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La Audiencia Nacional dice que a Garzón no le compete investigar crímenes franquistas

viernes, noviembre 28, 2008 Deja un comentario

La Audiencia Nacional dice que a Garzón no le compete investigar crímenes franquistas

AGENCIAS. 28.11.2008 – 14:01h /20 Minutos

La Audiencia Nacional dice que a Garzón no le compete investigar crimenes franquistas

  • Catorce de los jueces han votado a favor de declararlo incompetente.
  • Garzón se inhibió el día 18 en favor de los juzgados territoriales.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido por 14 votos a favor que el juez  Baltasar Garzón no es competente en la investigación sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, de la que se inhibió en favor de los juzgados territoriales.

Los 18 magistrados que componen este órgano han tomado esta decisión tras el incidente de competencia que promovió el fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para apartar a Garzón de la investigación y sobre los recursos de apelación y queja que presentó contra el auto en el que el magistrado se declaraba competente para asumir esta causa.

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ORDEN DE PROTECCIÓN. ¿Cómo se solicita?

martes, noviembre 25, 2008 Deja un comentario

Orden de Protección

¿En que consiste? En aquellos casos en los que existen indicios fundados de un delito o falta contra la vida, la integridad física o moral, la libertad sexual, la libertad o la seguridad, la víctima, a través de un procedimiento judicial rápido y sencillo, obtiene una resolución judicial que contempla medidas cautelares de naturaleza civil y penal.

¿Dónde se regula? Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica. (BOE. Núm. 183, 1 de agosto de 2003)

¿Quién la pide?– Cualquier persona víctima de violencia física o psíquica por parte de su cónyuge, ex cónyuge, persona con análoga relación de afectividad, hijos o padres), su representante legal o las personas de su entorno familiar más inmediato.

– El Ministerio Fiscal.

– El juez de oficio.

¿Cómo se solicita?A través de un formulario único disponible en las Comisarías, el Juzgado de Guardia, los servicios sociales municipales, autonómicos o estatales, el Ministerio Fiscal o las Oficinas de Atención a las Víctimas.

¿Dónde se presenta? Ante el Juzgado de Guardia, el Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de atención a las víctimas o los servicios sociales e instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones Públicas.

Las entidades u organismos asistenciales con conocimiento de situaciones de violencia doméstica deberán ponerlas en conocimiento inmediato del juez de guardia o del Ministerio Fiscal.

¿Cuál es el procedimiento? El juez de instrucción de guardia, convoca a la víctima, a su representante legal, al solicitante, al Ministerio Fiscal y al agresor, asistido en su caso, de abogado a una audiencia de carácter urgente en un plazo máximo de 72 horas desde la presentación de la solicitud. El juez escucha a las partes por separado.

Celebrada la audiencia, el juez de guardia resuelve mediante auto lo que proceda sobre la solicitud de protección, así como sobre el contenido y vigencia de las medidas que incorpore.

La orden de protección se notifica a las partes y es comunicada por el juez inmediatamente, mediante testimonio íntegro, a la víctima y a las Administraciones públicas competentes para la adopción de las medidas de protección oportunas.

La orden se inscribe en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica.

¿Qué protección establece?Medidas penales: El juez, atendiendo a las circunstancias, puede acordar la prisión provisional del presunto agresor, salida del agresor del domicilio familiar y prohibición de volver al mismo, prohibición de residir o acudir a determinados lugares, prohibición de aproximación y/o comunicación con la víctima, suspensión del derecho a la tenencia o porte de armas.

Medidas civiles: Deben ser solicitadas por la víctima o su representante legal, y en caso de existir menores o incapaces, también puede solicitarlas el Ministerio Fiscal, todo ello siempre que no hubieren sido acordadas previamente por un órgano jurisdiccional civil.

Pueden consistir en la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, determinación del régimen de guarda y custodia, visitas, comunicación y estancia con los hijos, el régimen de prestación de alimentos. El juez, excepcionalmente, podrá autorizar a la mujer que concierte con una agencia o sociedad pública la permuta del uso atribuido de la vivienda familiar de la que sea copropietaria con el presunto agresor, por el uso de otra vivienda.

Las medidas civiles contenidas en la orden de protección tendrán una vigencia temporal de 30 días. Para que se prorroguen en el tiempo, es necesario presentar dentro de este plazo una demanda de separación, divorcio, nulidad matrimonial, filiación, o alimentos. En este caso, las medidas seguirán en vigor durante los 30 días siguientes a la presentación de la demanda y en ese plazo el juez civil deberá decidir si las mantiene o no vigentes.

