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La Audiencia Nacional dice que a Garzón no le compete investigar crímenes franquistas

Viernes, noviembre 28, 2008 Deja un comentario

La Audiencia Nacional dice que a Garzón no le compete investigar crímenes franquistas

AGENCIAS. 28.11.2008 – 14:01h /20 Minutos

La Audiencia Nacional dice que a Garzón no le compete investigar crimenes franquistas

  • Catorce de los jueces han votado a favor de declararlo incompetente.
  • Garzón se inhibió el día 18 en favor de los juzgados territoriales.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido por 14 votos a favor que el juez  Baltasar Garzón no es competente en la investigación sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, de la que se inhibió en favor de los juzgados territoriales.

Los 18 magistrados que componen este órgano han tomado esta decisión tras el incidente de competencia que promovió el fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para apartar a Garzón de la investigación y sobre los recursos de apelación y queja que presentó contra el auto en el que el magistrado se declaraba competente para asumir esta causa.

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ORDEN DE PROTECCIÓN. ¿Cómo se solicita?

Martes, noviembre 25, 2008 Deja un comentario

Orden de Protección

¿En que consiste? En aquellos casos en los que existen indicios fundados de un delito o falta contra la vida, la integridad física o moral, la libertad sexual, la libertad o la seguridad, la víctima, a través de un procedimiento judicial rápido y sencillo, obtiene una resolución judicial que contempla medidas cautelares de naturaleza civil y penal.

¿Dónde se regula? Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica. (BOE. Núm. 183, 1 de agosto de 2003)

¿Quién la pide?– Cualquier persona víctima de violencia física o psíquica por parte de su cónyuge, ex cónyuge, persona con análoga relación de afectividad, hijos o padres), su representante legal o las personas de su entorno familiar más inmediato.

– El Ministerio Fiscal.

– El juez de oficio.

¿Cómo se solicita?A través de un formulario único disponible en las Comisarías, el Juzgado de Guardia, los servicios sociales municipales, autonómicos o estatales, el Ministerio Fiscal o las Oficinas de Atención a las Víctimas.

¿Dónde se presenta? Ante el Juzgado de Guardia, el Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de atención a las víctimas o los servicios sociales e instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones Públicas.

Las entidades u organismos asistenciales con conocimiento de situaciones de violencia doméstica deberán ponerlas en conocimiento inmediato del juez de guardia o del Ministerio Fiscal.

¿Cuál es el procedimiento? El juez de instrucción de guardia, convoca a la víctima, a su representante legal, al solicitante, al Ministerio Fiscal y al agresor, asistido en su caso, de abogado a una audiencia de carácter urgente en un plazo máximo de 72 horas desde la presentación de la solicitud. El juez escucha a las partes por separado.

Celebrada la audiencia, el juez de guardia resuelve mediante auto lo que proceda sobre la solicitud de protección, así como sobre el contenido y vigencia de las medidas que incorpore.

La orden de protección se notifica a las partes y es comunicada por el juez inmediatamente, mediante testimonio íntegro, a la víctima y a las Administraciones públicas competentes para la adopción de las medidas de protección oportunas.

La orden se inscribe en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica.

¿Qué protección establece?Medidas penales: El juez, atendiendo a las circunstancias, puede acordar la prisión provisional del presunto agresor, salida del agresor del domicilio familiar y prohibición de volver al mismo, prohibición de residir o acudir a determinados lugares, prohibición de aproximación y/o comunicación con la víctima, suspensión del derecho a la tenencia o porte de armas.

Medidas civiles: Deben ser solicitadas por la víctima o su representante legal, y en caso de existir menores o incapaces, también puede solicitarlas el Ministerio Fiscal, todo ello siempre que no hubieren sido acordadas previamente por un órgano jurisdiccional civil.

Pueden consistir en la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, determinación del régimen de guarda y custodia, visitas, comunicación y estancia con los hijos, el régimen de prestación de alimentos. El juez, excepcionalmente, podrá autorizar a la mujer que concierte con una agencia o sociedad pública la permuta del uso atribuido de la vivienda familiar de la que sea copropietaria con el presunto agresor, por el uso de otra vivienda.

