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AMENAZAN CON SUSPENDER LA ATENCIÓN A 1.000 ENFERMOS MENTALES
Amenazan con suspender la atención a 1.000 enfermos mentales por falta de medios
La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental denuncia que la Conselleria de Sanidad adeuda el total de la subvención que debían recibir
EFE . La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) informa hoy que la Comunitat Valenciana suspenderá los servicios de atención a las personas con enfermedad mental ante la falta de financiación.
FEAFES junto con otras entidades prestadoras de servicios a personas con enfermedad mental y tras la reunión mantenida el día 11 de noviembre, como consecuencia de la política seguida por el Gobierno Valenciano a través de las Consellerías de Bienestar Social y Sanidad, denuncia que la Consellería de Sanidad adeuda a fecha de 11 de noviembre el 100% de la subvención aprobada, se indica en una nota.
Como consecuencia, debe a las entidades miembro de FEAFES-CV cerca de 1 millón de Euros.
Señala que para el 2009 existe una disminución en las partidas para la atención a personas con enfermedad mental, tal y como reflejan los presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio del próximo año.
Igualmente, indica que por parte de la Consellería de Bienestar Social no se han cumplido los acuerdos en referencia a la forma de pago, en 3 partes de subvención, para el presente ejercicio.
Este hecho ha provocado una insostenibilidad en los recursos de atención a las personas con enfermedad mental.
FEAFES SANIDAD PÚBLICA
Asimismo, a partir del Viernes 21 y todos los viernes posteriores se van a realizar paros de un día de duración en los Centros de Rehabilitación e Integración Social (CRIS ) y Centros de día para personas con enfermedad mental, debido a la falta de resolución y pago de la subvención íntegra de este año.
Esta medida afectará a más de 1.500 plazas, además, se realizarán concentraciones de protesta en las localidades donde están ubicados dichos centros.
La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) es una entidad sin ánimo de lucro y de interés social que reúne desde 1983 a 211 entidades, y que representa a más de 41.000 personas con enfermedad mental y a sus familias en todo el territorio nacional.
El alicantino con el tumor gigante será atendido mañana
.El alicantino con un tumor gigante será atendido mañana
14:16 h. LEVANTE 12-11-2008
Daniel E. Morales, decidió ayer llevar su caso ante el Síndic de Greuges y hacerlo público. A primera hora de la tarde, Sanidad le ha confirmado que mañana será atendido.
pilar cortés
SYLVIA ESCRIBANO, ALICANTE Daniel E. Morales, un alicantino de 46 años con un posible tumor gigante sin diagnosticar desde hace tres años, ha decidido llevar su caso ante el Síndic de Greuges y presentar dos quejas contra las consellerias de Sanidad y de Bienestar Social por su dejadez al permitir que haya llegado a la situación en la que se encuentra. Los médicos aún no han estudiado a fondo esa protuberancia y aluden a la falta de un equipo de TAC adaptado a su peso y dimensiones para poder hacerlo. Mientras, el afectado exige una solución y muestra su indignación ante la oposición del Consell de darle una pensión por la incapacidad que le reconoce un juez en una sentencia.
Fue su hijo, Antonio Morales, quien puso ayer las reclamaciones, pues el afectado apenas puede levantarse del sofá de su casa, de la que desde julio de 2007 sólo ha salido para ir al médico. La protuberancia que comenzó a formársele en el abdomen en 2006 ya le llega por debajo de las rodillas y las curas diarias de las enfermeras de su centro de salud apenas le alivian. «Necesito una solución urgente y que me digan qué tengo, ya llevo tres años de consulta en consulta y no puedo más», se lamenta este vecino del barrio del Pla.
Su peregrinaje por las consultas le llevó en mayo de 2008 a la unidad de obesidad mórbida del Hospital General de Alicante y de ahí fue derivado a su hospital, el de San Juan, para que estudiaran de qué se trata y la posibilidad de operarle. Para ello hace falta un TAC, pero en el centro no hay ninguno adecuado al tamaño y los más de 200 kilos de Daniel. «Estamos buscando un aparato adecuado en otros centros de la Comunidad Valenciana y con la tecnología puntera de la que disponemos no tendremos muchos problemas. Lo estamos gestionando», argumentan desde Sanidad. Sin embargo, el afectado ya lleva meses esperando a que así sea y su paciencia «se ha agotado».
