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La Ley Dependencia llega a los tribunales por el retraso en su aplicación
El retraso en aplicar la Ley de Dependencia llega a los tribunales
Información 8-11-20080
ÁFRICA PRADO Los padres de Ayeisa Méndez, paralítica cerebral alicantina de 26 años y con una discapacidad del 85%, han recurrido a los tribunales para que se aplique la Ley de Dependencia y su hija pueda acceder a una de las prestaciones que contempla la norma, en vigor desde abril de 2007. Año y medio después de que la familia presentara su solicitud a la Conselleria de Bienestar Social, la joven aún no ha sido siquiera valorada para determinar su grado de dependencia, a pesar de que su parálisis le impide valerse por sí misma y necesita el cuidado de una tercera persona.
La familia presentó ayer una demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante contra la Conselleria de Bienestar Social «frente a la inactividad de la administración» tras agotar los recursos previos correspondientes por silencio administrativo y sin haber obtenido respuesta alguna por este departamento. Esta demanda es casi con total certeza la primera sobre este asunto que llega a los tribunales de la provincia, según han señalado desde los juzgados alicantinos. Tampoco la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ni la Federación de Discapacitados Físicos de Alicante (Cocemfe) tienen constancia de que se haya presentado una denuncia similar, ni en el Ayuntamiento de Elche, que dispone de un servicio jurídico de atención a la dependencia.
El padre de Ayeisa, Javier Méndez, ha señalado a este diario que en junio de 2007 presentaron la solicitud a la Conselleria de Bienestar Social y al transcurrir el tiempo sin respuesta «llamamos y nos dijeron que faltaba documentación y volvieron a pedírnosla, hemos llamado hasta tres veces y nos dijeron que ya la valorarían, hasta hoy». Su abogado, David Gandía, presentó un recurso de alzada a Bienestar Social el pasado mes de abril ante el silencio administrativo negativo y, transcurrido el nuevo plazo correspondiente sin respuesta, interpuso ayer la demanda en el juzgado.
El padre de la joven apunta que la vía judicial «es la única posibilidad de que te reconozcan el derecho que da una ley porque la administración no está contestando a nada y al final tendrá que ser un juez quien dictamine». Javier Méndez recuerda que reclamó el reconocimiento de su hija «porque esta ley venía a cubrir un vacío, pero después de tanto tiempo sin ninguna solución yo me siento timado». Consciente de que su caso también tardará en resolverse en los tribunales, apunta que «lo hacemos para sentar un precedente y que a los que vengan detrás de ella les sirva», tras indicar que «la responsabilidad es de la administración, que se pongan de acuerdo entre la central y la autonómica y si nos tienen que dar un servicio, que nos lo den».
Javier Méndez explica que su hija, que utiliza silla de ruedas y tiene paralizada el habla desde su nacimiento, acude al centro Infanta Elena para paralíticos cerebrales hasta las 5 de la tarde y entre su mujer y él se distribuían sus cuidados «porque hay que hacerle de todo, la parálisis le afectó el lado izquierdo y hay que vestirla, asearla, levantarla…». Su mujer había dejado de trabajar para ocuparse de ella y darse de alta en la Seguridad Social en cuanto le concedieran la prestación como cuidadora familiar, pero ello aún no ha sido posible.
David Gandía, abogado de Infogest, indica que «es un caso que se va a ganar por pura dejadez de la administración, el problema es que con la carencia de medios que hay en la Administración de Justicia, la resolución puede tardar otros dos años y la familia, además de sufrir el silencio administrativo, sufrirá el colapso judicial». En su opinión, «es inaceptable que se apruebe una ley y no se esté ejecutando en la Comunidad Valenciana».
Valoradores de Valencia a reducir el atasco de 2007
Una veintena de valoradores de la provincia de Valencia realizan desde hace unos días reconocimientos del grado de dependencia en la provincia de Alicante, ante el «atasco» de expedientes de 2007 que aún están sin valorar y, por consiguiente, sin resolver, según han confirmado fuentes de servicios sociales.
