CHILE PAGARÁ A LA FAMILIA DEL SACERDOTE ALICANTINO DESAPARECIDO EN LA DICTADURA DE PINOCHET

Chile pagará 128.000 euros a la familia Llidó por la desaparición del cura en 1974

El juez condena a cuatro militares a siete años de prisión por el secuestro del sacerdote de Xàbia

Fotografia del cura alicantino de Xávia

ALFONS GARCIA / EFE Ha costado décadas y el paso por varios tribunales, pero la desaparición del sacerdote de Xàbia, Antoni Llidó, en 1974 durante el régimen dictatorial chileno de Augusto Pinochet no quedará en el pozo del olvido. El juez especial Jorge Zepeda ha condenado a cuatro militares retirados a siete años de prisión cada uno por el secuestro calificado (desaparición) del clérigo. Además, el magistrado ordena al Estado chileno a pagar una indemnización de 100 millones de pesos (casi 128.000 euros) a Josefa Llidó, la hermana de la víctima y responsable de la querella.
Entre los militares considerados autores del delito está el general Manuel Contreras, el ex jefe de los servicios secretos de Pinochet (la temida DINA, Dirección de Inteligencia Nacional), quien ya se encuentra encerrado por otras violaciones de los derechos humanos.
El resto de culpables son Marcelo Moren Brito y Miguel Ktasnoff Marchenko, ambos de la cúpula de la DINA, y el ex suboficial Basclay Zapata, acusado como torturador.
El juez ha absuelto a otros tres oficiales procesados (Francisco Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana y Orlando Manzo Duránal) al no haberse logrado acreditar su participación en los hechos.
La familia Llidó había logrado el desafuero del dictador Pinochet para que también fuera incluido en la causa, pero la muerte del general en diciembre de 2006 cerró esta puerta.
La condena de prisión es baja (siete años) debido a que no se ha podido aplicar el delito de homicidio, ya que el cuerpo del sacerdote nunca ha aparecido.
Las distintas partes tienen cinco días ahora para recurrir. Josefa Llidó aún no ha tomado una decisión, pero no cree que lo haga, pues duda de que se pueda alcanzar una condena mayor. «Creo que hemos llegado al máximo donde podíamos alcanzar judicialmente», afirmó ayer a INFORMACION. La hermana del sacerdote se da así por satisfecha con el reconocimiento de que Antoni fue secuestrado por los militares, que hicieron luego desaparecer su cuerpo. «Son muchos años», comentó.
Lo que sucedió con los restos es una incógnita que posiblemente quede sin resolver. «Los responsables de estos crímenes fueron muy eficientes para tratar de no dejar rastros», dijo el abogado, Héctor Salazar.