrativos específicos y cualquier forma de presión sobre las autoridades que pretendan ejecutar las medidas previstas en la LIONDAU. Las sanciones podrán ascender a un millón de euros y, en algunos casos, acarrearán también la supresión, cancelación o suspensión total o parcial de las ayudas oficiales relacionadas con el ámbito en el que se produce la infracción.
No obstante, la Ley prevé unos plazos de prescripción de las infracciones. En concreto, las leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cuatro años. Por su parte, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los cuatro años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años. “De cualquier modo, el abono de las multas impuestas no exime del cumplimiento del resto de las obligaciones que impone la Ley de Igualdad de oportunidades y accesibilidad universal”, recuerda la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).
Dónde presentar las denuncias
Si bien la nueva norma de infracciones y sanciones entra en vigor a partir de este momento, las personas con discapacidad cuentan desde 2005 con la Oficina Permanente Especializada (OPE). Constituida como un órgano de carácter consultivo, permanente y especializado dentro del Consejo Nacional de la Discapacidad, la OPE realiza funciones de asesoramiento, análisis y estudio de denuncias y consultas presentadas por personas discapacitadas. Este organismo aconseja sobre la vía de actuación más adecuada, remite a la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad un informe sobre los hechos y propone al Pleno del Consejo una serie de recomendaciones para prevenir o lograr que cese la acción considerada discriminatoria.
Este órgano aconseja sobre la vía de actuación más adecuada para realizar una consulta o presentar una denuncia
La OPE no es, por lo tanto, un órgano resolutivo. Se limita a prestar asesoramiento y apoyo legal, sin tratar de sustituir la labor profesional de los abogados. Su creación se basa en la necesidad de atender a las personas que son objeto de discriminación o consideran vulnerado su derecho a la igualdad de oportunidades por tener reconocida una discapacidad. En este sentido, las personas físicas que solicitan ayuda deben acreditar un grado de minusvalía igual o superior al 33% o bien percibir una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez, así como una pensión de clases pasivas de jubilación o retiro por inutilidad para el servicio.
Una vez estudiada la consulta, la OPE decide si puede ser admitida a trámite o no, es decir, “si los hechos denunciados pueden ser investigados o no”. Si se admite a trámite, informa a la persona denunciante sobre todos los pasos que conforman el procedimiento y le permite conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de su expediente. Las formas de contactar con la OPE son mediante:
- Correo ordinario o presencia física, en la oficina central (Paseo de la Castellana 67, Madrid)
- Correo electrónico ope@mtas.es
Las llamadas telefónicas se atienden en horario de 9:00 a 14:00 horas, mientras que la información presencial requiere cita previa. Además, la OPE cuenta con un plazo de un mes para dar respuesta a las consultas planteadas y un periodo de dos meses para concluir el expediente informativo.
“Estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados”, afirman desde FAMMA
Otros lugares a los que se puede acudir son las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social, los Juzgados de guardia y la Oficina de Denuncias de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (ODAT), inaugurada por FAMMA en 2001. Hasta ella llegan cada año medio millar de consultas relacionadas con cuestiones de accesibilidad en edificios y responsabilidad de las comunidades de propietarios. Su creación se debió a la gran demanda de personas que, según Font, “no sabían adónde dirigirse para reclamar”. La función de la ODAT es asesorar y prestar ayuda. “Reivindicamos la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas para nuestra integración, pero, en realidad, estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados, personas que por edad u otra circunstancia padecerán algún tipo de discapacidad a lo largo de su vida”, agrega Font.
Adaptación de la OPE
Sus dependencias disponen de un sistema de comunicación multidisciplinar, plazas de aparcamiento reservadas y un interior totalmente accesible
Además, se ha comprobado la accesibilidad de los transportes públicos que llegan hasta la OPE, existen plazas reservadas a quienes tienen tarjeta de aparcamiento para minusválidos y el interior del edificio es accesible a todas las personas con discapacidad en un grado alto: se han instalado rampas alternativas a las escaleras, los baños y aseos son adaptados, los ascensores están previstos para personas usuarias de sillas de ruedas, las botoneras están a una distancia mínima, los pulsadores están en bajorrelieve y en braille, y el interior del despacho al que acceden las personas con discapacidad tiene espacio suficiente de maniobrabilidad.