Las mismas fuentes señalaron que dichos técnicos han empezado a trabajar con expedientes atrasados de la Marina Alta y lo harán en otras comarcas, ya que los 9 valoradores de la provincia (6 para valoraciones y 3 para tareas administrativas) se centrarán en atender las solicitudes de la mitad sur de la provincia. Como se recordará, los técnicos formados para esta tarea en Alicante fueron contratados con diez meses de retraso respecto a los de Valencia, y hasta el pasado mes de febrero no se incorporaron a sus tareas.
En la provincia se han presentado más de 12.000 solicitudes.
FUGA DE PROFESIONALES DEJA EN CUADRO EL HOSPITAL DE DENIA
La marcha de profesionales deja en cuadro el hospital de Dénia
El retraso en la apertura del nuevo hospital de Beniadlà está provocando una verdadera fuga de profesionales del hospital de Dénia, ya que el personal opta por trasladarse a centros donde tienen una plaza segura.
S. G. El personal sanitario de la comarca no sabe ya qué hacer y sigue sin encontrar respuestas sobre cuándo se va a producir el traslado al nuevo hospital de Beniadlà y en qué condiciones. La paciencia se agota, y eso está haciendo mella en el actual hospital de la Pedrera y en la atención primaria. Resulta imposible dar citas para consultas externas y el colapso en especializada crece, además, porque la fuga de profesionales ante tanta incertidumbre supera ya todos los registros. Departamentos como radiología, cardiología, rehabilitación o pediatría están auténticamente en cuadro en estos momentos.
Los contactos mantenidos esta semana por la Junta de Personal del Departamento de Salud número 13, que agrupa a los representantes sindicales del ramo en la Marina Alta, no han fructificado. El miércoles, se reunieron con ellos el director del área, Ignacio López Benito, y la directora de Enfermería, Carmen Miñano. La Junta de Personal les trasladó el malestar de los trabajadores por lo que está implicando la incertidumbre sobre las fechas del traslado, que cada semana que pasa se van retrasando.
En esa reunión, López Benito indicó que las previsiones actuales son que el nuevo hospital abra sus puertas el 1 de diciembre. Con tantas dudas y retrasos, los problemas crecen tanto para los propios profesionales como para los usuarios.
En lo meramente laboral, resulta imposible planificar las vacaciones, y a algunos eventuales está a punto de expirarles el precontrato sin que se haya materializado el traspaso a Marina Salud. Y esas dudas no quedaron resueltas en la reunión, según lamentaban ayer fuentes de la junta de personal.
En lo referente a la afección que la situación está teniendo en los ciudadanos, tampoco hay avances. Los médicos siguen sin poder dar citas, pues no se sabe cuándo las consultas pasarán a ser asumidas por Marina Salud en el nuevo hospital.
A este respecto, el director del departamento comunicó en la reunión con la empresa concesionaria de la gestión sanitaria se hará cargo de las consultas a partir del 15 de noviembre, lo que causó, si cabe, aún más estupefacción entre los sindicatos. «¿Donde se pasarán esas consultas?¿En el actual hospital?¿Y con qué personal?», se preguntaban ayer los sindicatos.
Las conclusiones de la reunión se explicaron el jueves en una asamblea de la Junta de Personal, en la que quedó patente el creciente desánimo de los trabajadores. «La gente está muy desencantada, porque no se puede dar cita a los usuarios y, a la vez, muy preocupada» por que sigue habiendo falta de concreción por parte de la conselleria y de Marina Salud sobre las condiciones laborales en la nueva etapa. Ni siquiera se han respetado algunos extremos teóricamente pactados, según la Junta de Personal, a la hora de establecer complementos y otros detalles de los contratos. INFORMACIÓN 08-11-2008
El Hospital General investiga la muerte de dos mujeres por posible negligencia
LEY DE LA INFORMACIÓN
Nuestro derecho a conocer
España es de los pocos países europeos que no dispone de una ley reguladora del derecho de acceso a la información pública. Se lo han recordado la semana pasada los periodistas y editores agrupados en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) al presidente del Gobierno, que se comprometió a enviar el proyecto al Congreso en esta legislatura. A ver si es cierto, porque disponer de información pública sobre los más variados asuntos –económicos, asistenciales, sobre infraestructuras…–forma parte del derecho constitucional de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, consagrado en el artículo 23 de la Carta Magna. Es decir: un país es más democrático cuando sus ciudadanos tienen reconocido y regulado el derecho a conocer información de la actividad de las distintas Administraciones Públicas.
