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LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA: Justicia «on line» y nacionalidad a nietos
Ley de la Memoria Histórica
Justicia abre una vía ‘online’ para obtener la declaración de reparación a los perseguidos en la guerra y el franquismo
El Ministerio de Justicia ha abierto una vía ‘online’ para solicitar la Declaración de reparación y reconocimiento personal de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, un derecho recogido en el artículo 4 de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 26 de diciembre de 2007, informaron fuentes del Departamento que dirige el Ministro Mariano Fernández Bermejo.
A través de un ‘banner’ habilitado en la página web del Ministerio, www.mjusticia.es, dedicado a la Ley de Memoria Histórica, el interesado puede realizar su solicitud de forma telemática acreditando su identidad a través de un certificado digital, como por ejemplo el de Clase 2 CA de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, o el DNI electrónico.
El solicitante deberá aportar una copia impresa del justificante obtenido al realizar la petición, la documentación acreditativa de los hechos, las certificaciones y las resoluciones alegadas. En el caso de que el interesado no sea el mismo afectado, tendrá que adjuntar además la documentación acreditativa del parentesco entre ambos y remitirla, junto con lo anterior, al Registro General del Ministerio de Justicia.
Este procedimiento electrónico, que no excluye la modalidad presencial, garantiza el máximo respeto a la protección de datos de carácter personal.
La Declaración, aprobada como Real Decreto por el Consejo de Ministros el pasado 31 de octubre, «constituye un reconocimiento del derecho individual de reparación moral y de recuperación de la memoria personal y familiar a quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, entre otras», dice el Ministerio.
Pueden solicitarla los directamente afectados y, en caso de fallecimiento, los cónyuges o similares, ascendientes, descendientes y colaterales hasta segundo grado, así como las instituciones públicas en las que hubieran desarrollado un cargo relevante. De su tramitación se encargará la División de Tramitación de Derechos de Gracia y otros Derechos, órgano dependiente de la Subsecretaría de Justicia. La resolución, cuyo plazo es de seis meses, corresponderá al propio titular del departamento.
La Declaración no supone, en ningún caso, el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni da lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional. Sin embargo, será plenamente compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico.
NACIONALIDAD A HIJOS Y NIETOS DE EXILIADOS
Por otra parte, ante la inminente entrada en vigor, el próximo 28 de diciembre, de la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Histórica que reconoce la opción a adquirir la nacionalidad española a los hijos y nietos de emigrantes exiliados durante la Guerra Civil y la Dictadura, los interesados tienen publicada en el BOE y en la web del Ministerio de Justicia, a partir de hoy, la Instrucción elaborada por la Dirección General de Registros y Notariado que fija el procedimiento a seguir.
La solicitud, cuyo modelo puede descargarse a través de la página web del Ministerio, podrán presentarla las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español y aquellas cuyo abuelo o abuela, hubiese perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.
En cualquier caso, el plazo para formalizar la petición es de dos años desde la entrada en vigor de la disposición adicional séptima –es decir, antes del 29 de diciembre de 2010–, ampliable durante otro año más mediante acuerdo de Consejo de Ministros.
La solicitud se realizará ante el encargado del registro civil español (municipal o consular) correspondiente al lugar del domicilio del interesado, acompañada de otra serie de documentos, detallados en la Instrucción, que consisten básicamente en certificaciones literales de nacimiento, tanto del solicitante como de uno de sus progenitores españoles y, en el caso de los nietos, del abuelo o abuela españoles.
Dichas certificaciones registrales españolas también podrán pedirse en los registros civiles, municipales o Consulares, para su tramitación por vía electrónica a través de la página web del Ministerio de Justicia a partir del día 5 de diciembre de 2008.
Si al presentarse la solicitud de nacionalidad no se acreditan los requisitos exigidos, el optante estará obligado a completar la documentación en el plazo de treinta días naturales desde que se le requiera. En caso de denegación de la petición, podrá interponerse recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado y en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
BRIGADISTAS INTERNACIONALES
Asimismo, la web del Ministerio ofrece la posibilidad de descargar el modelo de solicitud para requerir la nacionalidad española para brigadistas internacionales, un derecho que, como novedad, se podrá ejercer sin límite de plazo, frente a los tres años que fijaba la legislación anterior.
