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CRECEN LOS PRESUPUESTOS 2009 A LAS COMUNIDADES Y AYUNTAMIENTOS
.Solbes dice que comunidades y ayuntamientos recibirán 114.307 millones en 2009, un 2,8% más
EP – 30/09/2008 12 : 50
El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, aseguró hoy que los Presupuestos Generales del Estado para 2009 contemplan que el conjunto de las administraciones territoriales, comunidades autónomas y ayuntamientos, recibirán 114.307 millones de euros el próximo año, un 2,8% más que en el ejercicio anterior.
En la rueda de prensa para presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2009, Solbes explicó que las aportaciones del Estado en concepto de gasto no financiero a las administraciones territoriales supondrán 53.109 millones, un 33,6%, del total de 157.604 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,3%.
No obstante, Solbes precisó que guiarse por este porcentaje es «erróneo», pues hay que añadir las aportaciones en concepto de ingresos, que aumentarán un 4,4% en 2009, hasta los 60.843 millones de euros.
La suma de ambos arroja una cifra total de 113.862 millones de euros, un 2,4%, al que se añadirán el pago de los anticipos de 2009 por 445 millones de euros que las entidades locales recibirán este mismo año, lo que arroja una aumento final del 2,8%.
Los presupuestos se reducen en 2009 para ocho de los 17 ministerios
Economía, PGE
EP – 30/09/2008 12 : 47
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Ocho de los 17 ministerios verán reducidos el próximo año reducidas las partidas asignadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), mientras que Trabajo e Inmigración e Industria, Turismo y Comercio registrarán los mayores crecimientos, según la distribución por secciones de los gastos no financieros.
Los mayores descensos en la asignación presupuestaria corresponden a Ciencia e Innovación, que recibirá en 2009 un total de 3.420,27 millones de euros, un 5,1% menos, y a Sanidad y Consumo con 705,96 millones, un 4,6% menos.
También se reducen las partidas correspondientes a Presidencia, con 274,89 millones (-3,7%), a Defensa con 8.237,93 millones (-3%), a Cultura con 814,55 millones (-2,7%), a Medio Ambiente y Medio Rural y Marino con 4.144,69 millones (-1,2%), a Economía y Hacienda con 2.966,01 millones (-0,3%) y a Asuntos Exteriores y Cooperación con 1.739,41 millones (-0,2%).
MAYORES CRECIMIENTOS: TRABAJO E INDUSTRIA.
Por su parte, el mayor incremento en el gasto por secciones corresponde a Trabajo e Inmigración, que eleva su partida en 2009 hasta 8.804,13 millones de euros, un 35,7% más, si bien este incremento se limita al 4,9% al excluir el Servicio Público de Empleo Estatal (6.804,13 millones).
También registra un fuerte crecimiento el gasto para Industria, Turismo y Comercio, que se eleva a 2.596,71 millones, lo que se traduce en una progresión del 25,4% en comparación con el ejercicio precedente.
IGUALDAD Y VIVIENDA.
Por su parte, la partida de Igualdad aumenta un 22,1%, hasta 80,96 millones de euros, mientras que la correspondiente a Vivienda se eleva a 1.586,93 millones de euros, lo que representa un alza del 16,8%.
Las asignaciones crecen de forma más moderada en los restantes ministerios, con incrementos del 6,3% en Justicia (1.618,32 millones), del 6,1% para Educación, Política Social y Deporte (3.819,18 millones), del 3,8% para Administraciones Públicas (677,38 millones), del 2,6% para Fomento (8.104,55 millones) y del 2,1% para Interior (7.964,16 millones).