El problema sanitario se une al social, pues la «masa tumoral», como lo denomina un forense, le impide trabajar y dejó su empleo de camarero en 2005. Ahora vive de una ayuda municipal de 170 euros mensuales durante 6 meses al año y de lo que aporta su hijo, en paro y pagando una hipoteca.
Un juez le reconoce en una sentencia la incapacidad necesaria para cobrar una pensión, pero Bienestar Social ha anunciado que la va a recurrir. «Es vergonzoso, sólo hay que verme», afirma Daniel.
Un alicantino con un tumor gigante lleva su caso al Síndic
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El alicantino con un posible tumor gigante lleva su caso ante el Síndic
Información 12-11-2008
Las quejas van contra Bienestar Social y Sanidad por permitir su situación actual
SYLVIA ESCRIBANO Daniel E. Morales, el alicantino de 46 años con un posible tumor gigante sin diagnosticar desde hace tres años, ha decidido llevar su caso ante el Síndic de Greuges y presentar dos quejas contra las consellerias de Sanidad y de Bienestar Social por su dejadez al permitir que haya llegado a la situación en la que se encuentra. Los médicos aún no han estudiado a fondo esa protuberancia y aluden a la falta de un TAC adaptado a su peso y dimensiones para poder hacerlo. Mientras, el afectado exige una solución y muestra su indignación ante la oposición del Consell de darle una pensión por la incapacidad que le reconoce un juez en una sentencia.
Fue su hijo, Antonio Morales, quien puso ayer las reclamaciones, pues el afectado apenas puede levantarse del sofá de su casa, de la que desde julio de 2007 sólo ha salido para ir al médico. La protuberancia que comenzó a formársele en el abdomen en 2006 ya le llega por debajo de las rodillas y las curas diarias de las enfermeras de su centro de salud apenas le alivian. «Necesito una solución urgente y que me digan qué tengo, ya llevo tres años de consulta en consulta y no puedo más», se lamenta este vecino del barrio del Pla.
Su peregrinaje por las consultas le llevó en mayo de 2008 a la unidad de obesidad mórbida del Hospital General de Alicante y de ahí fue derivado a su hospital, el de San Juan, para que estudiaran de qué se trata y la posibilidad de operarle. Para ello hace falta un TAC, pero en el centro no hay ninguno adecuado al tamaño y los más de 200 kilos de Daniel. «Estamos buscando un aparato adecuado en otros centros de la Comunidad Valenciana y con la tecnología puntera de la que disponemos no tendremos muchos problemas. Lo estamos gestionando», argumentan desde Sanidad. Sin embargo, el afectado ya lleva meses esperando a que así sea y su paciencia «se ha agotado».
El problema sanitario se une al social, pues la «masa tumoral», como lo denomina un forense, le impide trabajar y dejó su empleo de camarero en 2005. Ahora vive de una ayuda municipal de 170 euros mensuales durante 6 meses al año y de lo que aporta su hijo, en paro y pagando una hipoteca. Un juez le reconoce en una sentencia la incapacidad necesaria para cobrar una pensión, pero Bienestar Social ha anunciado que la va a recurrir. «Es vergonzoso, sólo hay que verme», afirma Daniel.
La presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente se encierra en Sanidad
ALICANTE AL DÍA /20 MINUTOS
- Denuncia la «usurpación» del nombre de su asociación por parte de la Consejería de Sanidad.
- Carmen Flores lleva tres años en los tribunales por este asunto.
- En otras comunidades se llama ‘El Defensor del Usuario Sanitario’.
- Minuteca todo sobre:
La presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, inició este viernes un encierro a las 9.15 horas en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para protestar por que, a su juicio, el Gobierno regional le ha «usurpado» el nombre a su organización.
Flores indicó que no piensa abandonar el encierro de ningún modo hasta que no logre sus objetivos, al tiempo que amenazó con mantener una huelga de hambre y sed, así como, incluso, quemarse a lo bonzo. «No me ha quedado otro camino, estamos en los tribunales desde hace tres años», explicó Flores.
