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DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA EN ALICANTE
La Agrupación de Mujeres Abogadas denuncia que los profesionales amenazan a las víctimas con la pérdida de la custodia de los menores El colapso en estos centros genera una importante lista de espera y obliga a dar citas para visitas tuteladas hasta con seis meses de retraso
Así lo han manifestado a este diario algunas afectadas y desde la Asociación de Mujeres Abogadas de Alicante, que está estudiando presentar una queja al respecto ante la Conselleria.
«Ponen a las señoras en la tesitura de tener que hablar bien a los hijos de sus padres aunque sean maltratadores», explica una letrada en los juzgados de Benalúa.
Amparo Amorós, miembro de la citada asociación, confirma esta situación y asegura que se trata de un «criterio generalizado» en los PEF. «Se obliga a las víctimas a vender una falsa realidad cuando muchas veces han vivido un auténtico infierno y aún están en tratamiento psicológico. Es una salvajada. Ellas se niegan con todo el derecho del mundo», relata esta abogada.
A una de sus clientas le ocurrió el pasado mes de noviembre en el punto situado en la avenida de Denia de Alicante, que es gestionado por una fundación a través de un convenio con la Conselleria de Bienestar Social. La mujer, sin embargo, avisó de que no iba a hablar al niño «ni bien ni mal» de su padre maltratador.
Como ya publicó este diario, ese PEF dejó de cumplir visitas tuteladas acordadas por los jueces a mediados del pasado mes de diciembre porque las competencias son de la Conselleria de Justicia. No obstante, el centro con que cuenta ésta en la calle Tucumán de Alicante sólo realiza intercambios, por lo que las visitas se están remitiendo desde entonces a San Vicente del Raspeig.
El colapso ha provocado que en algunos casos las citas tarden hasta seis meses desde que se ha dictado la sentencia de un divorcio.
La lista de espera va creciendo al mismo ritmo con que Justicia crea PEF en otros municipios con escasos medios.
«Los padres de Alicante tienen que llevar a los niños al punto de San Vicente, que está saturado, y los horarios se fijan en función de la disponibilidad del centro», según advierte la responsable del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Alicante, Lydia García-Olcina, según la cual la institución profesional «ve con gran preocupación lo que está pasando».
Los magistrados echan mano de este recurso público en aquellos casos donde creen que el menor corre cierto riesgo, bien porque su progenitor es agresivo, ha sido condenado por malos tratos o tiene una adicción a las drogas. Esas visitas deben ser supervisadas por un psicólogo o un trabajador social, pero las letradas sostienen que el personal no está «especializado» en los malos tratos de carácter machista.
Informe para el Gobierno
La asociación ha elaborado un informe para la Subdelegación del Gobierno donde denuncia serias deficiencias en la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer.
Critican sobre todo la falta de especialización de los profesionales que trabajan en los juzgados específicos, por ejemplo de los «jueces y fiscales sustitutos», y la carencia de equipos técnicos.
Las abogadas alicantinas ampliarán en breve ese informe con otro documento en el que también harán referencia a los PEF. Amorós cree que en ellos se está produciendo «una segunda victimización» de las mujeres porque «se sienten a menudo desamparadas».
La plantilla que los atiende «no conoce la dinámica de la violencia de género y muchas veces se deja embaucar por los maltratadores, que suelen tener una capacidad de manipulación innata. Luego tergiversan la realidad y dan una información sesgada a los juzgados», lamenta.
Se han dado algunos casos en los que las víctimas han sido advertidas de que su falta de colaboración podría derivar en un diagnóstico de «Síndrome de Alienación Parental» respecto al menor con el consiguiente riesgo de la pérdida de la custodia.
La integrante de la asociación alicantina de abogadas acusa a los magistrados de ser «reacios a la hora de decretar la suspensión del régimen de visitas cuando ven que existe un peligro para el menor».
A la angustia que para muchas mujeres supone dejar obligatoriamente a sus hijos en manos de los hombres que las han maltratado se suman, de acuerdo con las fuentes consultadas para elaborar esta información, «las listas de espera»de los PEF, la falta de preparación específica de los profesionales que los atienden y los «horarios restrictivos».
Actualmente, el centro de San Vicente del Raspeig cierra todos los lunes, martes y jueves, las mañanas de los miércoles y los viernes, las tardes de los sábados y las mañanas de los domingos.
Las comarcas de Alacant sólo cuentan con 27 agentes para 3.000 mujeres maltratadas
Fuente: Levante
La Unidad de Prevención y Asistencia de Dénia tiene un único policía
70 mujeres de Alicante tienen un riesgo alto de maltrato, seis «extremo»
25.000 maltratadas y tan sólo 528 policías para protegerlas
Cada agente vela por 47 | Hoy es el Día Internacional contra la Violencia Machista.
LA GENERALITAT DESTRUIRÁ…….
La Generalitat destruirá 2 millones de expedientes más.. Foto voladura del Diario Madrid (1972). Exposición 30 años después.
«LOS ESPAÑOLES BUENOS» y el FARAÓNICO MONUMENTO A SU RECUERDO en VALENCIA
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«LOS ESPAÑOLES MALOS» y SU MONUMENTO: UN ALMENDRO
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.Arrancan el almendro en memoria de los represaliados en la Guerra Civil
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El Consell destruirá dos millones de expedientes para descongestionar los juzgados
Levante-EMV, Valencia
La Generalitat justifica la destrucción de los dos millones de expedientes judiciales que adelantó Levante-EMV el pasado 4 de agosto en que esta medida servirá para «descongestionar los edificios judiciales», según señaló ayer el conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa. El objetivo es descongestionar los edificios judiciales reciclando los expedientes que no estén en trámite, así como catalogar y registrar aquellos que «por su interés social, histórico o cultural deban ser archivados».
Desde que en 2006 se creó la Junta de Expurgo se han efectuado dos destrucciones y clasificaciones de material, en las que se han destruido 156.967 expedientes y otros 226.339 han sido remitidos al Archivo del Reino, al Archivo de la Generalitat o al Archivo de la Ciudad de la Justicia para su conservación.
Además se han remitido a la Audiencia Provincial de Madrid 720 cajas con la documentación relativa al caso de la estafa inmobiliaria «Juzgado Nueva Esperanza», un sumario de 1967 cuya competencia corresponde a esa instancia judicial.
En total se van a destruir del Archivo Provincial de Valencia 2.114.768 expedientes que se encuentran en 71.895 cajas, lo que supone que más de 215 toneladas de papel y cartón serán recicladas.
En los expedientes, que datan desde 1942, ya que la competencia de los asuntos anteriores es de la Dirección General de Patrimonio, figuran desde procedimientos de habeas corpus, hasta expedientes de contrabando, juicios verbales, diligencias, rollos de apelación, actos de conciliación, casos civiles y penales y ejecutorias.
El PSPV pedirá explicaciones por el expurgo judicial El País– Valencia – 01/09/2008
¿Puede ser objetiva la actuación con los expedientes la Generalitat si en Alicante y Valencia el alcalde considera a Franco HIJO PREDILECTO DE ALICANTE y medallista de oro, junto a un nazi alemán?.
Franco. La memoria histórica y el puerto de Alicante.
Alperi y la desmemoria histórica
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