Una vez obtenida, la orden de protección permite acceder a otros derechos:

Renta Activa de Inserción, que incluye una ayuda en caso de cambio de residencia para hacer efectiva la protección de la mujer.

La ayuda económica establecida en el artículo 27 dela Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; así como las ayudas que establezcan al efecto las Comunidades Autónomas.

Derechos laborales y de seguridad social:

    – Reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica, cambio de centro de trabajo, suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y extinción de la relación laboral. La suspensión y extinción de la relación laboral permiten acceder a la protección por desempleo si se cumplen los requisitos generales.- Las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violenca de género se considerarán justificadas.

    – Las trabajadoras por cuenta propia que cesen en la actividad para hacer efectiva su protección o derecho a la asistencia social integral pueden suspender la obligación de cotización durante 6 meses.

Solicitud de permiso de residencia por circunstancias excepcionales, que sólo será concedido cuando recaiga la sentencia condenatoria, y solicitud de permiso de residencia independiente de los familiares reagrupados.

Acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores.
Para descargar el modelo de solicitud de orden de protección, pincha aquí icono.

25 de noviembre, contra la violencia de género

martes, noviembre 25, 2008 Deja un comentario

Teléfono  gratuito 016, no deja marcado el número.

Servicios ofrecidos

  • Atención gratuita y profesional

  • Atención las 24 horas del día los 365 días del año

  • Atención consultas procedentes de todo el territorio

  • Derivación de llamadas de emergencia al 112

  • Coordinación de servicios similares de las Comunidades Autónomas

  • Información a las mujeres víctimas de violencia de género y a su entorno sobre qué hacer en caso de maltrato

  • Información sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de este tipo de violencia

  • Asesoramiento jurídico

  • Atención a en seis idiomas: castellano, catalán, gallego, vasco, inglés y francés

  • 900 116 016 para personas sordas o con discapacidad auditiva

El TSJ suspende la reforma que impuso el PP para echar a la Síndica y poner al marido de una consellera

sábado, noviembre 8, 2008 Deja un comentario

Emilia Caballero, la Síndic cesada, era querida por todas las personas con discapacidad por su defensa y tutela y por sus nobles actuaciones en defensa de la justicia a los humildes.emilia-caballeroLEVANTE 07-11-2008

El juez da la razón al PSPV frente a las Corts y anula cautelarmente la medida ante los “visos manifiestos de posible infracción”, ya que un reglamento no puede cambiar una ley. La Cámara recurre la paralización

J. G. G., Valencia
La sala de lo contencioso administrativo número 2 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha ordenado la suspensión cautelar de la modificación del reglamento de funcionamiento del Síndic de Greuges aprobada en solitario por el grupo popular el pasado 16 de julio con el fin de apartar del cargo a la Síndica de Greuges en funciones, Emilia Caballero. Los populares, molestos por los informes críticos con el Consell de la Adjunta primera al Síndic, colocaron en su lugar al Adjunto segundo, Carlos Morenilla, marido de la consellera de Turismo, Angélica Such. Tras la aprobación de la modificación reglamentaria -que cambiaba la ley del Síndic-, Morenilla asumió el cargo el 1 de julio relegando a Caballero. El juez adopta la suspensión “dados los visos manifiestos de la posible infracción del principio de jerarquía normativa”. Es decir, que un reglamento no puede modificar una ley…..

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LA JUSTICIA DE POBRES Y LA JUSTICIA DE RICOS EN PUBLICIDAD Y VENTAS

jueves, octubre 16, 2008 Deja un comentario

JUSTICIA A

En ALICANTE Las sanciones leves de la venta ambulante variarán desde el apercibimiento hasta los 750 euros o suspensión de la actividad por un mes; las graves oscilarán entre 300 y 1.500 euros o suspensión de la actividad hasta tres meses; y, por último, las muy graves podrán ser desde 600 hasta 3.000 euros y conllevar la suspensión de la actividad hasta seis meses, la revocación de la licencia o la imposibilidad de obtener autorización para instalarse en el término municipal de Alicante. Además, el Consistorio podrá decomisar la mercancía cuya procedencia no esté acreditada.