Publicado en CONSUMER Eroski.
Ayudas a las familias monoparentales
Información Vicente Vercher Garrigós
Las familias monoparentales gozarán desde 2008 de las mismas ventajas que las numerosas al solicitar becas y subvenciones, u obtener bonificaciones para el transporte
Las familias que tengan dos o más hijos a su cargo tendrán las mismas ventajas fiscales que las familias numerosas -las formadas por tres o más hijos- a partir de 2008. Además, obtendrán las mismas ventajas que éstas a la hora de solicitar becas, ayudas o subvenciones para la enseñanza y bonificaciones en los transportes. Asimismo, desde el próximo ejercicio se podrán beneficiar de las acciones protectoras que se desarrollen en materia de vivienda y en el ámbito educativo, a través de exenciones y bonificaciones en los precios de los colegios públicos, y se les aplicará, como mínimo, una reducción del 50% en el precio de entrada a los museos de titularidad estatal.
- Autor: Rosa M. López Maroto |
- Fecha de publicación: 12 de diciembre de 2007
Las familias compuestas por viudos, personas separadas, divorciadas o solteras que tengan dos o más hijos a su cargo se equiparan a partir de ahora (el próximo mes de enero) a las familias numerosas, ya que gozarán de los mismos beneficios que éstas en materia de transporte, vivienda, colegios o museos. De este modo, cualquier miembro de una familia monoparental tendrá derecho a reducciones en los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo -que oscilan entre el 20% y 50%-, y a bonificaciones, entre el 5% y el 10%, sobre las tarifas por servicios regulares nacionales de transporte aéreo.
En materia de vivienda podrán acogerse a la mejora de las condiciones para acceder a las ayudas financieras para la adquisición de una casa, y a las facilidades que se conceden para el cambio a una vivienda protegida o usada de mayor superficie, cuando se produzca la ampliación del número de miembros de la estructura familiar. Las comunidades autónomas tienen previsto seguir esta misma política y aplicar a la familias monoparentales con dos o más hijos la mismas ventajas que a las numerosas. ¿En qué medidas se concretan estas ayudas autonómicas?
Carné oficial
En Cataluña se creará un carné oficial por el que se acreditará, entre otros, a las madres solteras. Para obtenerlo, los interesados tendrán que cumplir una serie de requisitos como presentar el NIF vigente del solicitante, el libro de familia completo, el certificado de defunción en caso de viudedad, la resolución judicial de separación, nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas. Se contemplan situaciones especiales en las que no se podrá acceder a estas ayudas como en el caso que el solicitante reciba una pensión del ex cónyuge.
En Cataluña las familias monoparentales con hijos menores de seis años reciben 700 euros anuales de subvención
Esta medida amplía las prestaciones que hasta ahora recibían las familias monoparentales en Cataluña, en donde se reconocen, sin embargo, algunos derechos específicos a estos núcleos de convivencia. Las familias de este segmento social que tengan hijos menores de seis años reciben una ayuda económica anual de 700 euros, la misma que reciben las familias numerosas. Sin embargo, hasta ahora, no se contemplaba la equiparación en la matriculación de los hijos en los centros escolares, las becas de comedor, o los descuentos en el recibo del agua, por citar solamente algunos ejemplos.
Subvenciones
La gran mayoría de comunidades autónomas españolas dispone de una amplia serie de prestaciones complementarias destinadas a los núcleos monoparentales, que van desde programas de emergencia social para las familias más desfavorecidas económicamente, a una extensa batería de ayudas y subvenciones para alguno o varios de sus miembros. Guarderías en las que tienen prioridad los hijos de mujeres con cargas familiares o subvenciones de estancias de vacaciones para mujeres con hijos de forma exclusiva son algunos ejemplos de las medidas que contempla la administración autonómica para este segmento social.