En España puede ejercerse el llamado “derecho de petición” pero, frente a su vigencia, las instancias públicas aplican con persistencia digna de mejor causa el silencio administrativo. Esto no es de recibo: España debe aproximarse la Fredom of Information Act de los Estados Unidos que ha legitimado a muchos ciudadanos para exigir conocimiento de cuestiones de índole delicada –no secreta, ni clasificada—pero que la Administración no quería trasladar a la opinión pública. Además la ley de acceso a la información pública no tiene sólo una utilidad política sino también práctica, profesional y académica.
La ley es de particular importancia para los profesionales del mundo de la comunicación—desde los que trabajan en los medios hasta los que lo hacemos en la consultoría—porque sin necesidad de recabar el favor de funcionario y/o autoridad podremos disponer de mimbres para nuestros cestos profesionales y alcanzar conocimientos mediante informaciones cuyo origen es indubitado y oficial. Además, los ámbitos universitarios y los investigadores –tanto científicos como humanísticos—dispondrán también de una herramienta especialmente idónea desde el punto de vista profesional.
Este tipo de leyes son normas participativas que construyen el concepto de ciudadanía. El ciudadano no es un súbdito, ni un innominado sujeto identificable por su DNI, tampoco simplemente el titular de un sufragio cuando llegan las elecciones. El ciudadano es un instituto jurídico titular de derechos y de obligaciones a quien las Administraciones Públicas deben tratar con respeto y consideración porque, tanto individual como colectivamente, están a su servicio. El derecho a saber, a estar informado implica la socialización del conocimiento de las actividades de las Administraciones Públicas que tienden casi de forma inercial a la opacidad. La falta de transparencia –lo estamos observando en esta crisis económica—conduce a un cierto oscurantismo que reduce considerablemente la calidad democrática de las sociedades que dicen disponer de un sistema de libertades.
El derecho a acceder a información pública no puede reducirse, sin embargo, a la actividad de las Administraciones Públicas. Debe alcanzar también a otras instancias: por ejemplo, el Congreso, el Senado y el Poder Judicial. La luz de la transparencia informativa debe ser transversal, sin recovecos oscuros y sin reservas. Porque servirá así a los ciudadanos, pero disciplinará a políticos y funcionarios e introducirá esa ética de la responsabilidad en función de la cual las cosas se hacen mejor cuando pueden ser contempladas y valoradas desde fuera.
Por esas razones y algunas más que afectan a la gestión global del conocimiento y el manejo de la comunicación, la ley de acceso a la información pública es un compromiso del presidente del Gobierno que, a instancias de SIP, deberíamos exigir se cumpliese a la mayor brevedad. Sencillamente: porque queremos saber y tenemos derecho a ello.
José Antonio Zarzalejos es vicepresidente ejecutivo de Corporate Affairs de Llorente & Cuenca
LA INCAPACITACIÓN Y LA CONSTITUCIÓN FORMAL DE LA TUTELA
La próxima Ley del Libro Segundo del Código Civil ofrecerá la posibilidad de que las personas que saben que, por una enfermedad o discapacidad, en un futuro no podrán valerse por sí mismas, puedan designar a un apoderado que vele por sus intereses, sin necesidad de ser declarado judicialmente incapaz.
BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)
La Conselleria de Justicia, según explica en el borrador, considera que la incapacitación es un recurso «demasiado drástico», y con este cambio pretende «flexibilizar la respuesta jurídica» a la pérdida de las facultades psíquicas y físicas, para que «no siempre sea necesaria la incapacitación y la constitución formal de la tutela».