Conocida activista en la lucha contra las negligencias médicas, Flores creó en 1997 esta asociación para «intentar mejorar la asistencia sanitaria en España y en la Comunidad de Madrid, denunciando, informando y, en definitiva, atendiendo a miles de personas, enfermos o familiares de enfermos y usuarios del sistema sanitario en general», que se acercan hasta la Asociación, «ante lo que consideran una inadecuada o negligente asistencia sanitaria».
Flores acusa al Ejecutivo regional de crear confusión, con la creación por Ley del Defensor del Paciente, lo que provoca que los pacientes llaman por teléfono a la Asociación creyéndose que acuden a la Consejería de Sanidad, y al contrario.
El encierro de la presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, que realiza con una compañera de la organización, será «indefinido» mientras que no sea recibida por el Consejero de Sanidad, Juan José Güemes, y éste le dé un acuerdo firmado por escrito en el que la Comunidad de Madrid se comprometa a cambiar el nombre de Oficina de El Defensor del Paciente por otro diferente como existe en otras comunidades.
«Por la desidia y la desfachatez de los mandatarios políticos de la Comunidad de Madrid, que en lugar de llamarse ‘El Defensor del Usuario Sanitario’, como ocurre en Extremadura, La Rioja o Baleares, se han aprovechado de un nombre ya creado, arraigado en la sociedad y violando los derechos que como ciudadanos tenemos», considera la presidenta del organismo. En definitiva, «la Comunidad de Madrid ha creado un organismo trampa para aprovecharse de nuestro trabajo», apuntó.
Voluntarios y Sanidad Pública
El voluntariado del hospital forma al nuevo equipo del centro de San Juan
M. J. MORA El voluntariado del hospital impartió ayer un curso para formar al personal del centro sanitario de San Juan que carecía de dicho servicio. El objetivo es formar a los voluntarios sobre la metodología de trabajo, organización y gestión de esta actividad, puesto que en San Juan se quiere instauran el mismo modelo existente en el hospital ilicitano, como ya se hizo en el hospital de Alicante.
El centro ilicitano cuenta desde el año 1999 con este equipo que está formado por 35 personas que realiza una importante labor todos los días desde las 8 hasta las 14 horas. La organización depende del Servicio de Atención e Información al Paciente y está coordinado por María Asunción Esteve.
FUGA DE PROFESIONALES DEJA EN CUADRO EL HOSPITAL DE DENIA
La marcha de profesionales deja en cuadro el hospital de Dénia
El retraso en la apertura del nuevo hospital de Beniadlà está provocando una verdadera fuga de profesionales del hospital de Dénia, ya que el personal opta por trasladarse a centros donde tienen una plaza segura.
S. G. El personal sanitario de la comarca no sabe ya qué hacer y sigue sin encontrar respuestas sobre cuándo se va a producir el traslado al nuevo hospital de Beniadlà y en qué condiciones. La paciencia se agota, y eso está haciendo mella en el actual hospital de la Pedrera y en la atención primaria. Resulta imposible dar citas para consultas externas y el colapso en especializada crece, además, porque la fuga de profesionales ante tanta incertidumbre supera ya todos los registros. Departamentos como radiología, cardiología, rehabilitación o pediatría están auténticamente en cuadro en estos momentos.
Los contactos mantenidos esta semana por la Junta de Personal del Departamento de Salud número 13, que agrupa a los representantes sindicales del ramo en la Marina Alta, no han fructificado. El miércoles, se reunieron con ellos el director del área, Ignacio López Benito, y la directora de Enfermería, Carmen Miñano. La Junta de Personal les trasladó el malestar de los trabajadores por lo que está implicando la incertidumbre sobre las fechas del traslado, que cada semana que pasa se van retrasando.
En esa reunión, López Benito indicó que las previsiones actuales son que el nuevo hospital abra sus puertas el 1 de diciembre. Con tantas dudas y retrasos, los problemas crecen tanto para los propios profesionales como para los usuarios.
En lo meramente laboral, resulta imposible planificar las vacaciones, y a algunos eventuales está a punto de expirarles el precontrato sin que se haya materializado el traspaso a Marina Salud. Y esas dudas no quedaron resueltas en la reunión, según lamentaban ayer fuentes de la junta de personal.
En lo referente a la afección que la situación está teniendo en los ciudadanos, tampoco hay avances. Los médicos siguen sin poder dar citas, pues no se sabe cuándo las consultas pasarán a ser asumidas por Marina Salud en el nuevo hospital.