JUSTICIA B

La Agencia de Protección de Datos ha comunicado a la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) de Alicante que ha impuesto una sanción a Viviendas Sociales del Mediterráneo, del promotor Enrique Ortiz, por el listado de solicitantes de viviendas en el Plan Rabasa. La multa asciende a 601.01 euros ya que se trata de una infracción leve…

NOTICIAS

El paseo de Gómiz, en imagen de archivo, suele acoger «manteros»
MULTIMEDIA

CLARA R. FORNER E l Ayuntamiento de Alicante va a sustituir la actual ordenanza de venta ambulante por otra normativa que, entre otras novedades, regula la ocupación de la vía pública por los artistas callejeros y eleva las sanciones graves desde 90 hasta 3.000 euros.
La Junta de Gobierno Local del próximo lunes someterá a aprobación el proyecto para la ordenanza reguladora de la venta y realización
Fuentes municipales explicaron ayer que la actual ordenanza reguladora de la venta en vía pública y espacios abiertos había quedado desfasada ya que resultaba muy genérica y no recogía, por ejemplo, el caso de los artistas callejeros, que ahora se regula por separado. Ahora se establecerá qué documentación deben aportar y qué tasas tendrán
También se han actualizado las sanciones, que en la ordenanza vigente van de «0 a 15.000 pesetas», es decir, desde un apercibimiento
Las sanciones leves variarán desde el apercibimiento hasta los 750 euros o suspensión de la actividad por un mes; las graves oscilarán entre 300 y 1.500 euros o suspensión de la actividad hasta tres mese; y, por último, las muy graves podrán ser desde 600 hasta 3.000 euros y conllevar la suspensión de la actividad hasta seis meses, la revocación de la licencia o la imposibilidad de obtener autorización para instalarse en el término municipal de Alicante. Además, el Consistorio podrá decomisar la mercancía cuya procedencia no esté acreditada.
Se considerarán infracciones muy graves, por ejemplo, la venta de alimentos sin autorización sanitaria y que puedan poner en riesgo la salud; la continuidad en las infracciones o la venta de productos falsificados.

Protección de Datos multa a Ortiz por la lista de viviendas de Rabasa

La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas ironiza y afirma estar contenta con la sanción de 601 euros para que el promotor no se vea debilitado

El promotor Enrique Ortiz JOSÉ NAVARRO

REDACCIÓN La Agencia de Protección de Datos ha comunicado a la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) de Alicante que ha impuesto una sanción a Viviendas Sociales del Mediterráneo, del promotor Enrique Ortiz, por el listado de solicitantes de viviendas en el Plan Rabasa. La multa asciende a 601.01 euros ya que se trata de una infracción leve, según informó ayer la citada plataforma.
El colectivo señaló ayer a través de un comunicado que la Agencia de Protección de Datos le ha dado la razón en su denuncia “de utilización sesgada de la voluntad de esas más de 7.000 personas, que acudieron de buena fe en busca de vivienda, encontrándose con una manipulación de sus intenciones y, al fin y a la postre, defraudadas den sus esperanzas”.
Según recuerda el colectivo, Enrique Ortiz abrió una oficina -cuando se produjo la aprobación inicial del Plan Rabasa y se adjudicó a Viviendas Sociales del Mediterráneo- para que se inscribieran los interesados en obtener un piso. La plataforma lo denunció al considerar “que aquello constituía una manipulación flagrante de las necesidades básicas de miles de personas, pues se ocultaba que ni la aprobación era definitiva -aún no lo es- ni, desde luego, las viviendas estarían disponibles hasta que pasaran muchos años”. La PIC supo de “la recogida de datos personales de los solicitantes de informacion” y sospechó de “la existencia de un fichero automatizado de datos sin el consentimiento de los interesados”, de ahí que lo denunciara.
La PIC expresa su contento por el hecho de que la multa sea “tan baja” pues afirma que, “en época de crisis no quisiera contribuir a debilitar la confianza en un arraigado promotor urbanístico, siempre caracterizado por la austeridad y la moderación ni, mucho menos, a la CAM que, es interesante recordar, aporta el crédito para el Plan Rabasa”.