De esta forma, intenta acabar con las designaciones de tutores, que se realizan «con excesiva frecuencia» justo antes de solicitar la incapacitación, y sobre las que pesa «una sombra de sospecha de captación de la voluntad por parte del designado» o cuando el designante ya no era plenamente capaz.
Por eso, si se aprueba el capítulo dos, se declararán ineficaces las designaciones efectuadas cuando se haya iniciado el proceso de incapacitación, resolución judicial que podrá seguir pidiéndose cuando sea necesario. Además, las personas que por ley deban ser los tutores y el Ministerio Público podrán oponerse a las designaciones.
Asimismo, el capítulo seis permite que las personas con una disminución no incapacitante, como los ancianos o los discapacitados psíquicos o físicos leves, puedan designar a un asistente para que vele por ellos y sus bienes. Se trata de un instrumento que «puede ser muy útil», ya que la incapacitación resulta «desproporcionada» en estos casos.
En cuanto a las entidades no lucrativas dedicadas al cuidado de personas discapacitadas y menores, el nuevo articulado permite que pueda excusarse, por ejemplo, si no disponen de los medios suficientes para llevar a cabo una tutela adecuada.
El anteproyecto de ley del Libro Segundo, relativo a la persona y la familia, también incorpora al derecho civil catalán la figura del patrimonio protegido, por la que no se pueden vender ni alquilar determinados bienes –que será inscritos en un registro–, para así poder satisfacer las necesidades vitales futuras de una persona con una discapacidad psíquica (33%) o física (65%) de cierta gravedad o en una situación de dependencia severa (de grados II y III).
IU llevará al Constitucional la privatización de la sanidad pública
Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una iniciativa para llevar al Tribunal Constitucional un recurso contra lo que considera la «privatización generalizada» de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid.
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, ha anunciado en la Cámara Baja la presentación de esta proposición no de ley, cuyo éxito dependerá del grado de implicación del Gobierno, que hasta ahora, y en concreto el ministro de Sanidad, Bernat Soria, se encuentra «de brazos cruzados» pese a que la Comunidad de Madrid «hurta» competencias estatales.
Evitar la privatización
«El Estado no se entera; la administración central no es capaz de reaccionar al mayor ataque al Estado social, ya que la concepción de la sanidad como un negocio por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid le sitúa al margen de la Constitución», ha destacado el diputado de la federación.
Acto seguido, ha resumido la evolución de un proceso que IU quiere paralizar con un pronunciamiento del Tribunal Constitucional: «Asistimos, por activa de la Comunidad de Madrid y por pasiva del Estado, al desmantelamiento de los servicios públicos de salud, una labor de termita de la Comunidad que medida a medida convierte un derecho constitucional en un negocio de amigos».
La situación ha motivado que Llamazares presentara ayer una proposición no de ley que, tras el consiguiente debate en pleno -lo que el coordinador general de IU quiere que ocurra cuanto antes-, inste al Gobierno a estudiar «la posible incompatibilidad de la generalización» de la entrada de empresas privadas en los hospitales madrileños con el mantenimiento del servicio público.
Pedir la inconstitucionalidad
Igualmente, según recoge el texto de la iniciativa, pide al Ejecutivo que interponga un recurso de inconstitucionalidad y que de todo ello informe al Parlamento, para lo cual IU sugiere un plazo: 2009.
La proposición no de ley está justificada con una pormenorizada exposición jurídica de lo que Izquierda Unida considera «una vulneración» de la Carta Magna.
Llamazares, en conferencia de prensa, ha subrayado que IU, mediante esta iniciativa, acordada con la federación de Madrid y con diversas organizaciones sociales, pretende «defender las competencias estatales y la Constitución frente a la rebeldía de los ultraliberales, quienes pretenden desmantelar el Estado social y su joya de la corona: el sistema de servicios públicos sanitarios».