La Comunidad andaluza, dentro de las ayudas económicas dirigidas a este núcleo, dispone de programas de ayuda de emergencia social e inserción social, recursos complementarios para cubrir las necesidades de subsistencia, y prestaciones económicas para los gastos de comedor infantil. Las familias monoparentales de Aragón reciben las ayudas generales del Estado, aunque también hay algunas específicamente destinadas a la educación de los hijos. En Asturias, el apoyo se circunscribe al ámbito municipal, como el programa de intervención para mujeres con hijos a su cargo en el municipio de Avilés, y las ayudas económicas para mujeres con cargas familiares que funciona a través del ayuntamiento de Gijón. En Castilla y León, además de las ayudas generales del Estado, cuentan con una red que comprende servicios sociales básicos de ayuda a domicilio y de orientación para el acceso al empleo.
Las ayudas autonómicas van desde programas de emergencia social para las familias más desfavorecidas a subvenciones para sus miembros
En Baleares y Canarias, además de gestionar estas ayudas generales, ofrecen servicios específicos para las familias monoparentales con menos recursos económicos. Cantabria también contempla apoyo económico a estas familias en diversos ámbitos: guarderías -en las que tienen prioridad de acceso los niños de mujeres con cargas familiares-, y subvenciones para estancias de vacaciones para mujeres solteras, viudas o separadas con hijos.
La Comunidad de Madrid incide en las ayudas extraordinarias dirigidas a personas físicas o unidades familiares que carezcan de medios económicos suficientes con que atender las necesidades básicas. Por su parte, en el País Vasco la Diputación de Vizcaya ofrece ayudas generales a través de los ayuntamientos, mientras que en La Rioja no se contempla ningún programa específico para esta clase de familias, sino que gestionan las ayudas generales a través de los ayuntamientos. La Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Galicia, Extremadura, y Murcia incluyen diversas prestaciones y subvenciones básicas destinadas a este tipo de núcleos familiares.
Acreditación como familia monoparental
La condición de familia monoparental se acreditará mediante el título que establezca y expida la comunidad autónoma donde tenga fijada su residencia la persona solicitante. Las familias que tengan otras nacionalidades y pertenezcan a Estados Miembros de la Unión Europea deberán acudir a la comunidad autónoma en la que el solicitante ejerza su actividad por cuenta ajena o por cuenta propia.
En el caso de los españoles que trabajen en instituciones nacionales fuera del territorio nacional, el título oficial será expedido por las autoridades competentes de la comunidad autónoma en la que se encuentren inscritos los solicitantes a efectos de su participación electoral.
Al igual que ocurre con otros títulos como el de familia numerosa, la acreditación de familia monoparental deberá renovarse o dejarse sin efecto cuando varíe el número de miembros de la unidad familiar o las condiciones que dieron motivo a la expedición o posterior renovación del título, y ello suponga un cambio de categoría o la pérdida de la condición de este tipo de familia, así como cuando alguno de los hijos deje de reunir las condiciones para figurar como miembro de esta unidad familiar.
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Denuncian la contratación masiva de personal sanitario al margen de la bolsa
Denuncian la contratación masiva de personal sanitario al margen de la bolsa
INFORMACIÓN 25/marzo/2008
Los trabajadores adscritos a la bolsa de trabajo del Departamento de Salud 16 de Alicante, a través del sindicato Comisiones Obreras, han denunciado la contratación indiscriminada de personal al margen de la bolsa en los centros sanitarios de la Marina Baixa. «De los más de cien contratos que se pueden realizar en el departamento, por bolsa sólo se hacen cinco o seis», según señalaron los responsables del sindicato que alertan de que «se ha disparado la contratación subjetiva».
Desde CC OO han explicado que la Conselleria introdujo hace un tiempo una nueva norma por la que se podía contratar de forma puntual y cuando así lo requiriera la situación para garantizar el buen funcionamiento del Hospital o de otro centro sanitario. Sin embargo, «lo que al principio era algo anecdótico ahora es lo habitual y se está contratando para suplencias a gente joven que nunca ha estado en bolsa cuando hay personal que los supera en puntos, en experiencia y que está durante años en la bolsa y a estos trabajadores apenas los llaman», indicaron los portavoces sindicales.