A este respecto, el director del departamento comunicó en la reunión con la empresa concesionaria de la gestión sanitaria se hará cargo de las consultas a partir del 15 de noviembre, lo que causó, si cabe, aún más estupefacción entre los sindicatos. «¿Donde se pasarán esas consultas?¿En el actual hospital?¿Y con qué personal?», se preguntaban ayer los sindicatos.
Las conclusiones de la reunión se explicaron el jueves en una asamblea de la Junta de Personal, en la que quedó patente el creciente desánimo de los trabajadores. «La gente está muy desencantada, porque no se puede dar cita a los usuarios y, a la vez, muy preocupada» por que sigue habiendo falta de concreción por parte de la conselleria y de Marina Salud sobre las condiciones laborales en la nueva etapa. Ni siquiera se han respetado algunos extremos teóricamente pactados, según la Junta de Personal, a la hora de establecer complementos y otros detalles de los contratos. INFORMACIÓN 08-11-2008
El Hospital General investiga la muerte de dos mujeres por posible negligencia
DENUNCIA POR TRASLADO FORZOSO A ENFERMERA CON ALTA DISCAPACIDAD
M. J. MORA El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha solicitado una reunión urgente del comité de higiene y seguridad del departamento de salud tras haberse constatado el traslado forzoso de su puesto de trabajo de una enfermera con una discapacidad del 68%. «El motivo del traslado ha sido el concurso de traslados internos para dotar de personal fijos los servicios y en el que la movilidad de los trabajadores interinos ha sido fijada con criterios unilaterales por la gerencia». Según el SATSE el traslado se ha llevado a cabo a pesar de haber puestos interinos en el servicio de Obstetricia, por lo que considera necesaria la intervención del comité de higiene y seguridad.
DIARIO INFORMACIÓN
ALICANTE. 6 años esperando la operación
Piden a la fiscal que investigue el retraso de 6 años en operar a un paciente con obesidad
Octubre 7th, 2008 by Redacción
SU VIDA CORRE PELIGRO
ALICANTE.- La asociación Defensor del Paciente ha solicitado a la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, que abra una investigación por un retraso de casi seis años en intervenir quirúrgicamente a un paciente de la localidad alicantina de Petrer que padece obesidad mórbida.
Según Defensor del Paciente, el enfermo, Eladio José Piqueras, se encuentra en lista de espera desde el 5 de febrero de 2002 y sufre un agravamiento continuado que, incluso, pone en «grave riesgo» su vida por las patologías que se asocian a este tipo de obesidad.
Ha informado a la fiscal jefe de Valencia de que han hecho las reclamaciones a la Conselleria de Sanidad y que ésta, «además de engañar al paciente diciéndole que le intervendrán», recientemente le ha comunicado que, al menos, tendrá que esperar un año más.
Ante esta situación, el Defensor del Paciente solicita a Gisbert que investigue y depure las responsabilidades que pudieran haber en un caso que considera de supuesta omisión de socorro y, paralelamente, le pide que obligue a la Generalitat a cumplir con la ley que prevé plazos específicos en la lista de espera.
El caso de Piqueras ya fue difundido por la asociación la pasada primavera, cuando el enfermo, con un peso de 180 kilogramos, recibió una notificación de que le operarían a partir del 1 de abril, previsión que no se ha cumplido.
De 44 años, Piqueras firmó el 5 de febrero de 2002 el consentimiento médico y el preoperatorio para entrar a quirófano en un plazo máximo de 30 días para someterse a un «bypass gástrico».
Fuente: El Mundo
LEY DE LA INFORMACIÓN
Nuestro derecho a conocer
España es de los pocos países europeos que no dispone de una ley reguladora del derecho de acceso a la información pública. Se lo han recordado la semana pasada los periodistas y editores agrupados en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) al presidente del Gobierno, que se comprometió a enviar el proyecto al Congreso en esta legislatura. A ver si es cierto, porque disponer de información pública sobre los más variados asuntos –económicos, asistenciales, sobre infraestructuras…–forma parte del derecho constitucional de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, consagrado en el artículo 23 de la Carta Magna. Es decir: un país es más democrático cuando sus ciudadanos tienen reconocido y regulado el derecho a conocer información de la actividad de las distintas Administraciones Públicas.