Izquierda Unida, además, trasladará una extensa documentación sobre este asunto al Defensor del Pueblo para que la institución sopese la posibilidad de presentar otro recurso de inconstitucionalidad.
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AYUDAS FAMILIAS NUMEROSAS
Nuevas ayudas a las familias numerosas
Ayudas directas y fiscales centran el apoyo institucional en la familia, que en España no supone ni el 18% de la media europea
- Autor: Por GRACIA TERRÓN
- Fecha de publicación: 20 de febrero de 2008
Ayudas estatales
– Imagen: hortongrou –
Más de millón y medio. Es el número de hogares que en España entra dentro de la categoría de familia numerosa. Una cifra más que suficiente para ser tomada en consideración, algo que no siempre ocurre. En España queda todavía mucho camino por recorrer para alcanzar el nivel de ayudas que reciben las familias europeas (donde de media se destina un 2,1% del PIB para ayudas a las familias, frente al 0,85% español), aunque lo cierto es que en nuestro país se ha incrementado notablemente el número y la cuantía de las subvenciones que recibe este grupo. Además de los beneficios que se establecen en todo el ámbito estatal, como la reducción de las cuotas de la Seguridad Social, descuentos en el transporte e instituciones culturales… cada vez son más las comunidades autónomas que van incorporando ayudas directas y fiscales para las familias numerosas. No obstante, las diferencias son notables entre ellas. Mientras País Vasco, Navarra, Cantabria y Cataluña disponen de las subvenciones más generosas, en otras zonas, las ayudas son casi testimoniales.
¿Qué es una familia numerosa?
En España, hasta hace pocos años el modelo típico de familia numerosa era aquella formada por uno o dos ascendientes con tres o más hijos, sean o no comunes. No obstante, la legislación actual también otorga el calificativo de «numerosa» a la familia que cumple otra serie de requisitos. Por ejemplo, disfrutan de las ayudas concedidas a este tipo de estructuras familiares las que cuentan con uno o dos ascendientes con dos hijos (comunes o no), y al menos uno de los hijos minusválido o incapacitado para trabajar o las que están compuestas por dos ascendientes con dos hijos (comunes o no), cuando los progenitores son minusválidos, están incapacitados para trabajar, o al menos uno de ellos cuenta con un grado de discapacidad igual o superior al 65%.
Además, pueden disfrutar de las subvenciones por familia numerosa los hogares en los que el padre o la madre estén separados o divorciados pero tengan a su cargo tres o más hijos, comunes o no, aunque formen parte de distintas unidades familiares, si están bajo su dependencia económica y aunque no vivan en el hogar conyugal. De igual forma, dos hermanos huérfanos de padre y madre, sometidos a tutela, acogimiento o guarda, sin estar a expensas del tutor, acogedor o guardador también pueden disfrutar de las ayudas estatales y autonómicas reconocidas a las familias numerosas. Lo mismo les sucede cuando el núcleo familiar se compone de tres o más hermanos huérfanos de padre y madre mayores de 18 años o dos, si uno es discapacitado, que convivan y tengan dependencia económica entre sí.
Conviene saber también que la legislación actual contempla dos categorías de familias numerosas:
- Especiales: Las familias con 5 ó más hijos, las que tengan 4 hijos si al menos 3 de ellos proceden de parto, adopción o acogimiento múltiples y las que tengan 4 hijos cuando los ingresos per cápita de la unidad familiar no superen el 75% del salario mínimo interprofesional vigente, incluidas pagas extraordinarias.
- Generales: En la categoría general se insertan las restantes familias.
Cuando en la familia numerosa haya discapacitados, cada uno de ellos se contabiliza como dos hijos a la hora de determinar la categoría.
