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La PIC, ALICANTE y SU MAL DE AMOR A LA TERRETA
La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas de Alicante está formado por alicantinas y alicantinos que quieren, buscan y defienden una ciudad habitable, hermosa, comunitaria, con respeto a las señas de identidad de su pasado, con rentabilización de recursos, con zonas que permitan la vida y diversos usos sociales para los ciudadanos, con un desarrollo sostenible y con su «esencia»…. en fin unos locos enamorados de la terreta…para los que viven en otras partes hay que advertirles que Alicante / Alacant crea muchas dolencias en el alma por este amor….. y más en estos tiempos de «ladrilleros y cemento» y destruccción a toda costa en que vivimos.
El blog de la PLATAFORMA DE INICIATIVAS CIUDADANAS DE ALICANTE
La PIC propone un foro sobre el monte Benacantil
Alicante: La venta del Rico Pérez es ventajosa para Ortiz, según Iniciativa Ciudadana
La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) de Alicante mostró ayer en un comunicado su “radical discrepancia” por las “onerosas condiciones” que la venta del estado Rico Pérez suponen para el patrimonio del Ayuntamiento y, sobre todo, las “fatales consecuencias” para el futuro urbanístico de la ciudad. El País
La opinion de la PIC sobre la marcha de ALperi
Denuncia de la PIC
Propuesta de un Foro sobre el Benacantil
AL FILO DE LO IMPOSIBLE: LA PIC EXPLORA LAS LAGUNAS DE RABASSA
La PIC y la Estación de Murcia
etc,
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Uno de cada tres planes urbanísticos investigados por la UE son alicantinos
Jijona es el municipio con más actuaciones cuestionadas por Bruselas, un total de seis, aunque en Valencia aún le superan Tavernes y el ‘Manhattan’ de Cullera
Los planes urbanísticos que tienen el discutible privilegio de estar incluidos en un listado que investiga la Unión Europea, a través de la propia Comisión (CE) con sede en Bruselas y a propuesta del comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy (que asumió a su vez una denuncia del eurodiputado valenciano de Los Verdes David Hammerstein), no entienden de color político ni de enclaves geográficos. Del total de 129 planes, sobre los que el Gobierno de España debe informar en el plazo máximo de dos meses, 37 están aprobados (definitiva o provisionamente) y proyectados en zonas de la provincia de Alicante.
Entre todos los pueblos afectados por esta investigación comunitaria destaca Jijona, con seis planes urbanísticos cuestionados por carecer de agua o por no tener garantizado el recurso hídrico al cien por cien. Jijona y Alicante cobran notoriedad por la monumentalidad de sus megaproyectos.
LA JUSTICIA DE POBRES Y LA JUSTICIA DE RICOS EN PUBLICIDAD Y VENTAS
JUSTICIA A
En ALICANTE Las sanciones leves de la venta ambulante variarán desde el apercibimiento hasta los 750 euros o suspensión de la actividad por un mes; las graves oscilarán entre 300 y 1.500 euros o suspensión de la actividad hasta tres meses; y, por último, las muy graves podrán ser desde 600 hasta 3.000 euros y conllevar la suspensión de la actividad hasta seis meses, la revocación de la licencia o la imposibilidad de obtener autorización para instalarse en el término municipal de Alicante. Además, el Consistorio podrá decomisar la mercancía cuya procedencia no esté acreditada.
JUSTICIA B
La Agencia de Protección de Datos ha comunicado a la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) de Alicante que ha impuesto una sanción a Viviendas Sociales del Mediterráneo, del promotor Enrique Ortiz, por el listado de solicitantes de viviendas en el Plan Rabasa. La multa asciende a 601.01 euros ya que se trata de una infracción leve…
NOTICIAS
CLARA R. FORNER E l Ayuntamiento de Alicante va a sustituir la actual ordenanza de venta ambulante por otra normativa que, entre otras novedades, regula la ocupación de la vía pública por los artistas callejeros y eleva las sanciones graves desde 90 hasta 3.000 euros.
La Junta de Gobierno Local del próximo lunes someterá a aprobación el proyecto para la ordenanza reguladora de la venta y realización
Fuentes municipales explicaron ayer que la actual ordenanza reguladora de la venta en vía pública y espacios abiertos había quedado desfasada ya que resultaba muy genérica y no recogía, por ejemplo, el caso de los artistas callejeros, que ahora se regula por separado. Ahora se establecerá qué documentación deben aportar y qué tasas tendrán
También se han actualizado las sanciones, que en la ordenanza vigente van de «0 a 15.000 pesetas», es decir, desde un apercibimiento
Las sanciones leves variarán desde el apercibimiento hasta los 750 euros o suspensión de la actividad por un mes; las graves oscilarán entre 300 y 1.500 euros o suspensión de la actividad hasta tres mese; y, por último, las muy graves podrán ser desde 600 hasta 3.000 euros y conllevar la suspensión de la actividad hasta seis meses, la revocación de la licencia o la imposibilidad de obtener autorización para instalarse en el término municipal de Alicante. Además, el Consistorio podrá decomisar la mercancía cuya procedencia no esté acreditada.
Se considerarán infracciones muy graves, por ejemplo, la venta de alimentos sin autorización sanitaria y que puedan poner en riesgo la salud; la continuidad en las infracciones o la venta de productos falsificados.