Este derecho, recogido en un Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros del 31 de octubre, desarrolla el artículo 18 de la Ley de Memoria Histórica que reconoce de nuevo y de un modo singularizado la labor de los brigadistas y amplía su derecho a la nacionalidad española eliminando el requisito de tener que renunciar a la suya anterior.
La última de las normativas, que también ha publicado hoy el BOE, es la Instrucción sobre el acceso a la consulta de los libros de defunciones de los Registros Civiles, disponible también en www.mjusticia.es
En cumplimiento de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Histórica, con esta Instrucción se pretende despejar las dudas que puedan suscitar en los encargados de los registros civiles las peticiones de información registral para el desarrollo de investigaciones científicas e históricas enmarcadas en el periodo de la guerra civil, el franquismo, el exilio y la transición.
Así, la Instrucción combina la publicidad del Registro Civil y el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos, si bien subraya que existen casos de publicidad restringida que afectan a la intimidad personal y familiar. También exige a los poderes públicos la adopción de medidas necesarias para la protección, la integridad y catalogación de los documentos, especialmente en los casos de mayor deterioro o riesgo de degradación.
Más información en: http://leymemoria.mjusticia.es/paginas/es/declaracion_reparacion.html
JOAN BAEZ Y MIGUEL HERNÁNDEZ
Llegó con tres heridas:
la del amor,
la de la muerte,
la de la vida.
Con tres heridas viene:
la de la vida,
la del amor,
la de la muerte.
Con tres heridas yo:
la de la vida,
la de la muerte,
la del amor.
La Fe y el Hospital General de Alicante, centros de referencia de la Comunitat
Pensiones de la Comunidad Valenciana por debajo de la media española
La pensión media de jubilación se situó en noviembre en la Comunitat Valenciana en 663,23 euros.
A nivel nacional, la pensión media se situó en 820,32 euros mensuales, lo que supone un incremento del 7,2% respecto al mismo mes del año pasado, según las datos difundidos hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Uva de Alicante, 20.000 toneladas a 65 céntimos el kilo
Las mejor uva de mesa del mundo se cultiva en Alicante. Foto Uvas de Monastrell
El sindicato de Jóvenes Agricultores de Alicante (Asaja) ha estimado que la campaña provincial de la uva de mesa (variedad Aledo) se situará en torno a las 20.000 toneladas, del que el 65% se destinará al mercado nacional y el resto a exportación.
Los principales mercados exportadores son Francia, principalmente, y en menor medida Alemania, Italia y Portugal, por este orden.
Según el presidente de Asaja en Alicante, Eladio Aniorte, desde el inicio de recolección, hace dos semanas, la recogida se está llevando sin contratiempos, explicando que las lluvias del pasado octubre no han perjudicado al fruto, aunque en un principio los agricultores estaban expectantes por si el exceso de humedad podía provocar algún problema.
El agricultor está cobrando entre los 60 y 70 céntimos de euro por kilogramo, mientras que los costes de producción ascienden a entre 0,50 y 0,55, por lo que, según Asaja, «las ganancias para el agricultor se traducen a la misma expresión y no es rentable, y sí a esto le sumamos los altos índices del IRPF que se aplican a este cultivo».
Importancia del sector vitivinícola en la Comunitat Valenciana
En la Comunitat Valenciana se cultivan aproximadamente 80.000 hectáreas de viñedo que producen 450.000 toneladas de uva, transformándose en 3 millones de hectolitros de vino.
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Los ecologistas exigen la paralización del plan que amenaza 19 torres de la Huerta Alicantina
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Las torres de la Huerta de Alicante y varios municipios limítrofes corren serio riesgo de perderse definitivamente o de sufrir daños irreversibles.
La última amenaza es el plan parcial de La Condomina, que contempla la edificación de 16.000 nuevas viviendas y un campo de golf justo en el lugar donde se encuentran la mayor parte de estas construcciones.Así lo cree al menos Ecologistas en Acción, que va a aprovechar el congreso que se va a celebrar los próximos días 6, 7 y 8 de diciembre en Valencia para exigir a la Generalitat que tome cartas en el asunto y frene la agresión a estas torres, que achacan a «la voracidad inmobiliaria y la falta de sensibilidad con el patrimonio histórico, artístico y cultural».