Las medidas civiles contenidas en la orden de protección tendrán una vigencia temporal de 30 días. Para que se prorroguen en el tiempo, es necesario presentar dentro de este plazo una demanda de separación, divorcio, nulidad matrimonial, filiación, o alimentos. En este caso, las medidas seguirán en vigor durante los 30 días siguientes a la presentación de la demanda y en ese plazo el juez civil deberá decidir si las mantiene o no vigentes.

Una vez obtenida, la orden de protección permite acceder a otros derechos:

Renta Activa de Inserción, que incluye una ayuda en caso de cambio de residencia para hacer efectiva la protección de la mujer.

La ayuda económica establecida en el artículo 27 dela Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; así como las ayudas que establezcan al efecto las Comunidades Autónomas.

Derechos laborales y de seguridad social:

    – Reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica, cambio de centro de trabajo, suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y extinción de la relación laboral. La suspensión y extinción de la relación laboral permiten acceder a la protección por desempleo si se cumplen los requisitos generales.- Las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violenca de género se considerarán justificadas.

    – Las trabajadoras por cuenta propia que cesen en la actividad para hacer efectiva su protección o derecho a la asistencia social integral pueden suspender la obligación de cotización durante 6 meses.

Solicitud de permiso de residencia por circunstancias excepcionales, que sólo será concedido cuando recaiga la sentencia condenatoria, y solicitud de permiso de residencia independiente de los familiares reagrupados.

Acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores.
Para descargar el modelo de solicitud de orden de protección, pincha aquí icono.

25 de noviembre, contra la violencia de género

Martes, noviembre 25, 2008 Deja un comentario

Teléfono  gratuito 016, no deja marcado el número.

Servicios ofrecidos

  • Atención gratuita y profesional

  • Atención las 24 horas del día los 365 días del año

  • Atención consultas procedentes de todo el territorio

  • Derivación de llamadas de emergencia al 112

  • Coordinación de servicios similares de las Comunidades Autónomas

  • Información a las mujeres víctimas de violencia de género y a su entorno sobre qué hacer en caso de maltrato

  • Información sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de este tipo de violencia

  • Asesoramiento jurídico

  • Atención a en seis idiomas: castellano, catalán, gallego, vasco, inglés y francés

  • 900 116 016 para personas sordas o con discapacidad auditiva

El TSJ suspende la reforma que impuso el PP para echar a la Síndica y poner al marido de una consellera

Sábado, noviembre 8, 2008 Deja un comentario

Emilia Caballero, la Síndic cesada, era querida por todas las personas con discapacidad por su defensa y tutela y por sus nobles actuaciones en defensa de la justicia a los humildes.emilia-caballeroLEVANTE 07-11-2008

El juez da la razón al PSPV frente a las Corts y anula cautelarmente la medida ante los “visos manifiestos de posible infracción”, ya que un reglamento no puede cambiar una ley. La Cámara recurre la paralización

J. G. G., Valencia
La sala de lo contencioso administrativo número 2 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha ordenado la suspensión cautelar de la modificación del reglamento de funcionamiento del Síndic de Greuges aprobada en solitario por el grupo popular el pasado 16 de julio con el fin de apartar del cargo a la Síndica de Greuges en funciones, Emilia Caballero. Los populares, molestos por los informes críticos con el Consell de la Adjunta primera al Síndic, colocaron en su lugar al Adjunto segundo, Carlos Morenilla, marido de la consellera de Turismo, Angélica Such. Tras la aprobación de la modificación reglamentaria -que cambiaba la ley del Síndic-, Morenilla asumió el cargo el 1 de julio relegando a Caballero. El juez adopta la suspensión “dados los visos manifiestos de la posible infracción del principio de jerarquía normativa”. Es decir, que un reglamento no puede modificar una ley…..

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El Síndic de Greuges se desentiende de las quejas de los periodistas por los ataques del líder popular


LA JUSTICIA DE POBRES Y LA JUSTICIA DE RICOS EN PUBLICIDAD Y VENTAS

Jueves, octubre 16, 2008 Deja un comentario

JUSTICIA A

En ALICANTE Las sanciones leves de la venta ambulante variarán desde el apercibimiento hasta los 750 euros o suspensión de la actividad por un mes; las graves oscilarán entre 300 y 1.500 euros o suspensión de la actividad hasta tres meses; y, por último, las muy graves podrán ser desde 600 hasta 3.000 euros y conllevar la suspensión de la actividad hasta seis meses, la revocación de la licencia o la imposibilidad de obtener autorización para instalarse en el término municipal de Alicante. Además, el Consistorio podrá decomisar la mercancía cuya procedencia no esté acreditada.