La arbitrariedad en la contratación ha desatado las quejas y el malestar entre los trabajadores y hay varios miles afectados, ya que, según la categoría puede haber en bolsa a la espera de un trabajo varios cientos de personas. La pasada semana salieron las listas y sólo en la categoría de auxiliar administrativo para el departamento hay inscritos 696 trabajadores, 630 personas que optan a un puesto de celador, 424 para auxiliar de enfermería o 426 para enfermería, entre otras categorías.
«El acceso al trabajo debería hacerse siempre por bolsa porque las opciones deberían ser para todos las mismas, están haciendo un uso torticero de la norma, porque así no puede haber un control, que es justo lo que quieren para contratar a quien les dé la gana», destacaron desde CC OO. Así, según el sindicato, la rueda no gira, no corren los listados e incluso los contratos por bajas de larga duración se están realizando al margen de la bolsa para malestar de los trabajadores.
Una empresa municipal alquila infraviviendas en El Cabanyal
Una empresa municipal alquila infraviviendas en El Cabanyal
La encargada de comprar inmuebles en la zona instala a gente sin luz ni agua
Alfonso Grau, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, calificó de «bulo» las referencias a una supuesta práctica de alquiler de infraviviendas desde la empresa municipal Cabanyal 2010, encargada de comprar el máximo de viviendas en el área afectada por la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a través del barrio. No era un bulo. En la calle de Sant Pere, estrecha y paralela al mar, que se transformará con el proyecto al que el Tribunal Supremo dio el jueves luz verde para que el Ayuntamiento pueda ejecutarlo, hay cuatro viviendas alquiladas por Cabanyal 2010 que no pueden llamarse así….EL País/15/marzo/2008
El Síndic renuncia a auditar todas las empresas públicas El País 13/marzo/2008
El Ivvsa gasta 20 millones sin presupuesto y contrata a 44 trabajadores sin justificación Levante
La fundación CEAM tuvo unas pérdidas de 1,1 millones en 2006 .
Un extraño pago de
1,8 millones a la
Diputación de Castelló
El Servef incurrió en un «incumplimiento relevante» de la ley en el reparto de fondos
La Sindicatura halla fallos en 15 fundaciones públicas
El Síndic renuncia a auditar todas las empresas públicas
El Síndic renuncia a auditar todas las empresas públicas El País 13/marzo/2008
Palabras claves: dinero público, empresas públicas -gestión privada, sin auditoria.Ivvsa gasta 20 millones sin presupuesto……Pésdidas en CEAM,etc..
Moreno se queja del papel de la Sindicatura de Comptes
El Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, rechazó ayer que sea necesario que el organismo que preside audite la totalidad de las empresas públicas valencianas, ya que todas son supervisadas por «una empresa privada contratada por la Intervención General» de la Generalitat.
Vicente Queralt compareció ayer en la comisión de Economía de las Cortes Valencianas, donde se debatió sobre el informe de fiscalización de la cuenta general de la Generalitat de 2006, en el que se detectaron facturas escondidas en los cajones de la Consejería de Sanidad por importe de casi 1.224 millones de euros.
El Síndic explicó que los informes de fiscalización «no tienen que ser reiterativos, ya que las empresas públicas y las fundaciones han sido objeto de una auditoría de una empresa contratada por la Intervención General».
Queralt se pronunció así tras las quejas de la portavoz socialista Cristina Moreno, que criticó que este año la Sindicatura de Comptes solo auditará el 42% de las empresas públicas y organismos autónomos del Consell. Moreno, que hizo referencia al trato amable que recibe Queralt del Consell y las Cortes en comparación con los desaires que se le hacen a Emilia Caballero como Síndic de Greuges, se quejó de que los controles de la Sindicatura de Comptes ya se redujeron en 2006, al fiscalizarse el 73,3%, frente al 89% de 2005. «No es lo mismo una fiscalización general que una revisión formal de cuentas», dijo Moreno, que invitó al Síndico a pedir más medios.