La mayoría de los jueces censura el “apaño” del nuevo Poder Judicial

miércoles, septiembre 10, 2008 Deja un comentario

La mayoría de los jueces censura el “apaño” del nuevo Poder Judicial
La asociación Francisco de Vitoria tilda de “fraude de ley” el pacto de PP y PSOE – Marlaska: “Es una bofetada al 50% de la judicatura”
10/09/2008
Los representantes de los jueces no asociados -el 50% del total- y la asociación Francisco de Vitoria -que agrupa al 25% de los afiliados a alguna asociación profesional- denunciaron ayer el “apaño” para formar el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el supuesto “fraude de ley” que supone el pacto entre PSOE y PP. Ese acuerdo no incluyó en el gobierno de los jueces a ningún magistrado no inscrito en alguna asociación, es decir, a ningún independiente.

La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que presentó su candidatura con firmas de no asociados, ha declarado a EL PAÍS: “La decisión es una bofetada al 50% de la carrera judicial. Está claro que los independientes no gustamos ni en Génova ni en Ferraz, y que los políticos han callado su voz”.

El nuevo CGPJ, encargado de los nombramientos, de la vigilancia a los profesionales y de informar sobre leyes fundamentales, arranca así con la indignación de la mayoría de los profesionales, que lo consideran poco independiente y nada representativo.

  • La desfachatez

    Los partidos cubren el Poder Judicial con vocales partidistas y relegan solvencia y valía profesional

  • La composición del nuevo Consejo del Poder Judicial muestra que PSOE y PP, en contra de sus promesas y proclamas, siguen valorando la afinidad política de los candidatos por encima de su solvencia profesional. Y que sigue vigente la lógica de otorgar manos libres al otro partido a cambio de tenerlas también para designar a los propios. No es ése el diseño constitucional, que exige mayorías cualificadas en los nombramientos para favorecer el acuerdo en torno a cada candidato. Pero es evidente que se prefieren las cuotas.
  • CGPJ

    (Consejo General del Poder Judicial)

    A FONDO

    Sede:
    Madrid (España)
    Directivo:
    Francisco José Hernando Santiago (Presidente)

    Enlace Ver cobertura completa

El PSOE rompe el Pacto El Gobierno ha sacado adelante el proyecto de Ley que cambia el sistema de elección de los jueces. Este tema ha provocado los mayores enfrentamientos con la oposición. En esta segunda votación, tras haber sido rechazado anteriormente por el Congreso, todos los partidos excepto el Partido Popular han votado a favor de este proyecto de Ley que ahora pasará al Senado.

Hoy

El Consejo pactado por Zapatero y Rajoy indigna a la mayoría de jueces Edición impresa

Los partidos defienden su elección y se muestran ajenos a las críticas Edición impresa

ENTREVISTA: FERNANDO GRANDE-MARLASKA – Juez de la Audiencia Nacional:

“Es una bofetada para el 50% de la carrera judicial”

JOSÉ YOLDI

LA LEY DEL SÍNDIC, DEFENSOR DE LOS VALENCIANOS

miércoles, abril 9, 2008 Deja un comentario

El PP propone que los síndicos adjuntos se turnen para dirigir la institución
El PP en Les Corts presentará una iniciativa para reformar el reglamento que desarrolla la Ley de creación de la Sindicatura de Greuges, con el fin de que el mandato de los dos síndicos adjuntos sea rotatorio durante el periodo de interinidad que se produce entre el cese del Síndic y el nombramiento de su sucesor….

El síndic socialista en las Corts Valencianes, Angel Luna, manifestó hoy en relación con la propuesta del PP de reformar la ley de la Sindicatura de Greuges que no le parece “mal” abordarla si es para mejorarla, pero advirtió de que “si lo que se pretende con esta propuesta es escapar a la obligación que tienen de dar información a los diputados de la oposición, desde luego, se equivocan”……
Marcos señaló en los pasillos de las Corts que “no es de recibo que un Gobierno no acepte tener una institución independiente que en algún momento pueda poner en solfa el hecho de que no está cumpliendo en cuanto a los derechos de los ciudadanos”, tarea que tiene encomendada la Sindicatura de Greuges.

A su juicio, como al PP no le parece “bien” la actuación de la actual síndica, Emilia Caballero, “están dispuestos a cualquier cosa y advirtió de que “la normativa debe tener validez universal, y no puede ser cambiada según el interés político del partido que gobierna”….