JUSTICIA B

La Agencia de Protección de Datos ha comunicado a la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) de Alicante que ha impuesto una sanción a Viviendas Sociales del Mediterráneo, del promotor Enrique Ortiz, por el listado de solicitantes de viviendas en el Plan Rabasa. La multa asciende a 601.01 euros ya que se trata de una infracción leve…

NOTICIAS

El paseo de Gómiz, en imagen de archivo, suele acoger «manteros»
MULTIMEDIA

CLARA R. FORNER E l Ayuntamiento de Alicante va a sustituir la actual ordenanza de venta ambulante por otra normativa que, entre otras novedades, regula la ocupación de la vía pública por los artistas callejeros y eleva las sanciones graves desde 90 hasta 3.000 euros.
La Junta de Gobierno Local del próximo lunes someterá a aprobación el proyecto para la ordenanza reguladora de la venta y realización
Fuentes municipales explicaron ayer que la actual ordenanza reguladora de la venta en vía pública y espacios abiertos había quedado desfasada ya que resultaba muy genérica y no recogía, por ejemplo, el caso de los artistas callejeros, que ahora se regula por separado. Ahora se establecerá qué documentación deben aportar y qué tasas tendrán
También se han actualizado las sanciones, que en la ordenanza vigente van de «0 a 15.000 pesetas», es decir, desde un apercibimiento
Las sanciones leves variarán desde el apercibimiento hasta los 750 euros o suspensión de la actividad por un mes; las graves oscilarán entre 300 y 1.500 euros o suspensión de la actividad hasta tres mese; y, por último, las muy graves podrán ser desde 600 hasta 3.000 euros y conllevar la suspensión de la actividad hasta seis meses, la revocación de la licencia o la imposibilidad de obtener autorización para instalarse en el término municipal de Alicante. Además, el Consistorio podrá decomisar la mercancía cuya procedencia no esté acreditada.
Se considerarán infracciones muy graves, por ejemplo, la venta de alimentos sin autorización sanitaria y que puedan poner en riesgo la salud; la continuidad en las infracciones o la venta de productos falsificados.

Protección de Datos multa a Ortiz por la lista de viviendas de Rabasa

La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas ironiza y afirma estar contenta con la sanción de 601 euros para que el promotor no se vea debilitado

El promotor Enrique Ortiz JOSÉ NAVARRO

REDACCIÓN La Agencia de Protección de Datos ha comunicado a la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) de Alicante que ha impuesto una sanción a Viviendas Sociales del Mediterráneo, del promotor Enrique Ortiz, por el listado de solicitantes de viviendas en el Plan Rabasa. La multa asciende a 601.01 euros ya que se trata de una infracción leve, según informó ayer la citada plataforma.
El colectivo señaló ayer a través de un comunicado que la Agencia de Protección de Datos le ha dado la razón en su denuncia “de utilización sesgada de la voluntad de esas más de 7.000 personas, que acudieron de buena fe en busca de vivienda, encontrándose con una manipulación de sus intenciones y, al fin y a la postre, defraudadas den sus esperanzas”.
Según recuerda el colectivo, Enrique Ortiz abrió una oficina -cuando se produjo la aprobación inicial del Plan Rabasa y se adjudicó a Viviendas Sociales del Mediterráneo- para que se inscribieran los interesados en obtener un piso. La plataforma lo denunció al considerar “que aquello constituía una manipulación flagrante de las necesidades básicas de miles de personas, pues se ocultaba que ni la aprobación era definitiva -aún no lo es- ni, desde luego, las viviendas estarían disponibles hasta que pasaran muchos años”. La PIC supo de “la recogida de datos personales de los solicitantes de informacion” y sospechó de “la existencia de un fichero automatizado de datos sin el consentimiento de los interesados”, de ahí que lo denunciara.
La PIC expresa su contento por el hecho de que la multa sea “tan baja” pues afirma que, “en época de crisis no quisiera contribuir a debilitar la confianza en un arraigado promotor urbanístico, siempre caracterizado por la austeridad y la moderación ni, mucho menos, a la CAM que, es interesante recordar, aporta el crédito para el Plan Rabasa”.