La noche más larga
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@María Igartua – 30/09/2008 06:00h
Discriminación de las personas discapacitadas
Discriminación de las personas discapacitadas
A partir de hoy, cualquier vulneración de las normas de accesibilidad o igualdad de oportunidades podrá acarrear multas de hasta un millón de euros
“Cualquier discriminación que afecte o tenga como víctima a una persona con discapacidad puede y debe ser denunciada”. Así de rotundo se muestra el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en un informe elaborado por el departamento de Asesoría Jurídica. La consigna trata de defender los derechos de los 3,5 millones de personas con alguna discapacidad física, sensorial o psíquica que viven en España. A partir de hoy, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la sociedad cuenta con un nuevo instrumento para alcanzar la igualdad real y efectiva: la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
- Autor: Por AZUCENA GARCÍA
- Fecha de publicación: 27 de marzo de 2008
Contenido de la norma
El actual ordenamiento legal cuenta con varias normas para garantizar la igualdad de las personas discapacitadas. La Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) y la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) son las más destacadas. Sin embargo, a partir de hoy se une a ellas un nuevo instrumento: la Ley que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Su entrada en vigor es acogida con tanta esperanza como cautela, tras varias denuncias de incumplimiento de la normativa existente. “Es un avance que haya una ley de sanciones, pero pedimos que se cumpla y, sobre todo, que se aplique”, subraya el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA), Javier Font.
(Imagen: Daniel Lobo)
El objetivo de la nueva norma es, como su nombre indica, establecer un régimen sancionador “eficaz” ante las infracciones que vulneren la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Se considera que estos principios se incumplen cuando se producen acosos, vulneración de las exigencias de accesibilidad, falta de respeto a las medidas de acción positiva y discriminaciones directas o indirectas, esto es: cuando en una situación análoga o comparable una persona con discapacidad es tratada de manera menos favorable que otra que no lo es o cuando una disposición legal, una decisión unilateral o un criterio colocan en desventaja a una persona discapacitada.
Las personas discapacitadas buscan terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”
La elaboración de la norma contó con la participación del Cermi estatal como transmisor de las peticiones de las personas discapacitadas, interesadas en terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”, según recuerda el Cermi. De acuerdo a este principio, la Ley reconoce la posibilidad de denunciar la actitud tanto de personas físicas como jurídicas. Incluso, si los responsables de la infracción son varios y resulta difícil determinar el grado de participación de cada uno de ellos, la normativa ve posible imputar a todos una responsabilidad solidaria.
Régimen de infracciones y sanciones
Las sanciones muy graves podrán ascender a un millón de euros o acarrear la suspensión total de ayudas oficiales
El texto de la Ley establece que las infracciones pueden hacer referencia a los ámbitos de las telecomunicaciones y sociedad de la información, espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, transportes; bienes y servicios a disposición del público, y relaciones con las administraciones públicas. Quedan excluidas las consultas en el ámbito del empleo y la ocupación. En cuanto a los denunciantes, reconoce que pueden ser personas con discapacidad, sus familias y representantes legales, así como las organizaciones representativas y asociaciones en las que se integran. Por último, según la importancia de la infracción, ésta se considerará leve, grave y muy grave.
- Las infracciones leves serán aquéllas que incumplan los principios de la LIONDAU y supondrán multas desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de 30.000 euros.
- Se considerarán infracciones graves los actos discriminatorios, el incumplimiento de un requerimiento administrativo o de las exigencias de accesibilidad y cualquier forma de presión que se ejerza sobre aquella persona -con discapacidad, física o jurídica- que haya entablado o pretenda entablar una acción legal. Estas infracciones se penalizarán con sanciones de hasta 90.000 euros.
- Las infracciones serán muy graves cuando se dé una conducta de acoso, el incumplimiento reiterado de los requerimientos administrativos específicos y cualquier forma de presión sobre las autoridades que pretendan ejecutar las medidas previstas en la LIONDAU. Las sanciones podrán ascender a un millón de euros y, en algunos casos, acarrearán también la supresión, cancelación o suspensión total o parcial de las ayudas oficiales relacionadas con el ámbito en el que se produce la infracción.