Ayudas específicas
Todos los hogares que ostenten el título de familia numerosa gozan de forma automática de las ayudas concedidas a éstas en España, siempre que hayan solicitado el título que otorga en cada comunidad autónoma el organismo competente (suelen ser las Oficinas de Asuntos Sociales). De entrada, por disponer del título, el Estado concede a las familias numerosas una serie de beneficios, entre los que destacan los siguientes:
- La concesión de 3.500 euros de ayuda directa universal para familias numerosas por el nacimiento o adopción de cada nuevo hijo con el que se amplíe la familia, siempre que los ingresos anuales no superen los 15.903,65 euros (esta cantidad se amplía en 2.575,95 euros más por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido). En este caso, el beneficiario puede ser cualquiera de los progenitores o adoptantes. Ésta es la última ayuda concedida a familias numerosas con carácter estatal, en vigor desde el año 2007.
- Bonificación del 45% de las cuotas de la Seguridad Social por la contratación de un cuidador al servicio de la familia numerosa. De esta ayuda se beneficia el miembro de la familia que figure como contratante del cuidador.
- Incremento del límite de ingresos para tener derecho a la asignación económica de la Seguridad Social por hijo a cargo menor de 18 años.
- Extensión del período considerado como cotizado y de reserva del puesto de trabajo en caso de excedencia por cuidado de hijo.
- Derechos de preferencia para conseguir becas, reducción del 50% (para la categoría general), o exención (para la categoría especial) de tasas y precios públicos en el ámbito de la educación.
- Derecho al subsidio por necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad para el transporte y comedor.
- Bonificaciones del 20% o 50% en las tarifas de transporte por carretera, ferrocarril y marítimo (dependiendo de la categoría).
- Descuento del 10% o el 50% (según categoría) en las tarifas aéreas nacionales.
- Derechos de preferencia en el acceso de actividades de ocio del IMSERSO (turismo y termalismo social) y bonificación en las cuotas.
- Bonificaciones en los precios de museos, auditorios y teatros estatales.
- En materia de vivienda: acceso a ayudas financieras, subsidiación de préstamos, facilidades para cambio de vivienda en caso de incremento del número de miembros, adaptación en caso de discapacidades, alquileres, etc.
INYECCIÓN DE MILLONES DEL BCE y DESPIDOS A LA VISTA
La pensión media de jubilación se sitúa en septiembre en 817,52 euros, el 7,2% más
La pensión media de jubilación se sitúa en septiembre en 817,52 euros, el 7,2% más
La pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), ascendió a 722,06 euros, con un aumento interanual del 6,8 por ciento.
El número de pensiones contributivas de la Seguridad Social se situó en 8.415.469, con un incremento del 1,5 por ciento respecto a septiembre del año pasado.
Según los datos del Ministerio, el gasto que supone el pago mensual de todas las pensiones sumó 6.076,4 millones de euros, el 8,4 por ciento más que un año antes.
En el noveno mes del año, las pensiones por jubilación alcanzaron las 4.951.144 unidades, lo que representa cerca de la mitad del total de pensiones, y se situaron por delante de las de viudedad (2.254.561) y de las de incapacidad permanente (911.712).
Por detrás se situaron las pensiones de orfandad, con 260.309 unidades, y las pensiones a favor de familiares, con 37.743.
La pensión media mensual más alta correspondió a la de jubilación con 817,52 euros, seguida de cerca por la de incapacidad permanente, con 803,54 euros y un aumento del 5,4 por ciento.
La pensión de viudedad se incrementó el 6,2 por ciento, hasta los 530,13 euros, en tanto que la pensión media a favor de familiares fue de 429,70 euros, el 7,4 por ciento más.
ALICANTE SE MANIFIESTA HOY UNIDA CON ALTADIS. UN PLAN PARA RICOS Y POBRES.
Cierre de fábrica Altadis doblará tasa paro industrial en Alicante, según UGT
Alicante, (EFECOM).- El cierre de la fabrica de Altadis en Alicante, propiedad de Imperial Tobacco y en la que trabajan 338 empleados, duplicará la tasa de paro industrial de la ciudad, actualmente en el 24,53 por ciento, ha advertido hoy el secretario general de UGT en l´Alacantí, Óscar Llopis.
HOY TODA ALICANTE ESTÁ CON ALTADIS.