Protección de Datos multa a Ortiz por la lista de viviendas de Rabasa
La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas ironiza y afirma estar contenta con la sanción de 601 euros para que el promotor no se vea debilitado
El promotor Enrique Ortiz JOSÉ NAVARROREDACCIÓN La Agencia de Protección de Datos ha comunicado a la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) de Alicante que ha impuesto una sanción a Viviendas Sociales del Mediterráneo, del promotor Enrique Ortiz, por el listado de solicitantes de viviendas en el Plan Rabasa. La multa asciende a 601.01 euros ya que se trata de una infracción leve, según informó ayer la citada plataforma.
El colectivo señaló ayer a través de un comunicado que la Agencia de Protección de Datos le ha dado la razón en su denuncia «de utilización sesgada de la voluntad de esas más de 7.000 personas, que acudieron de buena fe en busca de vivienda, encontrándose con una manipulación de sus intenciones y, al fin y a la postre, defraudadas den sus esperanzas».
Según recuerda el colectivo, Enrique Ortiz abrió una oficina -cuando se produjo la aprobación inicial del Plan Rabasa y se adjudicó a Viviendas Sociales del Mediterráneo- para que se inscribieran los interesados en obtener un piso. La plataforma lo denunció al considerar «que aquello constituía una manipulación flagrante de las necesidades básicas de miles de personas, pues se ocultaba que ni la aprobación era definitiva -aún no lo es- ni, desde luego, las viviendas estarían disponibles hasta que pasaran muchos años». La PIC supo de «la recogida de datos personales de los solicitantes de informacion» y sospechó de «la existencia de un fichero automatizado de datos sin el consentimiento de los interesados», de ahí que lo denunciara.
La PIC expresa su contento por el hecho de que la multa sea «tan baja» pues afirma que, «en época de crisis no quisiera contribuir a debilitar la confianza en un arraigado promotor urbanístico, siempre caracterizado por la austeridad y la moderación ni, mucho menos, a la CAM que, es interesante recordar, aporta el crédito para el Plan Rabasa».
Alperi responde al Síndic de Greuges que la ley no le obliga a retirar los honores a Franco
Alperi responde al Síndic de Greuges que la ley no le obliga a retirar los honores a Franco
LEVANTE 20 DE AGOSTO
Apenas siete líneas ha necesitado el alcalde de Alicante para despachar la petición de información del Síndic de Greuges sobre la decisión de Luis Díaz Alperi de condicionar la retirada de los títulos y menciones honoríficas al dictador Francisco Franco a la presentación de 25.000 firmas.
J. E. Munera, Alicante
En su escueta respuesta al nuevo Defensor del Pueblo autonómico, el primer edil sostiene que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local le facultan para tomar esa decisión y que la Ley de Memoria Histórica «no contiene ningún mandato imperativo acerca de la cuestión planteada». La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC), promotora de la queja que motivó la intervención del Síndic, considera que la contestación «a regañadientes» de Alperi evidencia «su falta de respeto a la legalidad vigente» y su voluntad de no cumplir la Ley de Memoria Histórica. Por su parte, el nuevo Síndic Carlos Morenilla recrimina al Ayuntamiento su «acreditada falta de colaboración» en este asunto, una actitud obstruccionista que el Defensor del Pueblo incluirá en su próximo informe anual a las Cortes.
La nueva recriminación del Síndic tiene su origen en el pleno municipal del pasado 22 de febrero en la que el PP rechazó la propuesta socialista de eliminar el título de Hijo Predilecto de Alicante concedido en 1940 a Franco, así como la retirada de todos los símbolos y exaltaciones referentes al franquismo, tal y como estipula la Ley de Memoria Histórica.
En la misma sesión, Alperi se comprometió a retirar los honores al dictador si en dos años se le presentan 25.000 firmas de apoyo a la iniciativa.
La decisión de Alperi motivó siete días después -el 29 de febrero- una queja al Síndic de Greuges por parte de la PIC por considerar «jurídicamente inaceptable» que el alcalde supedite el cumplimiento de la ley a un requisito no previsto en la misma como es la recogida de 25.000 firmas. Una vez admitida a trámite la queja, la entonces Síndica Emilia Caballero remitió el 1 de abril un escrito al Ayuntamiento en el que solicitaba información sobre la postura del alcalde y su grupo de gobierno en relación con la Ley de Memoria Histórica. Silencio municipal.
Tres meses después -y una vez consumado el largo empeño del PP por relevar a Caballero al frente de la Sindicatura-, el nuevo Síndic Carlos Morenilla volvió a requerir al Consistorio el pasado 4 de julio «que se nos remita urgentemente la información que reiteradamente solicitamos».
Es en este mismo escrito en el que Morenilla refleja «la acreditada falta de colaboración de la Administración interviniente [el Ayuntamiento] que manifiesta en este asunto», así como el hecho de que «la actitud de la citada autoridad [municipal] consta en la sección correspondiente del informe anual que próximamente se presentará en las Cortes Valencianas».
Esta vez, la respuesta del alcalde fue más rápida. El 18 de julio contestó al Síndic con muy pocas líneas que su decisión «como Presidente del Pleno condicionando el debate y votación en el Pleno municipal de la solicitud causa de la queja se fundó en las potestades que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985, otorgan a la Presidencia del Pleno». En un segundo y último párrafo, Alperi no se da por aludido respecto a la aplicación en este caso de la Ley de Memoria Histórica por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. «Entiendo que la misma no contiene ningún mandato imperativo acerca de la cuestión planteada», concluye el breve escrito.
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