La portavoz adjunta socialista denunció en las cuentas de la Generalitat de 2007 se dejarán de auditar empresas como la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, Ferrocarrils de la Generalitat o el Instituto Valenciano de la Vivienda, pese a que esa empresa pública dejó en 2006 «20 millones de euros de facturas en los cajones».
Queralt argumentó que la Sindicatura de Comptes no puede crecer al mismo ritmo que el sector público. Las Cortes Valencianas aplazaron ayer la mayoría de los puntos del orden del día de las tres comisiones parlamentarias fijadas y tras la jornada de hoy no tendrán actividad hasta la segunda semana de abril.
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Camps invirtió 150 millones menos en Sanidad entre 2004/2006 cuando pide más dinero a Zapatero
Camps invierte menos en Sanidad cuando pide más dinero a Zapatero Levante/12/marzo/2008
Palabras clave: más financianción, reducción inversión en Sanidad años2004-2006, facturas en cajones.
El Síndic auditará el 42% del gasto de las empresas públicas valencianas en 2007 frente al 73% actual
J. G. G., Valencia
La financiación de la sanidad valenciana protagonizó ayer la comparecencia en las Corts del Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, para explicar el informe de fiscalización de la Generalitat en 2006, que detectó la existencia de 1.224 millones de facturas en los cajones (obligaciones no reconocido). El Síndic reiteró su diagnóstico sobre las causas, desde el aumento de la población, la «necesidad de una gestión más efectiva» o los problemas «estructurales» de financiación, no ajustada a la realidad actual, que se arrastran desde el momento de las transferencias, en 1986, pero la portavoz socialista de Economía brindó un dato nuevo: La comparación de las últimas tres auditorías revela que el esfuerzo de la Generalitat en Sanidad, sobre el total de su gasto, se redujo entre 2004 y 2006, precisamente cuando el Consell de Camps no ha dejado de reclamar más financiación al Gobierno de Zapatero.
En concreto, los seis programas de Sanidad supusieron en 2006 el 39,4% del gasto del Consell, cuando en 2005 habían representado el 40,7%. En 2004 concentraron el 39,7%. Sobre unos 12.000 millones de gasto, el diferencial de 1,3 puntos supone más de 150 millones. El Consell reclama unos 700 más al año a Madrid. El portavoz del PP, José Marí, enfatizó que la Comunitat arrastra el problema de la financiación desde 1986, debido a la «infame» negociación de las transferencias; por tanto, antes de que gobernara el PP. El argumento, sin embargo, implica asumir que la situación no es imputable al actual Gobierno, y dos legislaturas y sendos modelos de financiación de Aznar no lo resolvieron.
Moreno también dio otro dato relevante: Las empresas sobre las que la Sindicatura realizará una auditoría completa en 2007 manejan sólo el 42% del presupuesto del sector público valenciano, menos de la mitad. Del resto de firmas sólo se hará una revisión formal. Lo peor es que la reducción es tremenda en tres años: En la fiscalización de 2004, las sociedades auditadas gestionaban el 89% del gasto, y en 2005, el 73%. Moreno acusó al Síndic de «renunciar al control» de empresas como el IVVSA , FGV o Aerocas.
El Síndic declinó pedir más personal alegando que se ha «gastado un dineral en formación» del que ya tiene.
Consellería de Medio Ambiente ignora cuántos subcontratados hay en sus oficinas
Medio Ambiente ignora cuántos subcontratados hay en sus oficinas
El País/08/MARZO, 2008
La consejería dice a la inspección laboral que carece de los datos
J. FERRANDIS – Valencia – 08/03/2008
La Consejería de Medio Ambiente desconoce cuántos trabajadores subcontratados tiene en sus oficinas centrales de Valencia. Aunque es el personal subcontratado el que redacta la mayoría de los procedimientos sancionadores y los informes de impacto ambiental del departamento que dirige José Ramón García Antón.
Así se desprende de la respuesta ofrecida por Medio Ambiente a la inspección de Trabajo, que, tras visitar los servicios centrales de la consejería, detectó un elevado número de empleados de la firma Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA (Vaersa), en sus dependencias y reclamó una relación de todo el personal externo.
