ÁFRICA PRADO Los padres de Ayeisa Méndez, paralítica cerebral alicantina de 26 años y con una discapacidad del 85%, han recurrido a los tribunales para que se aplique la Ley de Dependencia y su hija pueda acceder a una de las prestaciones que contempla la norma, en vigor desde abril de 2007. Año y medio después de que la familia presentara su solicitud a la Conselleria de Bienestar Social, la joven aún no ha sido siquiera valorada para determinar su grado de dependencia, a pesar de que su parálisis le impide valerse por sí misma y necesita el cuidado de una tercera persona.
La familia presentó ayer una demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante contra la Conselleria de Bienestar Social «frente a la inactividad de la administración» tras agotar los recursos previos correspondientes por silencio administrativo y sin haber obtenido respuesta alguna por este departamento. Esta demanda es casi con total certeza la primera sobre este asunto que llega a los tribunales de la provincia, según han señalado desde los juzgados alicantinos. Tampoco la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ni la Federación de Discapacitados Físicos de Alicante (Cocemfe) tienen constancia de que se haya presentado una denuncia similar, ni en el Ayuntamiento de Elche, que dispone de un servicio jurídico de atención a la dependencia.
El padre de Ayeisa, Javier Méndez, ha señalado a este diario que en junio de 2007 presentaron la solicitud a la Conselleria de Bienestar Social y al transcurrir el tiempo sin respuesta «llamamos y nos dijeron que faltaba documentación y volvieron a pedírnosla, hemos llamado hasta tres veces y nos dijeron que ya la valorarían, hasta hoy». Su abogado, David Gandía, presentó un recurso de alzada a Bienestar Social el pasado mes de abril ante el silencio administrativo negativo y, transcurrido el nuevo plazo correspondiente sin respuesta, interpuso ayer la demanda en el juzgado.
El padre de la joven apunta que la vía judicial «es la única posibilidad de que te reconozcan el derecho que da una ley porque la administración no está contestando a nada y al final tendrá que ser un juez quien dictamine». Javier Méndez recuerda que reclamó el reconocimiento de su hija «porque esta ley venía a cubrir un vacío, pero después de tanto tiempo sin ninguna solución yo me siento timado». Consciente de que su caso también tardará en resolverse en los tribunales, apunta que «lo hacemos para sentar un precedente y que a los que vengan detrás de ella les sirva», tras indicar que «la responsabilidad es de la administración, que se pongan de acuerdo entre la central y la autonómica y si nos tienen que dar un servicio, que nos lo den».
Javier Méndez explica que su hija, que utiliza silla de ruedas y tiene paralizada el habla desde su nacimiento, acude al centro Infanta Elena para paralíticos cerebrales hasta las 5 de la tarde y entre su mujer y él se distribuían sus cuidados «porque hay que hacerle de todo, la parálisis le afectó el lado izquierdo y hay que vestirla, asearla, levantarla…». Su mujer había dejado de trabajar para ocuparse de ella y darse de alta en la Seguridad Social en cuanto le concedieran la prestación como cuidadora familiar, pero ello aún no ha sido posible.
David Gandía, abogado de Infogest, indica que «es un caso que se va a ganar por pura dejadez de la administración, el problema es que con la carencia de medios que hay en la Administración de Justicia, la resolución puede tardar otros dos años y la familia, además de sufrir el silencio administrativo, sufrirá el colapso judicial». En su opinión, «es inaceptable que se apruebe una ley y no se esté ejecutando en la Comunidad Valenciana».
Valoradores de Valencia a reducir el atasco de 2007
Una veintena de valoradores de la provincia de Valencia realizan desde hace unos días reconocimientos del grado de dependencia en la provincia de Alicante, ante el «atasco» de expedientes de 2007 que aún están sin valorar y, por consiguiente, sin resolver, según han confirmado fuentes de servicios sociales.
Las mismas fuentes señalaron que dichos técnicos han empezado a trabajar con expedientes atrasados de la Marina Alta y lo harán en otras comarcas, ya que los 9 valoradores de la provincia (6 para valoraciones y 3 para tareas administrativas) se centrarán en atender las solicitudes de la mitad sur de la provincia. Como se recordará, los técnicos formados para esta tarea en Alicante fueron contratados con diez meses de retraso respecto a los de Valencia, y hasta el pasado mes de febrero no se incorporaron a sus tareas.
En la provincia se han presentado más de 12.000 solicitudes.
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