Primero urbanizar y luego ver el impacto ambiental.

Foto del Informe «A toda Costa» de Greenpeace»

El PP impide garantizar por ley que los informes ambientales se publiquen antes de hacer los PAI

J. G. G., Valencia
El grupo popular rechazó ayer en el pleno de las Corts la toma en consideración de una proposición de ley de Compromís pel País Valencià que planteaba la modificación de la ley de impacto ambiental, de 1989, para obligar al Consell a publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el plazo máximo de dos meses, los informes que recogen las exigencias ambientales que deben respetar, entre otros, los promotores en cualquier actuación urbanística. Imponiendo un plazo por ley, quedaría garantizado que los informes de impacto ambiental (DIA) se difundieran siempre antes de que las actuaciones se culminen, ya que, advirtió Mònica Oltra, de Compromís-Iniciativa, ahora se dan a conocer «muchas veces» cuando ya se ha puesto el último ladrillo, y además los ciudadanos podrían ser «cómplices» de la Administración en velar por que se respeten las exigencias.

foto dle Informe «A toda Costa» de Greenpeace

«Es así de simple pero así de importante», enfatizó Oltra para defender la sencilla reforma legal, sin lograr ablandar el niet de la bancada popular. La ley obliga ahora a publicar los DIA pero sin plazo y el socialista Francesc Signes puso ejemplos bastante inquietantes: El 2 de septiembre pasado se difundieron en el diario oficial declaraciones de impacto ambiental aprobadas ¡ en noviembre de 2006, hace dos años!

Otra «práctica habitual«, alertó Signes, son las «publicaciones masivas» que se limitan a hacer constar «sólo el nombre del municipio», con lo que resulta «imposible» saber a qué actuación se refieren si no se va a la letra pequeña. Todo ello causa «situaciones esperpénticas» cuyo objetivo es «ocultar información sobre las DIA aprobadas para que no sean conocidas por terceros que pudieran tener interés en cuestionarlas públicamente». Oltra atribuyó también a «razones inconfesables» esta «falta de transparencia» y «oscuridad», y se preguntó quién controla que las declaraciones condicionadas a determinadas cuestiones se cumplan.

El popular José Ciscar se parapetó tras una ley del Gobierno de Zapatero, la reguladora de los derechos de acceso a la información en medio ambiente, para sostener que está «garantizada la plena publicidad de las DIA», ya que la norma avala el acceso a estos documentos por cualquier ciudadano que los solicite. Al margen de la publicación, indicó, las determinaciones de los informes ambientales son vinculantes para los promotores. Y sostuvo que los dos meses chocarían con los plazos fijados en el reglamento que desarrolló la ley de impacto ambiental. Signes desveló, sin embargo, un dato sorprendente: El reglamento obliga a publicar las DIA en 15 días, una determinación que el Consell «incumple sistemáticamente desde hace años».