Discriminación de las personas discapacitadas

martes, abril 1, 2008 Deja un comentario

Discriminación de las personas discapacitadas

De Vicente Vercher

A partir de hoy, cualquier vulneración de las normas de accesibilidad o igualdad de oportunidades podrá acarrear multas de hasta un millón de euros

“Cualquier discriminación que afecte o tenga como víctima a una persona con discapacidad puede y debe ser denunciada”. Así de rotundo se muestra el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en un informe elaborado por el departamento de Asesoría Jurídica. La consigna trata de defender los derechos de los 3,5 millones de personas con alguna discapacidad física, sensorial o psíquica que viven en España. A partir de hoy, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la sociedad cuenta con un nuevo instrumento para alcanzar la igualdad real y efectiva: la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

  • Autor: Por AZUCENA GARCÍA
  • Fecha de publicación: 27 de marzo de 2008

Contenido de la norma

El actual ordenamiento legal cuenta con varias normas para garantizar la igualdad de las personas discapacitadas. La Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) y la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) son las más destacadas. Sin embargo, a partir de hoy se une a ellas un nuevo instrumento: la Ley que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Su entrada en vigor es acogida con tanta esperanza como cautela, tras varias denuncias de incumplimiento de la normativa existente. “Es un avance que haya una ley de sanciones, pero pedimos que se cumpla y, sobre todo, que se aplique”, subraya el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA), Javier Font.


(Imagen: Daniel Lobo)

El objetivo de la nueva norma es, como su nombre indica, establecer un régimen sancionador “eficaz” ante las infracciones que vulneren la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Se considera que estos principios se incumplen cuando se producen acosos, vulneración de las exigencias de accesibilidad, falta de respeto a las medidas de acción positiva y discriminaciones directas o indirectas, esto es: cuando en una situación análoga o comparable una persona con discapacidad es tratada de manera menos favorable que otra que no lo es o cuando una disposición legal, una decisión unilateral o un criterio colocan en desventaja a una persona discapacitada.

Las personas discapacitadas buscan terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”

La elaboración de la norma contó con la participación del Cermi estatal como transmisor de las peticiones de las personas discapacitadas, interesadas en terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”, según recuerda el Cermi. De acuerdo a este principio, la Ley reconoce la posibilidad de denunciar la actitud tanto de personas físicas como jurídicas. Incluso, si los responsables de la infracción son varios y resulta difícil determinar el grado de participación de cada uno de ellos, la normativa ve posible imputar a todos una responsabilidad solidaria.

Régimen de infracciones y sanciones

Las sanciones muy graves podrán ascender a un millón de euros o acarrear la suspensión total de ayudas oficiales

El texto de la Ley establece que las infracciones pueden hacer referencia a los ámbitos de las telecomunicaciones y sociedad de la información, espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, transportes; bienes y servicios a disposición del público, y relaciones con las administraciones públicas. Quedan excluidas las consultas en el ámbito del empleo y la ocupación. En cuanto a los denunciantes, reconoce que pueden ser personas con discapacidad, sus familias y representantes legales, así como las organizaciones representativas y asociaciones en las que se integran. Por último, según la importancia de la infracción, ésta se considerará leve, grave y muy grave.

  • Las infracciones leves serán aquéllas que incumplan los principios de la LIONDAU y supondrán multas desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de 30.000 euros.
  • Se considerarán infracciones graves los actos discriminatorios, el incumplimiento de un requerimiento administrativo o de las exigencias de accesibilidad y cualquier forma de presión que se ejerza sobre aquella persona -con discapacidad, física o jurídica- que haya entablado o pretenda entablar una acción legal. Estas infracciones se penalizarán con sanciones de hasta 90.000 euros.
  • Las infracciones serán muy graves cuando se dé una conducta de acoso, el incumplimiento reiterado de los requerimientos administrativos específicos y cualquier forma de presión sobre las autoridades que pretendan ejecutar las medidas previstas en la LIONDAU. Las sanciones podrán ascender a un millón de euros y, en algunos casos, acarrearán también la supresión, cancelación o suspensión total o parcial de las ayudas oficiales relacionadas con el ámbito en el que se produce la infracción.

No obstante, la Ley prevé unos plazos de prescripción de las infracciones. En concreto, las leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cuatro años. Por su parte, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los cuatro años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años. “De cualquier modo, el abono de las multas impuestas no exime del cumplimiento del resto de las obligaciones que impone la Ley de Igualdad de oportunidades y accesibilidad universal”, recuerda la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

Dónde presentar las denuncias

Si bien la nueva norma de infracciones y sanciones entra en vigor a partir de este momento, las personas con discapacidad cuentan desde 2005 con la Oficina Permanente Especializada (OPE). Constituida como un órgano de carácter consultivo, permanente y especializado dentro del Consejo Nacional de la Discapacidad, la OPE realiza funciones de asesoramiento, análisis y estudio de denuncias y consultas presentadas por personas discapacitadas. Este organismo aconseja sobre la vía de actuación más adecuada, remite a la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad un informe sobre los hechos y propone al Pleno del Consejo una serie de recomendaciones para prevenir o lograr que cese la acción considerada discriminatoria.

