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«COMO EL FARAÓN ZOSER…»
GRANDES PROYECTOS
El coste de construcción de la Ciudad de las Artes se elevará a 1.300 millones con el Ágora
…..Camarasa se expresó en estos términos en un comunicado en relación a la visita realizada por Gerardo Camps a las obras del Ágora, la penúltima de las obras en marcha del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, cuyo coste asciende ya a 1.300 millones de euros.
En este sentido apuntó que «Camps, como el faraón Zoser, que ordenó al arquitecto egipcio Imhotep la construcción de su propia pirámide, ha encargado a Calatrava la realización del Ágora porque no podía soportar que el proyecto socialista de la Ciudad de las Ciencias hubiese sido ejecutado por Zaplana».
Camarasa criticó que el «capricho personal de Camps cueste a los valencianos 60 millones de euros para la celebración de un campeonato de tenis». Del mismo modo, apuntó que el titular de Economía «en vez de visitar las obras del Ágora, debería pensar que está pasando en la Ciudad de la Luz» que, según aseguró, «cada año que pasa ingresa menos dinero por rodajes, 135.000 euros en 2007, y pierde más dinero, 22.000.000 ( millones) euros en el mismo año».
El Consell no frena las pérdidas de los grandes proyectos, que superaron los 184 millones
FINANZAS, BENEFICIOS Y CRISIS
* BME ganó 103 millones en el primer semestre e igualó sus resultados de 2007
El «holding» Bolsas y Mercados Españoles (BME), que agrupa a las cuatro bolsas –Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia-, obtuvo un beneficio neto atribuido de 103,13 millones de euros en el primer semestre de este año, el 0,1 por ciento más que los 102,97 del mismo periodo de 2007…
* Moody’s rebaja la calificación de Bancaja y la CAM por sus riesgos en la construcción
* El Consell avala con 600 millones planes para reactivar la banca, la obra pública y las pymes
El ex director del INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACION fue condenado a pagar al banco 1,8 millones
……De otro lado, explica el KBC a la Audiencia, el Ivex también se aprovechó del dinero de los avales, ya que, según la sentencia penal que condenó a Tabares en 2006, del dinero de los avales destinado a Sonotube -empresa de Lagier-, 2.722.663 euros se destinaron a «pagar una deuda que ellos mismos habían generado con el Arab Bank en la cuenta del Ivex, recuerda dicha deuda a la cantidad de 492.220 euros».
De aquella sentencia, pues, deduce que hubo receptación civil y, además, que el Ivex puede ser demandando como responsable porque en ningún momento se dice que no lo pueda ser, aunque en aquél caso nadie lo acusó porque el resto de bancos lo habían pactado así con la Generalitat.
ECONOMIA Y SOCIEDAD
LOS GRANDES PROYECTOS VALENCIANOS ENDEUDADOS
7 DE AGOSTO 2008
Las empresas públicas y vinculadas a grandes proyectos perdieron 184 millones en 2007
Las empresas y fundaciones públicas vinculadas a los grandes proyectos de la Comunitat perdieron el año pasado algo más de 184 millones de euros, entre las que destacan el grupo Ciudad de las Artes y las Ciencias, con un déficit de 62,76 millones, y Sociedad Proyectos Temáticos, con 54,41 millones.
El Gobierno subraya que las inversiones de la Generalitat han caído un 50% en un año
El delegado Ricardo Peralta constata con datos de los constructores que las obras del Estado crecen un 14%
INFORMES
Valencia está a la cola de las ciudades españolas en la transparencia de su gestión
Joan Sifre: «Hay motivos para que todos estemos asustados ante la crisis económica»
AGRICULTURA
El campo acusa a la Generalitat de gestionar de forma caótica las ayudas del pago único
Los agricultores reclamarán al Consell que deje de financiar a Intercitrus por su inoperancia
Una fábrica de zumos acapara la mayor parte de las ayudas para empresas alimentarias
Zuvamesa recibe cerca del 60% de todo el presupuesto disponible para este año
Discriminación de las personas discapacitadas
Discriminación de las personas discapacitadas
A partir de hoy, cualquier vulneración de las normas de accesibilidad o igualdad de oportunidades podrá acarrear multas de hasta un millón de euros
“Cualquier discriminación que afecte o tenga como víctima a una persona con discapacidad puede y debe ser denunciada”. Así de rotundo se muestra el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en un informe elaborado por el departamento de Asesoría Jurídica. La consigna trata de defender los derechos de los 3,5 millones de personas con alguna discapacidad física, sensorial o psíquica que viven en España. A partir de hoy, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la sociedad cuenta con un nuevo instrumento para alcanzar la igualdad real y efectiva: la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
- Autor: Por AZUCENA GARCÍA
- Fecha de publicación: 27 de marzo de 2008
Contenido de la norma
El actual ordenamiento legal cuenta con varias normas para garantizar la igualdad de las personas discapacitadas. La Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) y la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) son las más destacadas. Sin embargo, a partir de hoy se une a ellas un nuevo instrumento: la Ley que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Su entrada en vigor es acogida con tanta esperanza como cautela, tras varias denuncias de incumplimiento de la normativa existente. “Es un avance que haya una ley de sanciones, pero pedimos que se cumpla y, sobre todo, que se aplique”, subraya el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA), Javier Font.
