UNIDAS LAS PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA LEY DE LA DEPENDENCIA

Los dependientes aúnan fuerzas y organizan una marcha en Valencia

Denuncian que el Consell envía cartas negando derechos sin una valoración previa

C. PASCUAL Las plataformas en defensa del cumplimiento de la Ley de la Dependencia de Alicante, Elche y l’Alcoià-Comtat acordaron ayer tras la reunión celebrada en Alicante que antes de que concluya 2008 se movilizarán en Valencia, junto al resto de afectados de la Comunidad, para exigir a la Generalitat que se ponga en práctica toda la normativa aprobada hace ya más de dos años por el Gobierno central.
«Vamos a organizar una manifestación en Valencia para aunar todas las fuerzas que sean necesarias», apuntó ayer el portavoz en Alicante, Miquel Martorell. Para organizarla quieren contactar en los próximos días con partidos políticos, sindicatos, asociaciones de vecinos y de discapacitados y así «unir al mayor número de personas y disponer de la fuerza necesaria para exigir el cumplimiento de la Ley», señaló Martorell.
Además, durante la reunión, los afectados denunciaron que la paralización en la aplicación de la Ley en la Comunidad Valenciana corresponde a «un claro boicot». Y añadieron que esta situación se produce únicamente por «intereses partidistas» y evidencia «la nula sensibilización por las angustiosas situaciones que atraviesan miles de familias con discapacitados en la Comunidad».
En la reunión, que contó con representantes de tres plataformas de la provincia de Alicante, se denunció también el envío masivo de cartas «iguales para todos» en las que se deniegan los derechos solicitados a los dependientes. Incluso, en algunos casos las misivas son remitidas a afectados no valorados, por lo que «se demuestra que no quieren cumplir la Ley». Por otro lado, los afectados calificaron de «ilegal» la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (AVAPSA), ya que «es una empresa concertada» cuando la Ley indica que «sean expresamente profesionales de la Administración quienes gestionen las solicitudes». Esta entidad «además de ser ineficaz, cuesta unos 300.000 euros a los valencianos», tal y como se apuntó ayer en la reunión de las plataformas provinciales.
Por último, los damnificados por el incumplimiento en la aplicación de la Ley de Dependencia quisieron exigir al Consell que los «grandes dependientes sean valorados, para que así puedan disfrutar de las prestaciones y servicios que les corresponden según estipula la legislación».

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