Este órgano aconseja sobre la vía de actuación más adecuada para realizar una consulta o presentar una denuncia

La OPE no es, por lo tanto, un órgano resolutivo. Se limita a prestar asesoramiento y apoyo legal, sin tratar de sustituir la labor profesional de los abogados. Su creación se basa en la necesidad de atender a las personas que son objeto de discriminación o consideran vulnerado su derecho a la igualdad de oportunidades por tener reconocida una discapacidad. En este sentido, las personas físicas que solicitan ayuda deben acreditar un grado de minusvalía igual o superior al 33% o bien percibir una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez, así como una pensión de clases pasivas de jubilación o retiro por inutilidad para el servicio.

Una vez estudiada la consulta, la OPE decide si puede ser admitida a trámite o no, es decir, “si los hechos denunciados pueden ser investigados o no”. Si se admite a trámite, informa a la persona denunciante sobre todos los pasos que conforman el procedimiento y le permite conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de su expediente. Las formas de contactar con la OPE son mediante:

  • Correo ordinario o presencia física, en la oficina central (Paseo de la Castellana 67, Madrid)
  • Correo electrónico ope@mtas.es

Las llamadas telefónicas se atienden en horario de 9:00 a 14:00 horas, mientras que la información presencial requiere cita previa. Además, la OPE cuenta con un plazo de un mes para dar respuesta a las consultas planteadas y un periodo de dos meses para concluir el expediente informativo.

“Estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados”, afirman desde FAMMA

Otros lugares a los que se puede acudir son las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social, los Juzgados de guardia y la Oficina de Denuncias de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (ODAT), inaugurada por FAMMA en 2001. Hasta ella llegan cada año medio millar de consultas relacionadas con cuestiones de accesibilidad en edificios y responsabilidad de las comunidades de propietarios. Su creación se debió a la gran demanda de personas que, según Font, “no sabían adónde dirigirse para reclamar”. La función de la ODAT es asesorar y prestar ayuda. “Reivindicamos la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas para nuestra integración, pero, en realidad, estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados, personas que por edad u otra circunstancia padecerán algún tipo de discapacidad a lo largo de su vida”, agrega Font.

Adaptación de la OPE

En cumplimiento de la normativa vigente de accesibilidad, las dependencias de la Oficina Permanente Especializada cumplen todos los requisitos para ser accesibles. Existe un sistema de comunicación multidisciplinar que abarca desde la información telefónica, incluidos un dispositivo telefónico para sordos (DTS) y fax, hasta la información presencial, con un sistema de apoyo a la comunicación oral a través de bucle de inducción, labiolectura y lengua de signos básica.

Sus dependencias disponen de un sistema de comunicación multidisciplinar, plazas de aparcamiento reservadas y un interior totalmente accesible

Además, se ha comprobado la accesibilidad de los transportes públicos que llegan hasta la OPE, existen plazas reservadas a quienes tienen tarjeta de aparcamiento para minusválidos y el interior del edificio es accesible a todas las personas con discapacidad en un grado alto: se han instalado rampas alternativas a las escaleras, los baños y aseos son adaptados, los ascensores están previstos para personas usuarias de sillas de ruedas, las botoneras están a una distancia mínima, los pulsadores están en bajorrelieve y en braille, y el interior del despacho al que acceden las personas con discapacidad tiene espacio suficiente de maniobrabilidad.

Publicado en CONSUMER Eroski.

El Defensor Pueblo recurre la gestión de la Ley de Dependencia de Valencia

viernes, marzo 28, 2008 Deja un comentario

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El Defensor Pueblo recurre la gestión de la Ley de Dependencia de Valencia

Según ha informado el Defensor, el recurso se basa en que la Disposición incluida en los Presupuestos para regular esos procedimientos no cumple con las condiciones establecidas por el Tribunal Constitucional para delimitar el ámbito dentro del que se debe incluir una materia concreta en una Ley de Presupuestos.