(Imagen: Daniel Lobo)
El objetivo de la nueva norma es, como su nombre indica, establecer un régimen sancionador “eficaz” ante las infracciones que vulneren la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Se considera que estos principios se incumplen cuando se producen acosos, vulneración de las exigencias de accesibilidad, falta de respeto a las medidas de acción positiva y discriminaciones directas o indirectas, esto es: cuando en una situación análoga o comparable una persona con discapacidad es tratada de manera menos favorable que otra que no lo es o cuando una disposición legal, una decisión unilateral o un criterio colocan en desventaja a una persona discapacitada.
Las personas discapacitadas buscan terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”
La elaboración de la norma contó con la participación del Cermi estatal como transmisor de las peticiones de las personas discapacitadas, interesadas en terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”, según recuerda el Cermi. De acuerdo a este principio, la Ley reconoce la posibilidad de denunciar la actitud tanto de personas físicas como jurídicas. Incluso, si los responsables de la infracción son varios y resulta difícil determinar el grado de participación de cada uno de ellos, la normativa ve posible imputar a todos una responsabilidad solidaria.
Régimen de infracciones y sanciones
Las sanciones muy graves podrán ascender a un millón de euros o acarrear la suspensión total de ayudas oficiales
El texto de la Ley establece que las infracciones pueden hacer referencia a los ámbitos de las telecomunicaciones y sociedad de la información, espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, transportes; bienes y servicios a disposición del público, y relaciones con las administraciones públicas. Quedan excluidas las consultas en el ámbito del empleo y la ocupación. En cuanto a los denunciantes, reconoce que pueden ser personas con discapacidad, sus familias y representantes legales, así como las organizaciones representativas y asociaciones en las que se integran. Por último, según la importancia de la infracción, ésta se considerará leve, grave y muy grave.
- Las infracciones leves serán aquéllas que incumplan los principios de la LIONDAU y supondrán multas desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de 30.000 euros.
- Se considerarán infracciones graves los actos discriminatorios, el incumplimiento de un requerimiento administrativo o de las exigencias de accesibilidad y cualquier forma de presión que se ejerza sobre aquella persona -con discapacidad, física o jurídica- que haya entablado o pretenda entablar una acción legal. Estas infracciones se penalizarán con sanciones de hasta 90.000 euros.
- Las infracciones serán muy graves cuando se dé una conducta de acoso, el incumplimiento reiterado de los requerimientos administrativos específicos y cualquier forma de presión sobre las autoridades que pretendan ejecutar las medidas previstas en la LIONDAU. Las sanciones podrán ascender a un millón de euros y, en algunos casos, acarrearán también la supresión, cancelación o suspensión total o parcial de las ayudas oficiales relacionadas con el ámbito en el que se produce la infracción.
No obstante, la Ley prevé unos plazos de prescripción de las infracciones. En concreto, las leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cuatro años. Por su parte, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los cuatro años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años. “De cualquier modo, el abono de las multas impuestas no exime del cumplimiento del resto de las obligaciones que impone la Ley de Igualdad de oportunidades y accesibilidad universal”, recuerda la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).
Dónde presentar las denuncias
Si bien la nueva norma de infracciones y sanciones entra en vigor a partir de este momento, las personas con discapacidad cuentan desde 2005 con la Oficina Permanente Especializada (OPE). Constituida como un órgano de carácter consultivo, permanente y especializado dentro del Consejo Nacional de la Discapacidad, la OPE realiza funciones de asesoramiento, análisis y estudio de denuncias y consultas presentadas por personas discapacitadas. Este organismo aconseja sobre la vía de actuación más adecuada, remite a la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad un informe sobre los hechos y propone al Pleno del Consejo una serie de recomendaciones para prevenir o lograr que cese la acción considerada discriminatoria.
Este órgano aconseja sobre la vía de actuación más adecuada para realizar una consulta o presentar una denuncia
La OPE no es, por lo tanto, un órgano resolutivo. Se limita a prestar asesoramiento y apoyo legal, sin tratar de sustituir la labor profesional de los abogados. Su creación se basa en la necesidad de atender a las personas que son objeto de discriminación o consideran vulnerado su derecho a la igualdad de oportunidades por tener reconocida una discapacidad. En este sentido, las personas físicas que solicitan ayuda deben acreditar un grado de minusvalía igual o superior al 33% o bien percibir una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez, así como una pensión de clases pasivas de jubilación o retiro por inutilidad para el servicio.