La junta de personal de los servicios centrales de la Generalitat, en la que están representados los distintos sindicatos, aseguró ayer que, «de ser cierta esta falta de control sobre el acceso de personas a las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente, estaríamos hablando de una grave irresponsabilidad en materia de seguridad para las personas, los bienes y la documentación custodiada en el edificio». Para los sindicatos, la respuesta de la consejería «tiene como finalidad entorpecer la tarea de control de la inspección de Trabajo».
La inspección de Trabajo se personó a finales del pasado mes de febrero en los servicios centrales de la Consejería de Medio Ambiente tras recibir una denuncia sobre el elevado número de empleados de Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos y del Instituto Valenciano de la Vivienda, SA (Ivvsa) -también de carácter público-, que trabajan diariamente en las instalaciones de la Generalitat.
De hecho, tan solo hay un funcionario capacitado para instruir los procedimientos sancionadores relacionados con infracciones ambientales, de agua y urbanismo. Otros cuatro técnicos cedidos por Vaersa e Ivvsa son los que instruyen la mayoría de expedientes. Una proporción similar se da en el departamento que tramita las resoluciones de impacto ambiental, que dispone de cinco funcionarios y cerca de 20 empleados de Vaersa para expedir estos documentos que necesitan las empresas potencialmente contaminantes para ejercer su actividad.
La junta de personal de la Generalitat tiene contabilizadas en los servicios centrales de la Consejería de Medio Ambiente «alrededor de 150 personas cedidas por Vaersa, Ivvsa y diversas empresas privadas que realizan tareas reservadas por ley a los funcionarios». Los sindicatos han transmitido también a la Sindicatura de Greuges su preocupación por la situación, ya que tanto Vaersa como Ivvsa son empresas de la Generalitat que ofrecen sus servicios al sector privado.
La Consejería de Medio Ambiente considera que tanto Vaersa como Ivvsa «son empresas instrumentales de la Administración que asisten a los funcionarios y todo está dentro de la legalidad».
Sin embargo, en algunos departamentos como la Dirección General del Cambio Climático poco más del 40% del centenar de empleados que desempeñan sus funciones son funcionarios. En esa dirección general se instruyen procedimientos sobre cuestiones estratégicas como los planes de control de residuos, vigilancia del aire y otros criterios destinados a reducir los efectos del cambio climático.
La oposición parlamentaria, tanto el PSPV como Esquerra Unida, consideran que la situación es especialmente grave ya que se ha creado un aparato paralelo al de la Administración de la Generalitat que «está sometido a los intereses del PP». Así, según el diputado socialista Francesc Signes, los expedientes más «delicados» son tramitados por personal de Vaersa e Ivvsa.
Los sindicatos, que también mantienen protestas en Vaersa, se quejan también de que los trabajadores subcontratados cobran menos por hacer el mismo trabajo que los funcionarios aunque a la consejería le sale más caro.
2º NOTICIA DEL DÍA
La Iglesia recibe 900.000 euros por la atención religiosa en los hospitales
La Generalitat acaba de destinar 900.000 euros a la Iglesia católica para costear la atención religiosa en los hospitales. Los fondos se destinan a sufragar los salarios de los sacerdotes que trabajan en la red pública sanitaria, así como los «gastos de funcionamiento», que suelen limitarse a las formas y a la compra de libros.
La financiación de la atención en los centros hospitalarios (extremaunción, celebración de cultos, asesoramiento «en cuestiones religiosas y morales») se enmarca en la orden aprobada por el Gobierno en diciembre de 1985, que desarrolló el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos de enero 1979. La normativa estatal fue trasladada a la autonómica el 9 de octubre de 1992, en la etapa del socialista Joan Lerma, con la publicación de un convenio firmado por el entonces consejero de Sanidad, Joaquín Colomer, y los obispos de Valencia, Orihuela-Alicante, Segorbe-Castellón y Tortosa.