Para que la regulación de una materia ajena a la propia Ley de Presupuestos sea válida es necesario -mantiene el Defensor del Pueblo- que esa materia tenga relación directa con los gastos y los ingresos que integran el presupuesto, o bien con los criterios de política económica.

Sin embargo el Defensor considera que la norma recurrida no tiene ninguna relación con los gastos y los ingresos del Presupuesto, “dada su absoluta falta de repercusión económica”.

Esta institución mantiene además que la inclusión “injustificada” en una Ley de Presupuestos de materias ajenas es contraria a la Constitución, porque afecta nuevamente al principio de seguridad jurídica por la incertidumbre que puede generar a los ciudadanos.

El Defensor del Pueblo, en una nota de prensa, afirma que no puede permanecer impasible ante la entrada en vigor de esta disposición mediante un procedimiento “impropio”, y ha observado además que afecta a un colectivo de ciudadanos necesitados de especial protección.

El Defensor del Pueblo ha recurrido también ante el Tribunal Constitucional los Presupuestos Generales del Estado para 2008, por la inclusión de una disposición adicional que modifica los requisitos de acceso al Tribunal de Cuentas, en concreto al cuerpo superior de auditores.

La institución mantiene que esta es una materia ajena al derecho funcionarial y, por tanto, ajena al contenido de las leyes de presupuestos.

AYUDAS Y SUBVENCIONES DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE COOPERACIÓN

sábado, marzo 15, 2008 Deja un comentario

DADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS SOBRE AYUDAS Y SUBVENCIONES, VEAN LAS DE ICO, (INSTITUTO ESPAÑOL DE COOPERACIÓN)

Más Información ICO

NOMBRE OBJETIVO VIGENCIA
Línea ICO-PYME
(+ info)
Financiar en condiciones preferentes las inversiones en activos fijos productivos realizadas por PYME VIGENTE
Línea ICO-Emprendedores
(+info)
Apoyar con créditos preferentes la creación de nuevas empresas o de nuevas actividades profesionales VIGENTE
Línea ICO-Crecimiento Empresarial
(+info)
Conceder financiación a las inversiones cuyo importe exceda el establecido para la Línea ICO-PYME VIGENTE
Línea ICO-Internacionalización
(+info)
Apoyar las inversiones que realicen las empresas españolas en el exterior VIGENTE
Préstamo Plan Avanza
(+info)
Potenciar y dinamizar las inversiones en tecnología de la información y de las comunicaciones VIGENTE
Préstamo Renta Universidad
(+ info)
Conseguir que los graduados universitarios puedan ampliar su formación sin verse limitados por su situación económica VIGENTE
Línea permiso de conducir por 1 euro al día (+info) Financiar el permiso de conducir, a jovenes con edades comprendidas entre 17 y 25 años VIGENTE
Cinematografía
(+ info)
Promover la producción cinematográfica española y potenciar la modernización de las salas de exhibición VIGENTE EN MARZO
Línea ICO- Mejora de la competitividad sector manufacturero: textil, confección, calzado, muebles, juguetes, curtidos, marroquineria y madera
Apoyar a las empresas de estos sectores para introducir la innovación en sus procesos de fabricación VIGENTE EN MARZO
Línea ICO-Microcréditos para España
(+info)
Favorecer la puesta en marcha de pequeños negocios por personas con dificultades de acceso a los canales habituales de financiación VIGENTE
Línea ICO-ICEX “APRENDIENDO A
EXPORTAR”
(+ info)
Facilitar el apoyo financiero para la iniciación de la exportación de las empresas españolas VIGENTE
Línea ICO-Transporte
(+ info)
Potenciar las inversiones destinadas a mejorar la actividad del transporte público por carretera PLAZO
FINALIZADO
Línea ICO-Equipamiento de parcelas
(+ info)
Impulsar las inversiones que realicen las Comunidades de Regantes para el equipamiento de parcelas VIGENTE EN MARZO
Líneas regionales
(+ info)
Financiar las inversiones en activos nuevos de las empresas instaladas en las regiones con las que se han suscrito convenios, con el fin de constribuir a su desarrollo económico VIGENTE EN FEBRERO
Línea ICO-Turismo Tramo Público
(+info)
Financiar los proyectos de renovación y modernización integral de destinos turísticos maduros, impulsados por las administraciones locales VIGENTE

ESTAS AYUDAS SE SUMAN A LAS DADAS POR LAS AUTONOMÍAS, ES DECIR SON COMPATIBLES