Hasta un total de 19 de estas construcciones típicas diseminadas por toda la huerta alicantina, que datan de los siglos XVI y XVII y cuya finalidad era defensiva frente a las frecuentes incursiones de los piratas berberiscos, han sufrido ya en mayor o menor medida los efectos de la presión inmobiliaria. «Algunas torres tienen a escasos dos metros vallas y paredes de nuevos edificios que producen una gran agresión estética sobre ellas», sostienen desde este colectivo.Además, el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, que actualmente está en tramitación, contempla la creación de un nuevo sector urbanístico que prevé la construcción de 16.000 viviendas y un campo de golf, que según Ecologistas en Acción, supondría la sentencia de muerte para la huerta alicantina, ya que acabaría con los restos que quedan de ella y engulliría en su interior las 19 torres que aún siguen en pie.
Doscientas mil pymes alicantinas al borde de desaparición por falta de financiación
Ciudadanos pasean por delante de un establecimiento comercial que se traspasa en la avenida de prolongación de la Gran Vía, en Alicante.
Sellés hace hincapié en que «pasa el tiempo y aquí seguimos igual, la situación de falta de liquidez es total». Por ello, urge a las administraciones a que desde sus respectivas competencias aceleren las iniciativas de apoyo para que puedan ser efectivas y permitan la salida del actual estrangulamiento.
El responsable de la patronal de pymes advierte de que «tenemos casos de empresarios que tienen avalada la financiación por la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), que ha aprobado su ejecución y que, sin embargo, han ido al banco y no les dan el dinero». «Lo máximo que están haciendo las entidades es mantener las operaciones en marcha, pero no hay ni un duro para financiar proyectos, ni para circulante. Se limitan a decir que no pueden dar crédito», recalca Sellés.
Sin noticias del IVF
El secretario general de la Federación del Comercio de la Provincia de Alicante (Facpyme), Francisco Rovira, que aglutina a 56 asociaciones, que representan a 10.000 establecimientos comerciales y dan empleo a más de 50.000 personas, corrobora la delicada situación existente. En su Leer más…
EL PP APRUEBA EN SOLITARIO LA LEY DE INTEGRACIÓN VALENCIANA
Las asociaciones de inmigrantes discrepan sobre los beneficios de la Ley de Integración valenciana
ORDEN DE PROTECCIÓN. ¿Cómo se solicita?
Orden de Protección
¿Dónde se regula? Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica. (BOE. Núm. 183, 1 de agosto de 2003)
¿Quién la pide?– Cualquier persona víctima de violencia física o psíquica por parte de su cónyuge, ex cónyuge, persona con análoga relación de afectividad, hijos o padres), su representante legal o las personas de su entorno familiar más inmediato.
– El Ministerio Fiscal.
– El juez de oficio.
¿Cómo se solicita?A través de un formulario único disponible en las Comisarías, el Juzgado de Guardia, los servicios sociales municipales, autonómicos o estatales, el Ministerio Fiscal o las Oficinas de Atención a las Víctimas.
¿Dónde se presenta? Ante el Juzgado de Guardia, el Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de atención a las víctimas o los servicios sociales e instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones Públicas.
Las entidades u organismos asistenciales con conocimiento de situaciones de violencia doméstica deberán ponerlas en conocimiento inmediato del juez de guardia o del Ministerio Fiscal.
¿Cuál es el procedimiento? El juez de instrucción de guardia, convoca a la víctima, a su representante legal, al solicitante, al Ministerio Fiscal y al agresor, asistido en su caso, de abogado a una audiencia de carácter urgente en un plazo máximo de 72 horas desde la presentación de la solicitud. El juez escucha a las partes por separado.
Celebrada la audiencia, el juez de guardia resuelve mediante auto lo que proceda sobre la solicitud de protección, así como sobre el contenido y vigencia de las medidas que incorpore.
La orden de protección se notifica a las partes y es comunicada por el juez inmediatamente, mediante testimonio íntegro, a la víctima y a las Administraciones públicas competentes para la adopción de las medidas de protección oportunas.
La orden se inscribe en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica.
¿Qué protección establece?Medidas penales: El juez, atendiendo a las circunstancias, puede acordar la prisión provisional del presunto agresor, salida del agresor del domicilio familiar y prohibición de volver al mismo, prohibición de residir o acudir a determinados lugares, prohibición de aproximación y/o comunicación con la víctima, suspensión del derecho a la tenencia o porte de armas.