La mayoría de los jueces censura el “apaño” del nuevo Poder Judicial

Miércoles, septiembre 10, 2008 Deja un comentario

La mayoría de los jueces censura el “apaño” del nuevo Poder Judicial
La asociación Francisco de Vitoria tilda de “fraude de ley” el pacto de PP y PSOE – Marlaska: “Es una bofetada al 50% de la judicatura”
10/09/2008
Los representantes de los jueces no asociados -el 50% del total- y la asociación Francisco de Vitoria -que agrupa al 25% de los afiliados a alguna asociación profesional- denunciaron ayer el “apaño” para formar el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el supuesto “fraude de ley” que supone el pacto entre PSOE y PP. Ese acuerdo no incluyó en el gobierno de los jueces a ningún magistrado no inscrito en alguna asociación, es decir, a ningún independiente.

La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que presentó su candidatura con firmas de no asociados, ha declarado a EL PAÍS: “La decisión es una bofetada al 50% de la carrera judicial. Está claro que los independientes no gustamos ni en Génova ni en Ferraz, y que los políticos han callado su voz”.

El nuevo CGPJ, encargado de los nombramientos, de la vigilancia a los profesionales y de informar sobre leyes fundamentales, arranca así con la indignación de la mayoría de los profesionales, que lo consideran poco independiente y nada representativo.

  • La desfachatez

    Los partidos cubren el Poder Judicial con vocales partidistas y relegan solvencia y valía profesional

  • La composición del nuevo Consejo del Poder Judicial muestra que PSOE y PP, en contra de sus promesas y proclamas, siguen valorando la afinidad política de los candidatos por encima de su solvencia profesional. Y que sigue vigente la lógica de otorgar manos libres al otro partido a cambio de tenerlas también para designar a los propios. No es ése el diseño constitucional, que exige mayorías cualificadas en los nombramientos para favorecer el acuerdo en torno a cada candidato. Pero es evidente que se prefieren las cuotas.
  • CGPJ

    (Consejo General del Poder Judicial)

    A FONDO

    Sede:
    Madrid (España)
    Directivo:
    Francisco José Hernando Santiago (Presidente)

    Enlace Ver cobertura completa

El PSOE rompe el Pacto El Gobierno ha sacado adelante el proyecto de Ley que cambia el sistema de elección de los jueces. Este tema ha provocado los mayores enfrentamientos con la oposición. En esta segunda votación, tras haber sido rechazado anteriormente por el Congreso, todos los partidos excepto el Partido Popular han votado a favor de este proyecto de Ley que ahora pasará al Senado.

Hoy

El Consejo pactado por Zapatero y Rajoy indigna a la mayoría de jueces Edición impresa

Los partidos defienden su elección y se muestran ajenos a las críticas Edición impresa

ENTREVISTA: FERNANDO GRANDE-MARLASKA – Juez de la Audiencia Nacional:

“Es una bofetada para el 50% de la carrera judicial”

JOSÉ YOLDI

LA LEY DEL SÍNDIC, DEFENSOR DE LOS VALENCIANOS

Miércoles, abril 9, 2008 Deja un comentario

El PP propone que los síndicos adjuntos se turnen para dirigir la institución
El PP en Les Corts presentará una iniciativa para reformar el reglamento que desarrolla la Ley de creación de la Sindicatura de Greuges, con el fin de que el mandato de los dos síndicos adjuntos sea rotatorio durante el periodo de interinidad que se produce entre el cese del Síndic y el nombramiento de su sucesor….

El síndic socialista en las Corts Valencianes, Angel Luna, manifestó hoy en relación con la propuesta del PP de reformar la ley de la Sindicatura de Greuges que no le parece “mal” abordarla si es para mejorarla, pero advirtió de que “si lo que se pretende con esta propuesta es escapar a la obligación que tienen de dar información a los diputados de la oposición, desde luego, se equivocan”……
Marcos señaló en los pasillos de las Corts que “no es de recibo que un Gobierno no acepte tener una institución independiente que en algún momento pueda poner en solfa el hecho de que no está cumpliendo en cuanto a los derechos de los ciudadanos”, tarea que tiene encomendada la Sindicatura de Greuges.

A su juicio, como al PP no le parece “bien” la actuación de la actual síndica, Emilia Caballero, “están dispuestos a cualquier cosa y advirtió de que “la normativa debe tener validez universal, y no puede ser cambiada según el interés político del partido que gobierna”….