Una vez estudiada la consulta, la OPE decide si puede ser admitida a trámite o no, es decir, “si los hechos denunciados pueden ser investigados o no”. Si se admite a trámite, informa a la persona denunciante sobre todos los pasos que conforman el procedimiento y le permite conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de su expediente. Las formas de contactar con la OPE son mediante:
- Correo ordinario o presencia física, en la oficina central (Paseo de la Castellana 67, Madrid)
- Correo electrónico ope@mtas.es
Las llamadas telefónicas se atienden en horario de 9:00 a 14:00 horas, mientras que la información presencial requiere cita previa. Además, la OPE cuenta con un plazo de un mes para dar respuesta a las consultas planteadas y un periodo de dos meses para concluir el expediente informativo.
“Estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados”, afirman desde FAMMA
Otros lugares a los que se puede acudir son las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social, los Juzgados de guardia y la Oficina de Denuncias de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (ODAT), inaugurada por FAMMA en 2001. Hasta ella llegan cada año medio millar de consultas relacionadas con cuestiones de accesibilidad en edificios y responsabilidad de las comunidades de propietarios. Su creación se debió a la gran demanda de personas que, según Font, “no sabían adónde dirigirse para reclamar”. La función de la ODAT es asesorar y prestar ayuda. “Reivindicamos la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas para nuestra integración, pero, en realidad, estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados, personas que por edad u otra circunstancia padecerán algún tipo de discapacidad a lo largo de su vida”, agrega Font.
Adaptación de la OPE
Sus dependencias disponen de un sistema de comunicación multidisciplinar, plazas de aparcamiento reservadas y un interior totalmente accesible
Además, se ha comprobado la accesibilidad de los transportes públicos que llegan hasta la OPE, existen plazas reservadas a quienes tienen tarjeta de aparcamiento para minusválidos y el interior del edificio es accesible a todas las personas con discapacidad en un grado alto: se han instalado rampas alternativas a las escaleras, los baños y aseos son adaptados, los ascensores están previstos para personas usuarias de sillas de ruedas, las botoneras están a una distancia mínima, los pulsadores están en bajorrelieve y en braille, y el interior del despacho al que acceden las personas con discapacidad tiene espacio suficiente de maniobrabilidad.
Publicado en CONSUMER Eroski.
El Síndic renuncia a auditar todas las empresas públicas
El Síndic renuncia a auditar todas las empresas públicas El País 13/marzo/2008
Palabras claves: dinero público, empresas públicas -gestión privada, sin auditoria.Ivvsa gasta 20 millones sin presupuesto……Pésdidas en CEAM,etc..
Moreno se queja del papel de la Sindicatura de Comptes
El Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, rechazó ayer que sea necesario que el organismo que preside audite la totalidad de las empresas públicas valencianas, ya que todas son supervisadas por «una empresa privada contratada por la Intervención General» de la Generalitat.
Vicente Queralt compareció ayer en la comisión de Economía de las Cortes Valencianas, donde se debatió sobre el informe de fiscalización de la cuenta general de la Generalitat de 2006, en el que se detectaron facturas escondidas en los cajones de la Consejería de Sanidad por importe de casi 1.224 millones de euros.
El Síndic explicó que los informes de fiscalización «no tienen que ser reiterativos, ya que las empresas públicas y las fundaciones han sido objeto de una auditoría de una empresa contratada por la Intervención General».
Queralt se pronunció así tras las quejas de la portavoz socialista Cristina Moreno, que criticó que este año la Sindicatura de Comptes solo auditará el 42% de las empresas públicas y organismos autónomos del Consell. Moreno, que hizo referencia al trato amable que recibe Queralt del Consell y las Cortes en comparación con los desaires que se le hacen a Emilia Caballero como Síndic de Greuges, se quejó de que los controles de la Sindicatura de Comptes ya se redujeron en 2006, al fiscalizarse el 73,3%, frente al 89% de 2005. «No es lo mismo una fiscalización general que una revisión formal de cuentas», dijo Moreno, que invitó al Síndico a pedir más medios.
La portavoz adjunta socialista denunció en las cuentas de la Generalitat de 2007 se dejarán de auditar empresas como la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, Ferrocarrils de la Generalitat o el Instituto Valenciano de la Vivienda, pese a que esa empresa pública dejó en 2006 «20 millones de euros de facturas en los cajones».
Queralt argumentó que la Sindicatura de Comptes no puede crecer al mismo ritmo que el sector público. Las Cortes Valencianas aplazaron ayer la mayoría de los puntos del orden del día de las tres comisiones parlamentarias fijadas y tras la jornada de hoy no tendrán actividad hasta la segunda semana de abril.
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