En España puede ejercerse el llamado “derecho de petición” pero, frente a su vigencia, las instancias públicas aplican con persistencia digna de mejor causa el silencio administrativo. Esto no es de recibo: España debe aproximarse la Fredom of Information Act de los Estados Unidos que ha legitimado a muchos ciudadanos para exigir conocimiento de cuestiones de índole delicada –no secreta, ni clasificada—pero que la Administración no quería trasladar a la opinión pública. Además la ley de acceso a la información pública no tiene sólo una utilidad política sino también práctica, profesional y académica.
La ley es de particular importancia para los profesionales del mundo de la comunicación—desde los que trabajan en los medios hasta los que lo hacemos en la consultoría—porque sin necesidad de recabar el favor de funcionario y/o autoridad podremos disponer de mimbres para nuestros cestos profesionales y alcanzar conocimientos mediante informaciones cuyo origen es indubitado y oficial. Además, los ámbitos universitarios y los investigadores –tanto científicos como humanísticos—dispondrán también de una herramienta especialmente idónea desde el punto de vista profesional.
Este tipo de leyes son normas participativas que construyen el concepto de ciudadanía. El ciudadano no es un súbdito, ni un innominado sujeto identificable por su DNI, tampoco simplemente el titular de un sufragio cuando llegan las elecciones. El ciudadano es un instituto jurídico titular de derechos y de obligaciones a quien las Administraciones Públicas deben tratar con respeto y consideración porque, tanto individual como colectivamente, están a su servicio. El derecho a saber, a estar informado implica la socialización del conocimiento de las actividades de las Administraciones Públicas que tienden casi de forma inercial a la opacidad. La falta de transparencia –lo estamos observando en esta crisis económica—conduce a un cierto oscurantismo que reduce considerablemente la calidad democrática de las sociedades que dicen disponer de un sistema de libertades.
El derecho a acceder a información pública no puede reducirse, sin embargo, a la actividad de las Administraciones Públicas. Debe alcanzar también a otras instancias: por ejemplo, el Congreso, el Senado y el Poder Judicial. La luz de la transparencia informativa debe ser transversal, sin recovecos oscuros y sin reservas. Porque servirá así a los ciudadanos, pero disciplinará a políticos y funcionarios e introducirá esa ética de la responsabilidad en función de la cual las cosas se hacen mejor cuando pueden ser contempladas y valoradas desde fuera.
Por esas razones y algunas más que afectan a la gestión global del conocimiento y el manejo de la comunicación, la ley de acceso a la información pública es un compromiso del presidente del Gobierno que, a instancias de SIP, deberíamos exigir se cumpliese a la mayor brevedad. Sencillamente: porque queremos saber y tenemos derecho a ello.
José Antonio Zarzalejos es vicepresidente ejecutivo de Corporate Affairs de Llorente & Cuenca
EL CONGRESO ACEPTA LA INICIATIVA DE IU SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA
EFE – Madrid – 14/10/2008 18:55
La Mesa del Congreso ha aceptado hoy la tramitación de la iniciativa con la que IU solicitaba una posible intervención del Gobierno contra el supuesto proceso de privatización del servicio de salud en Madrid, aunque para ello ha debido omitir cualquier alusión a la Comunidad.
Fuentes de la Mesa de la Cámara Baja han informado a Efe de este extremo, que finalmente ha sido viable después de que la propia Mesa pidiera la semana pasada al coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, que formulara en otros términos su proposición no de ley.
Aunque los representantes del PP en la Mesa han votado en contra de su calificación, alegando que podría sentar un grave precedente, el órgano de gobierno del Congreso ha decidido al final dar vía libre a esta iniciativa.
Llamazares, único diputado de Izquierda Unida, integrado en el grupo de ERC-IU-ICV, pide al Gobierno que estudie posibles incompatibilidades entre la concesión de hospitales y centros de salud a empresas privadas y la conservación de la sanidad como servicio público, de modo que, si detecta supuestos elementos inconstitucionales, acuda al Tribunal Constitucional.
Del texto ha omitido Llamazares todas las alusiones a la Comunidad de Madrid.
Alicante Alacant Siempre 
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