MANIFESTACIÓN EN APOYO DE LAS FAMILIAS DE LOS TRABAJADORES
Los trabajadores de Altadis se manifestarán hoy, a partir de las 19.30 horas, desde el instituto Jorge Juan y estarán acompañados por miembros de los dos grupos municipales del Ayuntamiento de Alicante (PP y PSPV-PSOE), además de por alcaldes de otros municipios y representantes de EU, de Esquerra Republicana del País Valenciano, del Partido Comunista y del Bloc.
Los sindicatos han convocado a los representantes de sus federaciones comarcales y varias asociaciones de vecinos han confirmado su apoyo y asistencia a esta manifestación, que se producirá a la vez que el paro de 24 horas en la factoría convocado por el comité europeo a partir de las 6.30 horas de mañana.
Las organizaciones sindicales remitieron escritos de adhesión a la protesta a los partidos con representación en Les Corts, por lo que han deseado que la Cámara autonómica se pronuncie de manera oficial contra la decisión de la Tabacalera.
EL PLAN ANTICRISIS DE LOS DEMÓCRATAS
Paulson (i) y Bernanke (d) (Efe).
El Congreso norteamericano aprobará esta semana un plan de rescate para ricos y pobres
@Elena Herrero-Beaumont.- – 22/09/2008 06:00h
Este fin de semana, los Demócratas en el Congreso de los Estados Unidos han expresado con contundencia que únicamente respaldarán un plan de rescate si se toma en consideración no sólo los intereses de Wall Street y del sistema financiero global, sino también los de millones de norteamericanos afectados por las hipotecas subprime.
El mundo entero espera con ansia la mayor intervención que ningún gobierno occidental se ha visto obligado a ejecutar desde los años 30. Desde este viernes, Ben Bernanke, el Presidente de la Reserva Federal, y Hank Paulson, el Secretario del Tesoro norteamericano, explican a los atónitos congresistas el estado de las finanzas globales. “Jamás he escuchado este tipo de lenguaje tan brutal en la Cámara”, les dijo el Congresista Demócrata, Christopher Dodd, a los periodistas del New York Times.”La historia entera parece pender de un hilo”.
Ningún representante se atrevió a compartir con la prensa los detalles de lo que les dijeron el viernes Paulson y Bernanke, pero sí que reprodujeron a los periodistas la impactante y gráfica metáfora a la que se remitieron los máximos responsables de la política monetaria del país en su discurso ante el Congreso: “Imagínense que las finanzas están arrolladas en una bobina de hilo que cada día que pasa se reduce más y más”.
Para evitar una hecatombe financiera sin precedentes, Demócratas y Republicanos se han visto obligados a pactar como nunca antes habían hecho. “Jamás había visto al Congreso llegar tan rápido a un acuerdo de que hay que intervenir”, dijo a El Confidencial Charles W. Calomiris, profesor de Instituciones Financieras de la Columbia Business School en Nueva York.
El plan rápidamente trazado por Paulson y Bernanke supone crear, con un presupuesto de 700.000 millones de dólares, un gigante financiero que compre y gestione hipotecas, así como todos aquellos productos financieros derivados de las mismas. En principio, los representantes de ambos partidos políticos en el Congreso se han mostrado proclives a respaldar el proyecto, pero las discrepancias comienzan a surgir ahora en lo referente a los detalles.
Las demandas de los Demócratas
“La Administración de Bush no ha ofrecido ningún plan, tan sólo un concepto por el que se ha de pagar un precio impresionante,” criticó este domingo Barack Obama, el candidato Demócrata a la Casa Blanca, en un mitin político en Carolina del Norte. Obama y otros muchos Demócratas consideran que el plan tiene que ir dirigido a proteger los intereses de la llamada ‘Main Street’, término que se emplea con frecuencia en Estados Unidos para referirse a lo que le afecta al norteamericano de a pie, en contraposición a los generalmente sofisticados intereses de aquellos que integran Wall Street.