Medidas civiles: Deben ser solicitadas por la víctima o su representante legal, y en caso de existir menores o incapaces, también puede solicitarlas el Ministerio Fiscal, todo ello siempre que no hubieren sido acordadas previamente por un órgano jurisdiccional civil.
Pueden consistir en la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, determinación del régimen de guarda y custodia, visitas, comunicación y estancia con los hijos, el régimen de prestación de alimentos. El juez, excepcionalmente, podrá autorizar a la mujer que concierte con una agencia o sociedad pública la permuta del uso atribuido de la vivienda familiar de la que sea copropietaria con el presunto agresor, por el uso de otra vivienda.
Las medidas civiles contenidas en la orden de protección tendrán una vigencia temporal de 30 días. Para que se prorroguen en el tiempo, es necesario presentar dentro de este plazo una demanda de separación, divorcio, nulidad matrimonial, filiación, o alimentos. En este caso, las medidas seguirán en vigor durante los 30 días siguientes a la presentación de la demanda y en ese plazo el juez civil deberá decidir si las mantiene o no vigentes.
Una vez obtenida, la orden de protección permite acceder a otros derechos:
– Renta Activa de Inserción, que incluye una ayuda en caso de cambio de residencia para hacer efectiva la protección de la mujer.
– La ayuda económica establecida en el artículo 27 dela Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; así como las ayudas que establezcan al efecto las Comunidades Autónomas.
– Derechos laborales y de seguridad social:
- – Reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica, cambio de centro de trabajo, suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y extinción de la relación laboral. La suspensión y extinción de la relación laboral permiten acceder a la protección por desempleo si se cumplen los requisitos generales.- Las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violenca de género se considerarán justificadas.
– Las trabajadoras por cuenta propia que cesen en la actividad para hacer efectiva su protección o derecho a la asistencia social integral pueden suspender la obligación de cotización durante 6 meses.
– Solicitud de permiso de residencia por circunstancias excepcionales, que sólo será concedido cuando recaiga la sentencia condenatoria, y solicitud de permiso de residencia independiente de los familiares reagrupados.
– Acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores.
Para descargar el modelo de solicitud de orden de protección, pincha aquí .
EL 40% DE ALICANTINAS MALTRATADAS DESCONOCEN LAS AYUDAS. GUÍA DE AYUDAS.
TELÉFONO 016 CONTRA EL MALTRATO.
LEA AQUÍ LA GUÍA/ http://www.migualdad.es/violencia-mujer/GuiaDchos/castellano.pdf
GUÍA DE LOS
DERECHOS DE LAS
MUJERES VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA DE
GÉNERO
Con la campaña «Yo doy la cara por las mujeres maltratadas, ¿y tú?», Tolerancia Cero confía en «conseguir que la población de la Comuntiat se implique en la lucha contra la violencia de género»
FOLLETO EN FRANCÉS, INGLÉS, ÁRABE, BÚLGARO, CHINO, RUSO, RUMANO (Clic)
Cerca del 40% de las mujeres valencianas de entre 18 y 30 años desconocen todos los recursos existentes para ayudar a las víctimas de la violencia machista, según revela un estudio de la Fundación de la Comunitat Valenciana frente a la Discriminación y los Malos Tratos-Tolerancia Cero.
Para Selvi resulta «muy significativo» que el 40% por ciento de los encuestados entre los 18 y 30 años, «en su mayoría mujeres», admiten que «no conocen todos los recursos a su disposición» contra la violencia machista y para ayudar a una mujer víctima de malos tratos.
Por ello, ha destacado la importancia de que «no falte la información a ninguna mujer en la Comunitat Valenciana» y, por tanto, asegura que ésa debe ser una de las principales iniciativas que las Administraciones públicas pongan en marcha a partir de ahora.
Con la campaña «Yo doy la cara por las mujeres maltratadas, ¿y tú?», Tolerancia Cero confía en «conseguir que la población de la Comunitat se implique en la lucha contra la violencia de género», ha indicado Selvi.
La Fundación ha organizado hoy un acto con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la mujer, en el que han participado la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Respecto a la implicación de populares y socialistas en la lucha contra la violencia machista, ha valorado que ambos «tienen en común que ninguno de los dos grandes partidos es capaz de decir no a la ayuda a las mujeres que sufren malos tratos».
LAS PROVINCIAS-25-11-2008
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http://www.diariometro.es/es/article/2008/02/27/18/0304-67/index.xml
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