Archivo
Familia y crisis en Alicante
La crisis golpea a las familias alicantinas con el embargo de cinco hogares cada día
La crisis económica sigue castigando las economías familiares de la provincia. Los juzgados han dictado hasta octubre casi 1.800 órdenes de embargo de propiedades familiares por el impago de deudas.
Las consecuencias de la crisis económica comienzan a dejarse notar de manera contundente en los juzgados de la provincia. El número de notificaciones de embargos tramitadas a las familias de Alicante aumenta a un ritmo «preocupante» hasta alcanzar los 1.783 asuntos al cierre del pasado mes de octubre.
El departamento del Servicio Común de la capital, encargado de la gestión de estas comunicaciones en el partido judicial de Alicante, ha visto cómo este año los procesos relacionados con impagos se han incrementado en un 25%. Una realidad que se traduce en el hecho de que 360 familias más que hace tan solo un año están sufriendo dificultades económicas, viviendo bajo la amenaza de perder sus bienes si no responden a sus deudas.
El volumen de casos extremos en los que por decisión judicial se determina la ejecución de los embargos ha crecido a igual ritmo, con un total de 118 lanzamientos de tipo hipotecario -órdenes dictadas para que se despoje a una persona de sus posesiones- puestos en marcha hasta el pasado 30 de octubre. Una cifra que contrasta con los parámetros del mismo periodo del año anterior en el que se llegaron a materializar un total de 57 casos, según los últimos datos barajados por el departamento de Notificaciones.
Los balances nacionales confirman estos pronósticos con estadísticas que sitúan en cerca de un centenar el volumen de familias que se han declarado en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos y quiebras) durante el tercer trimestre del año por la imposibilidad de afrontar sus deudas, lo que supone un incremento del 385% respecto al mismo periodo del año anterior.
La plataforma vecinal de Los Palmerales pide al IVVSA que reconsidere los desahucios en el barrio
…los vecinos que habitan en las viviendas sociales de la Generalitat Valenciana y que no estaban al día en el pago de las cuotas de alquiler han ido recibiendo la notificación de desahucio del IVVSA.
Por este motivo, la plataforma vecinal convocó el pasado viernes por la noche a los afectados para tratar de encontrar una solución que no conlleve la salida de las familias del barrio. A la cita acudieron unos 150 afectados, y acordaron pedir al IVVSA que reconsidere las órdenes de desahucio y se siente a tratar, individualmente, cada caso.
El presidente de la plataforma vecinal, Juan Guilló, explicó que «nuestra petición es que el IVVSA sea más flexible porque cada caso es diferente y hay viviendas en las que se deben 400 euros y otras en las que se deben 3.000 euros, por lo que hay que buscar una solución diferente para cada familia«. Los vecinos afectados dirigirán un escrito al IVVSA pidiéndole flexibilidad y que irá acompañado por otros individuales de cada caso con el fin de que cada afectado sea llamado por separado.
Juan Guilló admitió que «esta gente sabe que debe dinero y está dispuesta a pagarlo pero sólo puede hacerlo poco a poco. Por ejemplo, pagando una cantidad mensual que se sume a la del alquiler». Guilló explicó que «la mayoría de estos vecinos sólo está cobrando la ayuda familiar o se dedica a la chatarra que ha caído mucho con la crisis». Información.-09-11-2008
Los «hipotecados» piden la suspensión de pagos
La Unión de Propietarios con Viviendas Hipotecadas con Intereses Impagables de Elche celebró ayer una asamblea donde acordó unirse a entidades similares para manifestarse por todo el país. La plataforma exige que las personas puedan usar la suspensión de pagos como lo hacen las empresas. Los afectados evaluaron la propuesta del Gobierno de aplazar el pago de parte de la hipoteca y concluyeron, según su portavoz, Luis Felipe Naranjo, que «no soluciona nada porque aplaza el problema».
La Comunidad, a la cola en la integración de discapacitados
La Comunidad Valenciana ocupa el penúltimo lugar en el nivel de cumplimiento de las empresas de la Ley de Integración de Minusválido (Lismi), con 12,9%, una cifra que supera sólo a la de Andalucía, según recoge la III edición del Observatorio Fundación Grupo SIFU sobre Empresa y Discapacidad.
Alicante Alacant Siempre 
Comentarios recientes