Para los Demócratas es inminente que se produzcan aumentos significativos en las ayudas a los propietarios de casas. Ayudas orientadas a impedir que continuen las ejecuciones hipotecarias. “Tenemos que llegar a un acuerdo los Demócratas y los Republicanos para aprobar un plan que ponga dinero en los bolsillos de la clase trabajadora”, afirmó Obama en su mitin.
Según informó a este diario el economista Calomiris, que está en contacto directo con la evolución de la negociación, Paulson está dispuesto a aceptar esta petición de los Demócratas. “Este compromiso entre Wall Street y Main Street es esencial para llegar a un acuerdo de verdad”, aseguró, añadiendo su absoluta certeza de que a finales de esta semana se habrá aprobado el plan. “Basándome en los informes que he leído hasta ahora, estoy bastante optimista”.
El carácter apolítico de Paulson y Bernanke
Aunque la crisis financiera y los sucesivos paquetes de medidas que se han ido aprobando por el Congreso han suscitado todo tipo de respuestas políticas, lo cierto es que tanto Paulson como Bernanke están recibiendo un claro apoyo de parte de Demócratas y Republicanos. “Ambos gozan de una fuerte credibilidad en uno u otro bando”, dijo Calomiris. Su proceder encierra un pragmatismo no muchas veces visto en aquellos que han dirigido estas institciones en el pasado. En una crisis como la actual está resultando un verdadero motor de avance. “Esto sí que es una dosis de buena suerte”, reconoció el economista.
Pero en el caso de que no se terminara aprobando un plan por discrepancias políticas en torno a los detalles, las consecuencias serían tan dramáticas que muchos expertos, como Calomiris, prefieren no pensar en ellas. “Yo siempre digo que es importante no exagerar, pero en estas circunstancias trato de no pensar en lo que sucedería si esta intervención no se hace realidad de manera inminente”.
El fracaso de «los ‘neocon’ que tanto aplaudió Rajoy»
Zapatero proclama el fracaso de «los ‘neocon’ que tanto aplaudió Rajoy»
El presidente anuncia que la inversión en infraestructuras de transporte subirá el 6%
ANABEL DÍEZ – Valladolid – 22/09/2008
Viva la socialdemocracia, abajo los neocon. En esta proclama puede sintetizarse el discurso que José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, hizo ayer en Valladolid ante correligionarios castellano-leoneses y de otras federaciones de España. El líder socialista remachó ante los suyos su fe en la socialdemocracia y aseguró que ahora, en plena crisis económica internacional y en España, sólo cabe mirar a las políticas clásicas socialdemócratas: «El mayor fracaso de teoría económica tiene nombres y apellidos, son los neoconservadores, que tanto empleó Reagan y que tanto aplaudieron Aznar y Rajoy».
José luis Rodríguez zapatero
A FONDO
Zapatero atacó con dureza las contradicciones de los defensores a ultranza del liberalismo, que pasan, dijo, de denostar al Estado a pedir que intervenga y salve a empresas, bancos y aseguradoras. «¡Cuánto liberalismo asimétrico! Que las cosas fluyan cuando ganamos mucho dinero pero que venga el Estado si hay pérdidas», dijo Zapatero a modo de descripción de la situación que se está dando en EE UU. A su juicio, el Estado siempre debe tener «algo que decir» para defender a los ciudadanos de las turbulencias ocasionadas por la ausencia de controles y de regulación, amén de la voracidad de cargos ejecutivos con sueldos «insoportables».
Para demostrar que va a aplicar políticas socialdemócratas en la economía española, el presidente del Gobierno anunció que la partida de infraestructuras de transporte subirá en los Presupuestos de 2009 un 6%. Buena parte se lo llevará la red ferroviaria de alta velocidad, que tendrá un impulso especial en Galicia y Castilla y León. Y en seguida vino el requerimiento al líder del PP, Mariano Rajoy: «Le pregunto si va a unirse al esfuerzo colectivo con los sindicatos, con los empresarios, con la mayoría de la sociedad, para hacer frente a la crisis»; si dice que sí, puntualizó Zapatero, que lo demuestre con un «gesto».
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