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Luna acusa a Camps de supeditarse a la Iglesia más extremista y aterrorizar a los dependientes
Critica la inconcreción del Pavace pero advierte que será su guía para vigilar incumplimientos
Luna puso el «boicot» a Educación para la Ciudadanía como ejemplo de ese talante «autoritario» y entonces aprovechó para acusar al Consell de practicar la insumisión legal y de plegarse a los criterios morales de la Iglesia. «Hay una normativa estatal contra la que se alza la jerarquía más extremista de la Iglesia católica española y usted no se pone al lado de las leyes a las que se debe, sino de los que aplican un estrecho tamiz moral a su conciencia y le dicen lo que ha de hacer», argumentó. «Usted castiga y amenaza a los que no pasan por el aro de ese tamiz moral», añadió. Los sistemas gobernados por criterios religiosos, explicó, se conocen como «teocracias». «Usted se está aproximando bastante» a una teocracia. El síndic socialista tachó al Consell de «premoderno, previo a la Ilustración», y agregó que al «aplicar a sangre y fuego una ocurrencia», en alusión a la asignatura en inglés, «ha sido el hazmerreír de España y de media Europa».
El PSPV puso en solfa la política social. Luna esgrimió la carta del Consell a los dependientes, avanzándoles que se les denegará la ayuda del Gobierno antes de que los hayan examinado los evaluadores. «¿Eso qué es?, ¿Para qué sirve sino para aterrorizar a los dependientes, que es lo que están haciendo ustedes?», le echó en cara a Camps. «Esto es indigno, cruel y degradante, le conmino a acabar con esta práctica», reprendió.
Por arenas movedizas sindicales
El síndic no pasó por alto una crisis que, según él, «es peor en la Comunitat Valenciana que en la media de España». Tras repasar datos que retratan la mala salud de la economía valenciana, criticó que el Consell no haya buscado más soluciones que el plan de impulso a la economía -no aporta fondos nuevos- y un Pavace (suscrito por sindicatos, patronal y Consell) que es un mero «catálogo de buenas intenciones». Un documento «lleno de incorrecciones», un «catálogo perfecto de lo que debería hacer y no hace». Luna anduvo por las arenas movedizas de la crítica a un documento fruto de la concertación social. Y, en la réplica, el presidente se lo echó en cara: «¿Por qué ridiculiza a los agentes sociales?» El portavoz socialista aclaró después: «Me parece tan bien el Pavace que será nuestra guía de oposición».
Luna sentenció que el problema de la deuda no tiene nada que ver con la financiación, sino con ser manirroto en la gestión. Por eso comparó a deuda con la de Cataluña o Madrid, mucho menor en relación al PIB. Recordó que el sistema de financiación lo aprobó Aznar y zanjó: «Si lo quiere cambiar, dígaselo a Rajoy, pero aclárese».
PLAN DE INTEGRACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA. BAILE DE CIFRAS Y OBJECIONES
Blasco cifra en 4.600 millones el nuevo plan para integración que los inmigrantes rebajan a 284
Blasco cifró el presupuesto de la iniciativa en 6.420 millones de euros -más de un billón de pesetas-, cifra superior, por ejemplo, al presupuesto entero de la conselleria de Sanidad para 2008.
Sin embargo, los colectivos de inmigrantes consideran que el programa de Blasco tiene trampa ya que incluye partidas que el Consell ya destina a Educación y Sanidad. Según colectivos conocedores de los detalles de la iniciativa, de los 6.420 millones anunciados por el conseller, 3.046 son del presupuesto de la Conselleria de Educación y otros 3.090 del de Sanidad, lo que deja al plan de Rafael Blasco en 284 millones para integración de inmigrantes que, además, se reparten en cuatro años, hasta 2011, es decir 71 millones al año…
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El coste total del plan es de 32,7 millones de euros, de los cuales la Generalitat Valenciana aportará 9,7 millones y el Gobierno de España 23. Es decir, el presupuesto para la ejecución de estos programas dirigidos a inmigrantes está financiados en un 70% por el Gobierno de España.
Según los datos a los que ha tenido acceso este diario por cada euro que aporta la Generalitat, el Gobierno financia 23 y de las 54 acciones que tiene el plan de acción diseñado por el departamento que dirige Rafael Blasco,
Así, en actuaciones en materia de empleo, participación y codesarrollo, el Gobierno financia el 100% del coste, mientras que el Consell cubre la totalidad del presupuesto en uno sólo de los doce grandes bloques, en este caso el de Servicios Sociales. Del mismo modo, de las medidas que pone en marcha la Conselleria de Inmigración para facilitar la integración de los inmigrantes, el Gobierno financia siete de cada diez.
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La entrada de inmigrantes en España ha permitido que entre 1996 y 2005 la renta per cápita haya mejorado en 623 euros por español, un 3% más, según un estudio sobre la «Inmigración y la Economía Española (1996-2006)» elaborado por la Oficina Económica de Moncloa. El informe revela que en los últimos diez años más de un punto porcentual del crecimiento medio anual se puede atribuir a la inmigración, es decir, el 30% del aumento del PIB en la última década. Este porcentaje es mucho mayor en los últimos cinco años (2000-2005), en los que la inmigración explica más del 50% del crecimiento económico
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