La distribución de los capellanes en los 27 hospitales de la red pública (sin contar los dos de gestión privada) se efectúa en función del tamaño del centro: hasta 100 camas, un cura a tiempo parcial; de 101 a 250 camas, uno a tiempo completo y otro a tiempo parcial, hasta alcanzar los cinco capellanes (algo que solo ocurre en La Fe) que trabajan en los hospitales de más de 1.800 camas. El número aproximado de sacerdotes hospitalarios ronda los 80. El sueldo es bajo. La mayoría de los capellanes, incluidos los que llevan años desempeñando la misma función, cobra menos de 1.000 euros. Las características del trabajo exige que hagan guardias por las que no reciben complementos salariales, según fuentes eclesiásticas. Al igual que ocurre con los profesores de religión de los centros públicos, aunque en ese caso no se trate de religiosos, su nombramiento y despido está reservado a los obispos.
LA LEY DEL PATRIMONIO NATURAL Y LA BIODIVERSIDAD BÁSICA PARA SALVAR «LA TERRETA»
LA LEY DEL PATRIMONIO NATURAL Y LA BIODIVERSIDAD
Entra en vigor la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
El BOE ha publicó la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el 17/diciembre/2007 que se establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española. Las Entidades Locales participarán en su desarrollo a través del Consejo Estatal y con la aplicación de medidas adicionales a las que marca la Ley.
Los principios que inspiran esta Ley se centran en el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales básicos, en la preservación de la diversidad biológica, genética, de poblaciones y de especies, y en la preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje.
También se inspira en el deber de conservar y garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo. Igualmente, recoge las normas y recomendaciones internacionales de organismos y regímenes ambientales internacionales, como el Consejo de Europa o el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Las Administraciones competentes garantizarán que la gestión de los recursos naturales se produzca con los mayores beneficios para las generaciones actuales, sin merma de su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras, velando por el mantenimiento y conservación del patrimonio, la biodiversidad y los recursos naturales existentes en todo el territorio nacional, con independencia de su titularidad o régimen jurídico, atendiendo a su ordenado aprovechamiento y a la restauración de sus recursos renovables.
Para la coordinación de estas actuaciones, se crea el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, el órgano de participación pública que informará las normas y planes de ámbito estatal relativas al patrimonio natural y la biodiversidad, y en el que se integrarán, con voz pero sin voto, las Comunidades Autónomas y una representación de las Entidades Locales, a través de la FEMP. La composición de este órgano se determinará reglamentariamente, previa consulta con las Comunidades Autónomas, garantizándose, en todo caso, la participación de las organizaciones profesionales, científicas, empresariales, sindicales y ecologistas más representativas.
La Ley señala, por otra parte, que las Entidades Locales, en el ámbito de sus competencias, según lo establecido en la legislación estatal y autonómica, podrán establecer medidas normativas o administrativas adicionales de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. Es en este ámbito donde se encuadrará la actuación de la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad, creada este año en el seno de la FEMP en colaboración con la Fundación Biodiversidad.
El Sindic da un tirón de orejas a siete ayuntamientos por la gestión urbana.
La Sindicatura de Cuentas, que hace unos días presentó en las Cortes Valencianas el informe de fiscalización de las cuentas municipales del año 2005, entregó ayer dos nuevos informes sobre la fiscalización del patrimonio municipal de suelo y el de los gastos electorales de las formaciones políticas.
En el informe relativo al patrimonio municipal de suelo, el Síndic de Cuentas (Síndic de Comptes en denominación oficial) llama la atención a los Ayuntamientos de Alicante, Calpe, Dénia, Santa Pola, Elche, Orihuela y Torrevieja, en la provincia de Alicante, porque «no se tiene constancia de que en ningún ayuntamiento la intervención fiscalice los convenios urbanísticos ni los proyectos de reparcelación».
Además, afirma que «existe un incumplimiento relevante de la normativa aplicable de aquellos ayuntamientos que no llevan un inventario o registro específico de los bienes y derechos que integran el patrimonio municipal de suelo, lo que impide su control». El 78% de ayuntamientos «no están en condiciones de facilitar información de los bienes incorporados» a este registro.
Alicante Alacant Siempre 
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