No obstante, la Ley prevé unos plazos de prescripción de las infracciones. En concreto, las leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cuatro años. Por su parte, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los cuatro años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años. “De cualquier modo, el abono de las multas impuestas no exime del cumplimiento del resto de las obligaciones que impone la Ley de Igualdad de oportunidades y accesibilidad universal”, recuerda la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).
Dónde presentar las denuncias
Si bien la nueva norma de infracciones y sanciones entra en vigor a partir de este momento, las personas con discapacidad cuentan desde 2005 con la Oficina Permanente Especializada (OPE). Constituida como un órgano de carácter consultivo, permanente y especializado dentro del Consejo Nacional de la Discapacidad, la OPE realiza funciones de asesoramiento, análisis y estudio de denuncias y consultas presentadas por personas discapacitadas. Este organismo aconseja sobre la vía de actuación más adecuada, remite a la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad un informe sobre los hechos y propone al Pleno del Consejo una serie de recomendaciones para prevenir o lograr que cese la acción considerada discriminatoria.
Este órgano aconseja sobre la vía de actuación más adecuada para realizar una consulta o presentar una denuncia
La OPE no es, por lo tanto, un órgano resolutivo. Se limita a prestar asesoramiento y apoyo legal, sin tratar de sustituir la labor profesional de los abogados. Su creación se basa en la necesidad de atender a las personas que son objeto de discriminación o consideran vulnerado su derecho a la igualdad de oportunidades por tener reconocida una discapacidad. En este sentido, las personas físicas que solicitan ayuda deben acreditar un grado de minusvalía igual o superior al 33% o bien percibir una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez, así como una pensión de clases pasivas de jubilación o retiro por inutilidad para el servicio.
Una vez estudiada la consulta, la OPE decide si puede ser admitida a trámite o no, es decir, “si los hechos denunciados pueden ser investigados o no”. Si se admite a trámite, informa a la persona denunciante sobre todos los pasos que conforman el procedimiento y le permite conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de su expediente. Las formas de contactar con la OPE son mediante:
- Correo ordinario o presencia física, en la oficina central (Paseo de la Castellana 67, Madrid)
- Correo electrónico ope@mtas.es
Las llamadas telefónicas se atienden en horario de 9:00 a 14:00 horas, mientras que la información presencial requiere cita previa. Además, la OPE cuenta con un plazo de un mes para dar respuesta a las consultas planteadas y un periodo de dos meses para concluir el expediente informativo.
“Estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados”, afirman desde FAMMA
Otros lugares a los que se puede acudir son las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social, los Juzgados de guardia y la Oficina de Denuncias de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (ODAT), inaugurada por FAMMA en 2001. Hasta ella llegan cada año medio millar de consultas relacionadas con cuestiones de accesibilidad en edificios y responsabilidad de las comunidades de propietarios. Su creación se debió a la gran demanda de personas que, según Font, “no sabían adónde dirigirse para reclamar”. La función de la ODAT es asesorar y prestar ayuda. “Reivindicamos la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas para nuestra integración, pero, en realidad, estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados, personas que por edad u otra circunstancia padecerán algún tipo de discapacidad a lo largo de su vida”, agrega Font.
Adaptación de la OPE
Sus dependencias disponen de un sistema de comunicación multidisciplinar, plazas de aparcamiento reservadas y un interior totalmente accesible
Además, se ha comprobado la accesibilidad de los transportes públicos que llegan hasta la OPE, existen plazas reservadas a quienes tienen tarjeta de aparcamiento para minusválidos y el interior del edificio es accesible a todas las personas con discapacidad en un grado alto: se han instalado rampas alternativas a las escaleras, los baños y aseos son adaptados, los ascensores están previstos para personas usuarias de sillas de ruedas, las botoneras están a una distancia mínima, los pulsadores están en bajorrelieve y en braille, y el interior del despacho al que acceden las personas con discapacidad tiene espacio suficiente de maniobrabilidad.
Publicado en CONSUMER Eroski.
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